Soberania: Ordenes Entradas y Registro Domiciliarios y posibles soluciones I.

NOTA: Notese las diferencias entre: Nacional, ciudadano, licito o legal, domicilio o residencia o morada, ley o estatuto/reglamento/acta, delito o crimen, responsabilidad civil o criminal/penal, etc… no son lo mismo y eso es la esencia entre un registro (o la mayoria de otros procesos legales por jueces o Agentes de la “Ley”). Ademas se usa indistintamente y de forma incongruente y a menudo (crimen/delito y licito/ilicito y no son lo mismo). Notese tambien que este articulo tiene varias partes que se iran publicando los proximos dias, y si no puedes leerlas todas, quizas no entiendas la profundidad de los hechos descritos y las posibles soluciones.

Orden de registro (En EEUU) [muchos Warrants son ordenes de registro y arresto, pero no todos].

Mientras que la mayoría de la gente asocia la orden de registro con un documento legal que permite a la policía para buscar un lugar determinado, en realidad el término tiene un significado más general. Una orden judicial es una autorización escrita, emitida por un juez o magistrado, que permite un acto especificado que de otro modo sería ilegal, ya que de otro modo violaría los derechos de un ciudadano. La orden de arresto, a veces denominada “orden judicial”, protege a la persona que ejecuta la orden de responsabilidad civil por el cumplimiento de las instrucciones contenidas en la orden. Para explorar este concepto, considere la siguiente definición de orden.

Definición de Warrant

Sustantivo

  1. Una autorización, justificación o sanción.
  2. Un documento escrito, emitido por un tribunal, que autoriza a los agentes de la ley a hacer una detención, confiscar ciertos bienes o realizar una búsqueda.

¿Qué es un Warrant?

Un mandamiento (=orden) es un mandato emitido por un tribunal, que da a las fuerzas del orden la autoridad para realizar actos que pueden estar fuera de su alcance normal. Las órdenes emitidas por los tribunales estadounidenses incluyen órdenes de allanamiento, órdenes de arresto y órdenes de ejecución. Además de los tribunales, las entidades gubernamentales, tales como las legislaturas estatales y federales, pueden emitir órdenes judiciales, ya que tienen la autoridad para requerir la asistencia de sus miembros. Esto se conoce como una “llamada de la casa”.

Mandatos de Búsqueda y la Cuarta Enmienda

La Cuarta Enmienda de los Estados Unidos Constitución protege a los ciudadanos de búsqueda e incautación irrazonable. Esto significa que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no tienen la autoridad para buscar a la gente, o sus bienes, sin una justa causa. Si bien hay algunas circunstancias que crean una creencia razonable de que una persona está infringiendo la ley, dando a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley el derecho a realizar una búsqueda inmediata, en la mayoría de los casos, los agentes deben presentar su creencia y la evidencia a la corte para obtener una orden de registro .

Este procedimiento proporciona a los ciudadanos una capa adicional de protección de sus derechos, exigiendo que un juez considere si los oficiales tienen una razón válida para registrar a un individuo o su propiedad antes de emitir una orden de arresto.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no necesitan una orden de registro en ciertas circunstancias, como por ejemplo:

  • Una búsqueda limitada de la ropa exterior de un individuo por armas – una policía debe tener una sospecha razonable para “detener y frisk” al individuo.
  • Búsqueda en la frontera de ropa, equipaje, vehículos y carga de la gente, hecha por funcionarios de aduanas
  • Una búsqueda de un área en la cual el contrabando, u otro objeto ilegal, está en la vista plaint de oficiales de la aplicación de ley, y que el artículo es ilegal.
  • La búsqueda de un artículo o propiedad cuando el consentimiento ha sido dado por el individuo en control del artículo o de la característica.
  • La búsqueda antes de que un warrant pudiera ser una propiedad obtenida, cuando existe un riesgo de destrucción inminente de la evidencia.
  • Búsqueda de un individuo cuando es puesto bajo arresto – esto tiene el objetivo de proteger a los oficiales de daño potencial.
  • Búsqueda de emergencia – cuando los oficiales tienen una creencia razonable de que alguien está en peligro, como si alguien se oye gritando desde dentro de una casa, o desde el maletero de un automóvil.

La protección de la Cuarta Enmienda no se aplica si la persona o propiedad que se busca no tiene una expectativa legítima de privacidad.

Por ejemplo:

Si un individuo deja pruebas criminales en el jardín delantero de su casa, no tiene ninguna expectativa de privacidad, ya que cualquier persona que pase por una calle pública o acera puede verlo. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden tomar esas pruebas sin una orden judicial.

Del mismo modo, se debe obtener una orden para buscar y escuchar mensajes en el teléfono de un sospechoso. Sin embargo, si el sospechoso ha dejado mensajes de correo de voz, o mensajes de texto, en el teléfono de otra persona, no tiene ninguna expectativa de privacidad, ya que voluntariamente dejó ese mensaje para que otros lo lean o escuchen. Si la otra persona proporciona estos mensajes a la policía oa los fiscales, pueden ser utilizados contra el sospechoso, y no se requiere ninguna orden judicial.

Diferencia entre los mandamientos (mandatos/ordenes) de búsqueda y arresto.

Las órdenes permiten a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley realizar actos tipicamente considerados ilegales. Sin embargo, existe una diferencia entre los mandamientos de arresto y de búsqueda, ya que cada uno proporciona a los oficiales ciertos poderes específicos. Ambos tipos de mandamiento requieren que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presenten una causa probable convincente ante el tribunal antes de que se emitan. Tanto las órdenes de arresto como las de búsqueda deben ser ejecutadas de acuerdo con la ley, así como las instrucciones contenidas en la orden, ya que la violación de una orden de detención tiene consecuencias graves.

Orden de arresto

Una orden de arresto permite a la policía identificar, localizar y arrestar a un individuo acusado de un crimen. Normalmente se emite una orden de arresto después de que se han presentado cargos contra un sospechoso y permanece válida durante el tiempo que sea necesario para detener al sospechoso. Una orden de arresto es un tipo de orden de captura emitida por un juez cuando un sospechoso, que previamente fue detenido y puesto en libertad bajo fianza, no hace una aparición en la corte programado.

Orden de registro

Una orden de registro otorga autoridad a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para entrar en un automóvil, un hogar, una tierra u otra estructura, para buscar pruebas relacionadas con un crimen. La propiedad que se puede buscar debe ser especificada en la orden. A veces, una orden de búsqueda especifica el artículo o el tipo de evidencia a buscar, limitando lo que la policía puede aprovechar. A diferencia de las órdenes de arresto, las órdenes de registro se emiten comúnmente antes de que se presenten cargos penales contra un sospechoso. Las órdenes de búsqueda son válidas por un período de tiempo muy limitado.

Otros tipos de Warrant

Hay muchos tipos de mandamiento utilizado por el sistema judicial en los Estados Unidos, aunque algunos son más comunes que otros. Cada tipo de autorización autoriza un acto muy específico, y es importante que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejecuten órdenes de arresto de acuerdo a su dirección para permanecer dentro de los límites de la ley.

Banco de orden

Una orden de detención es un tipo de orden de arresto emitida por un juez cuando un individuo no comparece ante el tribunal en la fecha y hora previstas. Una orden de arresto también puede ser emitida cuando un individuo se mantiene en desacato a la corte , dando una orden a la policía para tomar de inmediato al individuo en custodia.

Orden de extradición

En muchos casos, los sospechosos son detenidos en un estado distinto de donde cometió un crimen por el cual se emitió una orden de arresto. Una orden de extradición otorga a las fuerzas del orden la autoridad para transferir al sospechoso al estado donde cometió el crimen. El sospechoso permanece bajo custodia policial hasta que ha sido trasladado.

Dispossessory Warrant

Una orden de despojo, también conocida como una “orden de desalojo”, es una orden civil que le da permiso a un propietario para entrar en la propiedad, después de que un inquilino ha sido desalojado, o de otra manera desocupado la residencia, para remover sus bienes personales.

Capais Warrant

Hay dos tipos de warrants capais. Una orden de captura criminal es una orden de arresto emitida cuando un individuo que tiene una sentencia de culpabilidad, ya sea a través de una declaración de culpabilidad, o un proceso judicial, no paga una multa, o completar alguna otra condición ordenada por el tribunal. Una vez que un individuo ha sido arrestado sujeto a una orden de captura criminal, debe completar la sentencia de cárcel o pagar la multa por completo para salir temprano.

Una orden de captura civil es una orden para aprehender a un individuo, aunque en lugar de llevarlo a la cárcel, se ordena a la policía que lo entregue a la corte. Las órdenes de captura civiles se emiten a veces cuando las personas se niegan repetidamente a cumplir con las órdenes del tribunal en un asunto civil.

Cómo comprobar si tiene una orden de pago.

Una persona no tiene que ser un miembro de la aplicación de la ley o una entidad gubernamental para verificar las órdenes. Las personas pueden hacer una búsqueda de mandado para averiguar si la policía tiene una orden de arresto, o para descubrir lo que aparece en su historia criminal durante una verificación de antecedentes, mediante la realización de una búsqueda de registros públicos en sí mismos. Hay una serie de recursos en línea para las verificaciones de antecedentes y las búsquedas de la orden, que se comprueban comúnmente durante los exámenes pre-empleo, y las proyecciones de inquilino.

Cuando se utiliza un recurso en línea para hacer una búsqueda de la orden, es necesario ingresar alguna información de identificación básica, incluyendo el nombre completo del individuo, y la ciudad y estado donde reside. Si bien hay muchos sitios web de chequeo de antecedentes privados, cobran por los informes, y no garantizan que sus informes sean precisos y actualizados.

Es posible verificar las órdenes de arresto contactando con el juzgado del condado o la agencia policial donde vive el individuo. Muchas agencias requieren que el individuo aparezca en persona para obtener un cheque detallado de la orden, pero algunos darán información limitada por teléfono. Un individuo que tiene una orden de arresto corre el riesgo de ser detenido si aparece en un edificio de la ley o juzgado.

Reglas de la Corte Suprema sobre búsquedas sin orden judicial

En 2009, la policía arrestó a Walter Fernández después de enterarse de que estaba conectado a un robo que estaban investigando. En el momento de su arresto, Fernández se negó a permitir que la policía entrara en el apartamento sin una orden judicial. La policía lo detuvo y regresó a su apartamento una hora más tarde. La novia de Fernández estaba en la residencia cuando llegó la policía, y ella les permitió el acceso al apartamento, a pesar de que no tenían una orden de registro, dándoles tanto el consentimiento verbal y escrito para buscar.

Una vez que entraron en el apartamento, la policía encontró un cuchillo, una escopeta y otros materiales relacionados con pandillas que llevaron a cargos adicionales. Durante el juicio de Fernández, su equipo de defensa se movió para tener la evidencia suprimida, alegando que fue confiscado en una búsqueda sin orden judicial. El tribunal negó la moción para suprimir la evidencia, y Fernández fue declarado culpable, y sentenciado a 14 años de prisión. Apeló sobre la base de que el tribunal denegó su petición de suprimir la evidencia que se obtuvo ilegalmente. La Corte de Apelaciones de California para el Segundo Distrito afirmó la condena, afirmando que, como el co-inquilino consintió en una búsqueda sin orden, la evidencia no necesita ser suprimida.

El caso fue dirigido a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que dictaminó que si los ocupantes de una vivienda no están de acuerdo en admitir a la policía sin una orden judicial, el ocupante que se niegue debe estar físicamente presente. Esto significa que Fernández no tenía el derecho de mantener a la policía fuera, una vez que fue sacado de las instalaciones. Esto es cierto, incluso si la policía elimina al ocupante que se niega a la búsqueda, siempre y cuando el individuo fue detenido o detenido licitamente.

El juez del Tribunal Supremo Samuel A. Alito Jr. también declaró que la policía no tenía necesidad de obtener una orden, ya que cuando llegaron a la residencia la primera vez, después de haber seguido a Fernández desde el lugar de un robo, su novia llegó a la puerta llorando , Con heridas, y sangre en su ropa. Esto puso la situación en la categoría de una búsqueda de emergencia, como permitir que Fernández de negar la entrada a la policía para ayudar a esta violencia doméstica víctima,

Términos y problemas legales relacionados

  • Autoridad – El derecho o el poder para tomar decisiones, dar órdenes, o para controlar algo o alguien.
  • Demanda Civil Una demanda provocada en la corte cuando una persona afirma haber sufrido una pérdida debido a la actuación de otra persona.
  • Desacato al tribunal – Un acto deliberado de desobediencia a una orden de la corte; Ser deliberadamente grosero o irrespetuoso con el juez o el tribunal.
  • Delito grave – un delito punible con un año o más en la cárcel.
  • Perpetrador – Una persona que comete un acto ilegal o criminal.
  • Ámbito de aplicación – rango relevante de la autoridad o de la práctica, o un rango de control a través de un contrato .
  • Trial – Una presentación formal de pruebas ante un juez y con el propósito de determinar la culpabilidad o inocencia en un caso criminal, o para hacer una determinación en un asunto civil.

http://legaldictionary.net/warrant/

En Espana:

I. LÍNEAS BÁSICAS DE LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO

Es esta una medida que se adopta por las autoridades judiciales que, evidentemente, supone una limitación de los derechos fundamentales de una persona, en este caso el de la inviolabilidad del domicilio, pero que puede resultar importantísimo para el buen fin del desarrollo de una investigación policial. Sin embargo, como consiste en una limitación de un derecho recogido en la propia Constitución Española no es posible adoptar esta medida sin que exista una justificación concreta y explícita de que una persona o varias son sospechosos de la comisión de un hecho delictivo (no crimen), de tal manera que esta petición policial luego vendrá acompañada de una motivación concreta del juez de guardia ante el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben cursar la petición.

En definitiva, que la Policía Judicial remitirá la urgente petición al juez que estuviere de guardia, el cual deberá proceder a examinar con urgencia si la petición reúne los requisitos a lo que luego nos referimos para comprobar la viabilidad, o no, de la medida. En este sentido, es obvio destacar que el juez de guardia debe resolver la petición de forma urgente, habida cuenta que la medida que se postula, de ser cierta la necesidad de la entrada y registro, no permite un aplazamiento. Nótese que en estos casos se trata, por ejemplo, de que ante las fundadas sospechas de que en el inmueble puedan existir objetos robados o droga, el retraso en la medida podría hacer inútil o ineficaz la entrada.

II. REQUISITOS

1. Petición policialComo hemos señalado, la consecuencia limitativa de un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio requiere de una serie de presupuestos exigidos tanto para su petición como para su concesión. En tal sentido, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deberán motivar las razones por las que sospechen que en el domicilio sobre el que gira la petición encontrarán pruebas de la posible comisión de un hecho delictivo. Es decir, no valen meras sospechas o conjeturas, sino que se requiere de la existencia de una previa investigación policial que lleve como consecuencia la petición al juez de guardia para entrar en el domicilio de la persona objeto de la investigación. Así, se exige la designación concreta de:

  • Ubicación del domicilio.
  • Momento y tiempo para llevar a cabo la entrada y registro.
  • Efectos en cuya busca es autorizado el registro y delito con el que han de estar relacionados.
  • La identidad o identidades de las personas que resulten titulares u ocupantes del domicilio objeto de la diligencia de resultar conocidas.

Por ello, la petición policial al juez de guardia debe recoger los siguientes presupuestos:

  • Referencia de la unidad policial solicitante.
  • Objeto de la solicitud.
  • Cuál es el domicilio o domicilio donde se interesa la petición, ya que en el caso de que fueran varios se debería hacer constar con detalle los motivos y razones que han llevado a sospechar que es en varios centros donde pueden obtenerse pruebas materiales del delito.
  • El delito que se investiga y las razones que determinen la finalidad de la diligencia de entrada y registro.
  • Podrá hacerse mención en la solicitud policial a datos objetivos sobre las actividades de los sospechosos, denuncias previas, contactos con terceras personas que arrojan dudas sobre su ilícita finalidad, visitas igualmente injustificadas, etc., que alcanzan el nivel indiciario suficiente para sustentar tan grave decisión.
  • No sirven afirmaciones genéricas, sino datos concretos indicadores de la existencia del delito.
  • La fecha en la que se solicita la entrada.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2003, señala que “cuando hay una solicitud policial, como es el caso, se requiere que en la misma aparezcan datos concretos indicadores de la existencia de un delito y de la relación con tal delito del domicilio que ha de ser objeto de registro, no afirmaciones genéricas sin contenido preciso.

Es decir, que se requiere un sustento que -como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2003-, no ha de consistir en la aportación de pruebas acabadas de la comisión del ilícito, pues en tal caso no sería ya necesaria la práctica de más diligencias de investigación, sino, tan sólo, la de fundadas sospechas del actuar delictivo que requieran la confirmación a través del resultado que pudiera arrojar precisamente el registro.

Es exigible que exista una necesidad palpable en el oficio policial interesando la diligencia, ya que el Tribunal Supremo recuerda que (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2009) la entrada y registro en el domicilio de un particular, autorizada judicialmente, es una medida de investigación sumarial. Como tal, se corresponde como un medio más de los regulados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para servir a los fines del sumario (actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas sus circunstancias y la culpabilidad de los delincuentes, ex artículo 299 LECrim). Pero tal medida, por afectar derechos fundamentales, no puede ser adoptada, aun siendo útil en el caso sometido a la consideración del juez instructor, si no es necesaria. Dicho de otra manera: no se adoptará si existen otras alternativas menos gravosas para la garantía de los derechos constitucionales del inculpado. La propia ley procesal dice que deben evitarse las inspecciones inútiles (artículo 552 LECrim), bien que parece que lo condiciona a su práctica, no a la adopción de la medida, pero este criterio legal debe impregnar también la decisión de la medida. Ahora bien, la decisión judicial debe ser motivada. Tal motivación servirá de contraste para apreciar su racionalidad, explicará las razones conducentes de la adopción de tal resolución judicial evitando la arbitrariedad en la toma de decisiones como ejercicio de poder público, y servirá de control hacia instancias superiores revisoras de tal actuación.

Destacamos en este punto algunos aspectos de interés práctico acerca de la intervención policial en esta medida al que se le aplica todo lo recogido anteriormente en cuanto al análisis de la petición policial para su adopción.

a) La concreción de la fecha de la práctica de la diligencia

No es elemento esencial determinante de la nulidad de la diligencia de entrada la circunstancia de que concedida la práctica de la misma en un día concreto, esta se lleve a cabo al día siguiente, ya que lo que importa es que la petición policial esté fundada y motivada y lo mismo debe predicarse del auto con el que aquella guarda conexión, ya que en algunos casos puede ocurrir que tenga que posponerse un día o a fecha inmediata por la propia ejecución de la medida.

Así lo señala el Tribunal Supremo en la Sentencia de 24 de febrero de 2009 al destacar que:

“Tampoco supone irregularidad alguna la denominada “inconcreción” de fechas para su práctica porque ello no es así, ya que lo verdaderamente cierto es que los registros se encadenan en el tiempo, en días sucesivos y muy próximos a la autorización judicial, por lo que no se advierte, por esta causa, defecto alguno en ellos y, menos aún, de tal entidad que haya de suponer una nulidad probatoria.”

En el mismo sentido se expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2011, rec. 2082/2010 que apunta que: “Las quejas del motivo relativas a la omisión del día y hora del registro en el auto habilitante no suponen vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de enero de 1994 ya declaró que la ausencia de fecha de entrada y registro en el mandamiento no es causa de nulidad, por entenderse que debe practicarse el día de su entrega, como acaeció en el caso que nos ocupa en el que el registro se realizó el mismo día en que se dictó el auto habilitante 27 de enero de 2005, constando su hora de inicio 12:52, esto es en horas diurnas.

En este sentido la doctrina del Tribunal Constitucional, Sentencias 290/1994, 133/1995 y 239/1999, viene manteniendo de forma constante que el único requisitos necesario y suficiente por sí mismo para dotar de licitud constitucional a una entrada y registro de un domicilio, que no sea el consentimiento expreso de quien la ocupa o la flagrancia del delito, es la existencia de una resolución judicial que con antelación lo mande o lo autorice, de suerte que, una vez obtenido el mandamiento judicial, la forma en que la entrada y el registro se practiquen, las incidencias que en su curso se puedan producir y los defectos en que se incurra, se inscriben y generan efectos sólo en el plano de la legalidad ordinaria (Sentencia del Tribunal Supremo 408/2006, de 12 de abril), esto es no transcienden a la condición de meras infracciones procesales al no afectar al derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, lo que permite la valoración y acreditamiento con otras pruebas que gozan de independencia jurídica, al estar el conocimiento adquirido de las mismas desconectado de aquellas irregularidades, como sucede en el caso que nos ocupa en que la sentencia considera probado que la acusada, con anterioridad al registro, entre los días 13 a 27 de enero de 2005 vendió las papelinas de cocaína a terceros que han sido identificados, actos de venta que por sí solos constituirían el delito del artículo 368 Código Penal y que estarían desconectados del resultado del registro.”

b) La petición policial motivada solicitando la autorización judicial para que se lleve a efecto la diligencia de entrada y registro

La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 2005, rec. 567/2004 señala que:

“el auto en su fundamento fáctico único hace referencia a la unidad policial solicitante, el objeto de la solicitud, el domicilio donde se ha de llevar a cabo la diligencia, que este es frecuentado por determinados súbditos ingleses, y que su finalidad es encontrar objetos o indicios que puedan servir para el esclarecimiento del delito contra la salud pública investigado; en segundo lugar, la existencia del oficio policial ubicado inmediatamente antes del auto -fº 39 y ss.-; y en tercer lugar la cumplida explicación que, en los seis folios de que se compone, proporciona el Grupo sobre Crimen Organizado de la UDYCO de la Comisaría de Torremolinos del Cuerpo Nacional de Policía sobre la investigación emprendida, sobre un grupo organizado de ciudadanos del Reino Unido de la Gran Bretaña, especialmente irlandeses, sospechosos identificados y sin identificar, movimientos, vehículos utilizados, lugares y momentos en que realizan sus contactos, y finalmente, la interceptación de tres de aquellos con un camión con su carga, junto al domicilio en el que se sospecha obrar una carga anteriormente depositada de hachís, cuyos fardos se ha visto introducir, y para el que precisándose su dirección en un chalet, vivienda nº….”

2. Autorización o denegación judicial

Lo recoge el Tribunal Supremo en la sentencia de 12 de Septiembre de 2005, al recoger como presupuestos del auto autorizante los siguientes:

La doctrina constitucional y jurisprudencial exige para la procedencia de la autorización judicial de registro que:

  • a) Concurran sospechas fundadas en datos objetivos de la comisión de un delito,
  • b) En el domicilio a registrar pueda hallarse el autor de la infracción criminal o efectos, instrumentos o pruebas de la misma resultando necesaria por ello la diligencia de registro para la averiguación y constancia de datos acreditativos de los hechos delictivos.
  • c) Ha entendido el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que resulta proporcionado el registro cuando el delito a investigar sea de tráfico de drogas, dado el gran daño a la salud de los ciudadanos que tal tipo de infracciones origina, y las secuelas que acarrean;
  • d) Han entendido la doctrina constitucional y la jurisprudencia que los autos autorizando los registros domiciliarios han de ser motivados, lo que es una exigencia de tutela judicial efectiva, que se cumple con la expresión de los elementos individualizadores del caso y las líneas generales del razonamiento, pudiendo entenderse también motivada la resolución, si se reproducen los términos del oficio policial de solicitud de autorización, o el auto se remite al mismo, si de las afirmaciones de la petición se deduce que concurrieron las sospechas fundadas en datos objetivos de la realización de un actividad delictiva (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2.002).

En la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 3 de Abril de 2001, rec. 1899/1999 se recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2000, de 17 de enero, por lo que hace al contenido del derecho a la inviolabilidad del domicilio del artículo 18.2 Constitución señala que: “la resolución judicial de autorización de entrada y registro constituye un mecanismo de orden preventivo para la protección del derecho, que solo puede cumplir su función en la medida que esté motivada, constituyendo la motivación, entonces, parte esencial de la resolución judicial misma”, con abundante cita de resoluciones precedentes.

Según el Tribunal Constitucional la autorización debe contener los extremos necesarios “para comprobar que la medida de injerencia domiciliaria, de un lado, se funda en un fin constitucionalmente legítimo, de otro, está delimitada de forma espacial, temporal y subjetiva, y, por último, es necesaria y adecuada para alcanzar el fin para cuyo cumplimiento se autorice. Asimismo, y dado que la apreciación de conexión entre la causa justificativa de la medida –la investigación del delito– con las personas que pueden verse afectadas por la restricción del derecho fundamental constituye el presupuesto lógico de la proporcionalidad de la misma resulta imprescindible que la resolución judicial haya dejado constancia también de las circunstancias que pueden sustentar la existencia de dicha conexión” (Sentencias del Tribunal Constitucional 49/1999, 166/1999 y 171/1999 y la citada más arriba STC 8/2000). Recuerda la sentencia citada en último lugar, como también ha venido admitiendo la Jurisprudencia de la Sala Segunda, que, «aún en la repudiable forma del impreso, una resolución puede estar motivada si, integrada con la solicitud a la que se remite, contiene los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias de ponderación de la restricción de derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida conlleva», concluyendo, en síntesis, que el Auto que autoriza el registro, integrado por la solicitud policial, puede configurar una resolución ponderada e individualizada al caso.

Se exige que en el auto de entrada y registro se haga constar:

  • Ubicación del domicilio.
  • Momento y tiempo para llevar a cabo la entrada y registro.
  • Efectos en cuya busca es autorizado el registro y delito con el que han de estar relacionados.
  • La identidad o identidades de las personas que resulten titulares u ocupantes del domicilio objeto de la diligencia de resultar conocidas.

No hace falta que en el auto se exprese, (y que en la petición policial se indique) por qué funcionarios en concreto se va a practicar la medida. Esta se practicará por la policía solicitante, pero no por funcionarios concretos y su omisión en el auto o la petición no es causa de nulidad. Lo que sí se deberá hacer constar es en la diligencia de entrada (acta) cuáles son los funcionarios que estuvieron presentes en la entrada y registro, lo que constará en el acta del secretario judicial.

Lo vemos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 septiembre de 2005, rec. 137/2004, que señala que:

«Las omisiones a las que se refiere el recurrente carecen de la trascendencia que postula y en modo alguno comporta la nulidad de la diligencia. En primer lugar la identificación exacta de los funcionarios policiales que han de practicar la diligencia no viene exigida por las disposiciones que regulan su práctica siendo así que la resolución judicial habilitante no supone, como aduce el motivo, una autorización en blanco que puede ser utilizada por cualquier funcionario, sino que en el Auto se expresa que el registro “se efectuará por Agentes de la Guardia Civil de Arcos de la Frontera y equipo de Policía Judicial ubicado en la misma localidad, y un agente de la Guardia Civil del Servicio Cinológico de la Comandancia de Cádiz, acompañado de un can detector de drogas …..”, satisfaciéndose de este modo la necesidad legal de determinar los funcionarios a quienes se encomienda la práctica de la diligencia.»

III. REALIZACIÓN MATERIAL DE LA DILIGENCIA

Aparte de la urgencia de la medida, lo que está claro es que esta debe sujetarse a una serie de reglas o presupuestos válidos, a saber:

  • Debe verificarse a presencia del interesado o persona que se encuentre en la morada que la represente (artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  • Si no se encuentra el sospechoso en la vivienda se practica con la persona que se encuentre allí.
  • Se notificará en el acto la resolución que acuerda la práctica de la diligencia de entrada y registro (artículo 550 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  • Es preceptiva la presencia del secretario judicial, quien redactará acta extensa y comprensiva, con sumo detalle, de todas las circunstancias y extremos que sean necesarios para la investigación.
  • Es necesario que el acta judicial describa con detalle los extremos que sean interesantes para el resultado de la investigación, ya que es esta acta, y no la policial, la que se tomará en cuenta desde el punto de vista judicial, por lo que no puede existir desconexión entre el contenido del acta judicial y policial.
  • El acta debe redactarse en el lugar del registro.
  • Podrá grabarse el desarrollo de la diligencia de entrada y registro acompañando a las actas el DVD de la grabación y haciéndolo constar el Letrado de la Administración de justicia en el acta judicial.
  • El acta la firmarán los asistentes, incluida la persona objeto de la investigación.

Sobre la posibilidad de que se adopten medidas previas de aseguramiento antes de la concesión de la entrada y registro el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 20 de marzo de 2013, recurso 681/2012 matiza esta opción policial en esta sentencia en la que recoge que:

«La necesidad de practicar diligencias de aseguramiento con el fin de evitar la frustración de los fines del registro forma parte de la realidad de las cosas. De hecho, el art. 567 de la LECrim establece que ” desde el momento en que el Juez acuerde la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del procesado o la sustracción de los instrumentos efectos del delito, libros, papeles o cualquiera otras cosas que hayan de ser objeto del registro”. Sin embargo, la lectura de ese precepto deja bien a las claras que las medidas orientadas a garantizar la eficacia de la diligencia, sólo pueden ser adoptadas “… desde el momento en que el Juez acuerde la entrada y registro”. Es decir, esa actuación preventiva, si conlleva un acto de intromisión o injerencia domiciliaria, por superficial que quiera luego calificarse, ya ha de contar con la cobertura de la autorización judicial que actúa como presupuesto habilitante. En el presente caso, cuando los agentes se personan en el domicilio de Cesar -basta para ello un contraste de las horas que se hacen constar en la diligencia de custodia de la vivienda y en el acta de entrada y registro-, todavía no cuentan con la autorización judicial. De hecho, el operativo de custodia se describe a las 9,00 horas (folio 19) y la petición de entrada y registro se encabeza a las 9,30 horas del mismo día (folio 20). Quiere ello decir que la obligación impuesta a Esther de que abandone su domicilio y, sobre todo, la presencia de la agente femenina que la acompañó por las dependencias de la vivienda mientras aquélla se cambiaba de ropa y se hacía con algunos enseres personales, implicó una actuación ajena a la cobertura constitucional requerida.

Sostener que agentes de policía pueden desalojar al morador de una vivienda e introducirse en la misma para asegurar que no se destruyen pruebas, haciéndolo antes de que la autorización judicial esté formalmente concedida, supone erosionar de modo irreparable el contenido material del derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 de la CE). Es más, degrada el significado funcional del mandamiento de entrada y registro. Basta preguntarnos qué sucedería si el Juez de instrucción no hubiera considerado debidamente justificada la concesión de la autorización de entrada y registro. No puede convertirse el auto habilitante en una mera formalidad, en un trámite cuya existencia misma pueden anticipar los agentes de policía sin temor a equivocarse.

No faltan precedentes de esta Sala en la misma dirección. Es el caso de la STS 227/2000, 22 de febrero, en la cual se razona que no se puede legitimar una entrada previa en el domicilio por los funcionarios policiales o los agentes de la autoridad, aunque tenga carácter preventivo, sin exhibir mandamiento ni por tanto mostrárselo al interesado o a la persona que le represente, pues lo cierto es que se produce un allanamiento, sin cobertura legal, con efectos añadidos sobre la libertad deambulatoria de las personas que se encuentran en el interior del domicilio. Si mientras dura esta situación y hasta el momento de la llegada de la comisión judicial, se adoptan medidas coercitivas de inmovilización o se ocupan objetos, se está produciendo una intervención exclusiva de la Policía que no se ajusta a las previsiones legales. La adopción de medidas de vigilancia, como las llama la ley, no permite la entrada en el domicilio sin mandamiento. Así se desprende del artículo 568 de la LECrim, en el que se dispone que, una vez practicadas las diligencias que se establecen en el artículo anterior (medidas de vigilancia), se procederá a la entrada y registro empleando para ello, si fuera necesario, el auxilio de la fuerza. Es por tanto, después de tomadas las medidas, cuando se puede proceder a la entrada y practicar el registro, pero no antes.

En consecuencia, el desalojo de la moradora del inmueble, aun cuando se disfrace de medida precautoria para la práctica de un ulterior registro, no deja de encerrar una verdadera vía de hecho, al no haberse dictado en ese momento la habilitación judicial que habría autorizado el acto estatal de injerencia. Y, por supuesto, la presencia de una agente femenina en el interior del domicilio, llamada a garantizar que no se iban a destruir efectos del delito investigado mientras la compañera del acusado se cambiaba de ropa, careció de cobertura constitucional. En ese momento el Juez de instrucción no había permitido la entrada y registro. La simple confianza de los agentes en que esa autorización va a ser obtenida horas más tarde no proporciona garantía alguna a la hora de justificar el menoscabo de la inviolabilidad domiciliaria.

Por todo lo expuesto, procede la estimación del motivo, declarando que la entrada anticipada de los agentes en el domicilio de Fabio, a la espera de la obtención de una habilitación judicial para el registro en su domicilio, vulneró el derecho a la inviolabilidad domiciliaria (art. 18.2 de la CE), generando por tanto una diligencia de investigación no susceptible de valoración probatoria.»

IV. ACTUACIÓN POLICIAL SI SE ENCUENTRAN PRUEBAS INCRIMINATORIAS DURANTE LA DILIGENCIA

Se pueden resumir en las siguientes:

  • Si se practica detención traslado de los detenidos a dependencias policiales.
  • Información del motivo de su detención y derechos (incorporación de todas las actas al atestado principal que se remite al juzgado).
  • Asistencia letrada en sus declaraciones.
  • Firmas de los detenidos en las mismas o constancia de su negativa a firmar.

V. SUPUESTOS CONCRETOS

1. Registro de vehículo

No hace falta autorización judicial para registrar un vehículo: La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 marzo 2001 lo recoge: “La jurisprudencia señala que el registro de un vehículo no se puede comparar con el de un domicilio, pero en cualquier caso es una prueba preconstituida y se deben reunir todos los requisitos que se establecen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la inspección ocular, diligencia que se recoge en los artículos 326 y siguientes de la citada Ley. A pesar del esfuerzo argumental y de la aislada consideración que se hace de la incidencia -obviando la existencia de otras acreditaciones que también la afectan- el autor del Recurso fracasa en su propósito impugnativo porque parece confundir la diligencia de hallazgo y ocupación de la droga con el registro domiciliario. Desde luego las prevenciones legalmente exigidas para la práctica de la entrada y registro en el domicilio de una persona no son aplicables al supuesto que nos ocupa, por cuanto en aquélla se trata, nada menos, que de dejar sin efecto -legalmente, eso sí- un derecho constitucionalmente recogido cual es la intimidad personal, situación que no concurre en el extremo que ahora merece nuestra atención.”

En consecuencia, tenemos que:

  • No hace falta mandamiento para registrar un vehículo.
  • No hace falta que la presencie el interesado.
  • No hace falta asistencia letrada para ello.
  • La presencia de los dos últimos es discrecional a juicio del juez.
  • El registro de un vehículo es una diligencia del artículo 334 LECrim, es decir de las denominadas del cuerpo del delito.

Así las cosas, un vehículo automóvil que se utiliza exclusivamente como medio de transporte no encierra un espacio en cuyo interior se ejerza o desenvuelva la esfera o ámbito privado de un individuo. Su registro por agentes de la autoridad en el desarrollo de una investigación de conductas presuntamente delictivas, para descubrir y, en su caso, recoger los efectos o instrumentos de un delito, no precisa de resolución judicial, como sucede con el domicilio, la correspondencia o las comunicaciones. No resulta afectado ningún derecho constitucionalmente proclamado.

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 noviembre 2002 señala que no era necesaria la autorización judicial ni la asistencia letrada, para el registro de un vehículo que, como tal, no goza de la inviolabilidad propia del domicilio, como derecho de carácter fundamental.

2. Moradas

Solo deberá solicitarse esta diligencia en los casos que se trate de moradas.

Así, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 marzo 2001 señala que: “la doctrina jurisprudencial y la científica considera morada protegida todo lugar en el que vive una persona, de manera estable o transitoria, incluidas no sólo las habitaciones de los hoteles y pensiones, sino también las tiendas de campaña y las roulottes”.

3. Delito flagrante

En los casos en los que se aprecie la comisión de un delito flagrante no será preciso acudir al juzgado de guardia para interesar la autorización, sino que se podrá acceder al inmueble.

Así, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 marzo 2001 recuerda lo que se entiende por delito flagrante a estos efectos:

“Se considera como tal el que se está cometiendo o se acaba de cometer cuando el delincuente es sorprendido; considerándose también delincuente in fraganti a quien es sorprendido inmediatamente después de la comisión del delito, con efectos o instrumentos que infundan la vehemente sospecha de su participación en él.

Según la doctrina son notas propias del delito flagrante las siguientes:

1. Inmediatez, es decir, que la acción delictiva se esté desarrollando o se acabe de realizar.

2. Relación directa del delincuente con el objeto, instrumentos o efectos del delito.

3. Percepción directa, no meramente presuntiva, de la situación delictiva.

4. Necesidad urgente de la intervención para evitar la consumación o agotamiento del delito, o la desaparición de los efectos del mismo.

Estas dos últimas notas adquieren especial relevancia cuando, de acuerdo con el artículo 18.2 de la Constitución, se invoca el delito flagrante para legitimar un registro domiciliario efectuado sin consentimiento del titular y sin resolución judicial.”

Respecto al tercero de los requisitos es de señalar que la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 18 de noviembre de 1993 declaró inconstitucional el artículo 21.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (posteriormente derogada por LO 4/2015), por entender que las expresiones “conocimiento fundado” y “constancia” referidas a situaciones que legitimaban la entrada y registro de un domicilio por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cuanto no constituían necesariamente un conocimiento o percepción evidente, iban más allá de lo que es esencial o nuclear en la situación de flagrancia.

Por tanto es requisito indispensable para la entrada en un domicilio sin la debida autorización que la situación de comisión del delito sea “evidente”, entendiendo por tal lo que es cierto, claro, patente y sin la menor duda.

El art. 15.2 de la LO 4/2015, de Seguridad Ciudadana, establece que será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. En cualquiera de los casos señalados, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad remitirán sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente.

4. Establecimientos públicos

No se precisa autorización judicial para entrar en establecimiento público.

Así lo recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2000, que señala que: “El local comercial registrado no es domicilio a efectos constitucionales del artículo 18.2 de la Constitución y entra dentro de la definición extensiva de lugares públicos que el artículo 547.3 de la Ley procesal penal establece a efectos de lo prevenido en el Tít. VIII, del Libro II de la misma y, como tales, quedan fuera de la tutela del artículo 18.2 de la Constitución y no les son de aplicación las reglas procesales que la Ley prevé para los registros domiciliarios. Es doctrina de la Sala que para el registro de los locales de recreo tales como pubs, bares o restaurantes no se precisa una previa resolución que lo autorice, ni la asistencia de Secretario Judicial pues al no ser domicilio no se afecta el derecho a la intimidad.”

5. Habitación de hotel

Es cierto que la habitación que se ocupa en un establecimiento hotelero se encuentra protegida por el artículo 18 de la Constitución en cuanto la doctrina del Tribunal Supremo viene equiparando esos espacios físicos al concepto de domicilio por constituir lugares propios donde las personas en ellos alojados ejercen las actividades propias de su intimidad y privacidad, similares, por tanto, al domicilio habitual. Precisamente por ello, esos lugares se encuentran protegidos por las garantías establecidas en el precepto constitucional, de manera que su invasión por extraños deberá someterse a los requisitos y condiciones específicas en el texto de aquél. Por otra parte, y desde una perspectiva puramente procesal o de legalidad ordinaria, los resultados de la entrada y registro que se haya efectuado respetando las exigencias constitucionales, pero vulnerando la normativa procesal, carecerán de validez como medio de prueba, sin otras consecuencias.

6. Como paso previo a un procedimiento civil o mercantil o dentro del mismo

Esta diligencia puede ser también ser solicitada en el proceso civil o contencioso, ya que nótese que por la vía de las medidas cautelares pueden tener que adoptarse medidas cautelares que exijan la entrada en un inmueble, para lo que tanto el juez civil como el del orden contencioso-administrativo pueden adoptar esta medida y justificar en el auto que es preciso el acuerdo de entrada en el inmueble para el buen fin de la sentencia que más tarde se dicte. Entraría dentro del capítulo de las medidas cautelares innominadas que se pueden adoptar atendidas las circunstancias de cada caso.

VI. ENTRADA Y REGISTRO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

La ley 37/2011, de 10 de octubre, ha tenido que adaptar la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 5/2010 en cuanto a la reforma del artículo 31 bis CP en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y en este aspecto se viene a contemplar las medidas procesales penales que pueden adoptarse cuando aparezca declarada la posible atribución de una conducta delictiva a una persona jurídica, o incluso antes de esta declaración a fin de llevar a cabo diligencias de investigación; en concreto, en este caso en materia de entrada y registro se añade un nuevo apartado 4º al artículo 554 LECrim que queda redactado en los siguientes términos:

“4º. Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento de terceros.”

Con ello, queda delimitado el concepto de domicilio de las personas jurídicas al objeto de exigirse mandamiento de entrada y registro para poder acceder a su lugar de ejercicio profesional, siendo imposible llevarlo a cabo sin ese mandamiento.

 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjUwsLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzA7BAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xKgDM64_aNQAAAA==WKE

 

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