El procedimiento del exequatur en España.

Artículo 85 Recursos contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas del Registro Civil

1. Contra las decisiones adoptadas por los Encargados de las Oficinas Central, Generales y Consulares del Registro Civil en el ámbito de las competencias atribuidas por esta Ley, los interesados sólo podrán interponer recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el plazo de un mes.

2. En el caso de denegación de inscripción de sentencias y otras resoluciones judiciales extranjeras cuya competencia corresponde a la Oficina Central del Registro Civil, el interesado sólo podrá instar procedimiento judicial de exequátur.

El procedimiento del exequatur en España

1.- ¿Qué es el exequatur?

El exequatur se puede definir como el conjunto de normas conforme a las cuales el ordenamiento jurídico de un Estado comprueba que una sentencia judicial emanada de un Tribunal de otro Estado reúne los requisitos que permiten su reconocimiento y homologación.

Si hablamos del exequatur como procedimiento judicial, es aquel procedimiento que tiene por objeto reconocer la validez de una sentencia dictada por un Tribunal extranjero y por tanto permitir su ejecución en un Estado distinto del que se dictó la misma.

2.- Regulación

El procedimiento de exequatur se encuentra regulado en la Sección II “De las Sentencias dictadas por  Tribunales Extranjeros” del Título VIII “De la ejecución de las Sentencias” de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 en los artículos 951 a 958. Asimismo en el ámbito de la Unión Europea, cuando se trate de reconocer y ejecutar una Sentencia dictada por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea, se aplica el Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y el Reglamento (CE) 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003 relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) 1347/2000.

3.- Requisitos

Según establece la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, en los artículos 951 a 954, para que una sentencia extranjera tenga fuerza ejecutoria en España es necesario:

1.-Que así lo dispongan los Tratados Internacionales.

2.- En el supuesto de que no hubiere Tratado Internacional se atenderá al principio de reciprocidad entre ambos países, es decir si el Estado del que emana la Sentencia otorga o no valor a las Sentencias dictadas en España, así si la sentencia procede de un Estado en el que se da cumplimiento a las sentencias dictadas por los Tribunales españoles, tendrá fuerza en España, por el contrario si la Sentencia procede de un Estado en el que no se da cumplimiento no tendrá fuerza en España.

3.- Por último a falta de Tratado Internacional o principio de reciprocidad aplicable la sentencia tiene que reunir los siguientes requisitos: a) que haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, b) que no haya sido dictada en rebeldía, c) que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en España, d) que reúna los requisitos necesarios en la nación en la que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieran para que haga fe en España.

4.- Legitimación para solicitar el exequatur

Están legitimados para instar el procedimiento:

1.- Toda persona en cuyo favor se dictó la Sentencia en un país extranjero.

2.- Toda persona a quien la Sentencia o resolución judicial cuyo reconocimiento se pretende ocasione un perjuicio o impida un beneficio.

La capacidad para ser parte y la capacidad procesal están reguladas por el derecho interno, es decir por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 6 a 8.

Por último, destacar que podrán solicitarlo no sólo los españoles sino también los nacionales de países extranjeros residentes legalmente en España y que hayan obtenido una Sentencia dictada en el extranjero y que quieran que la Sentencia tenga efectos en España.

5.- El procedimiento

En primer lugar y antes de entrar a explicar el procedimiento, hay que destacar que éste no es un nuevo procedimiento en el que se entre a resolver nuevamente el fondo del asunto, no se trata de una revisión de la Sentencia dictada en el extranjero. Es un procedimiento en el que simplemente se verifica que la sentencia extranjera cumple los requisitos para que sea válida y por tanto sea reconocida y ejecutada en España.

Así el artículo 36 del citado Reglamento 44/2001 establece que:

“La resolución extranjera en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo.”

En referencia a la competencia tanto lo dispuesto en el Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000,  como en el artículo 955 de la Ley de Enjuicimiento Civil de 1881, los Juzgados de Primera Instancia son los competentes para conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras por lo que se refiere a la competencia objetiva. Referente a la competencia territorial será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecución, o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquéllas. No obstante, subsidiariamente la competencia territorial se determinará por el lugar de ejecución o donde aquellas sentencias y resoluciones deban producir sus efectos.

Sin embargo, cuando se trate de una solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencia o resolución judicial que verse sobre materias mercantiles serán competentes los Juzgados de lo Mercantil y no los Juzgados de Primera Instancia.

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social la competencia para tramitar el procedimiento de exequatur recaía sobre el Tribunal Supremo y no sobre los Juzgados de Primera Instancia.

Una vez presentada la solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia el Juez deberá dar audiencia a la parte contra quien se dirija y al Ministerio Fiscal. Para citar a la otra parte el Juzgado librará certificación a la Audiencia en cuyo territorio esté domiciliada, y el interesado dispondrá de un plazo de treinta días a partir de la recepción de la comunicación para su comparecencia. Pasado dicho plazo, aunque no haya comparecido la parte contraria el Tribunal deberá proseguir con el conocimiento de los autos.

Una vez realizados los mencionados trámites el Juez mediante Auto declarará si se debe dar cumplimiento o no a la ejecutoria solicitada. Contra el mencionado Auto cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Tal y como hemos dicho el Juzgado podrá homologar la Sentencia dictada en el país extranjero o no homologar la misma, así en este último caso el Reglamento 44/2001 en el artículo 34 se regula los supuestos en los que no será reconocida la Sentencia y que son los siguientes:

1)     cuando el reconocimiento fuere contrario al orden público del Estado miembro requerido

2)     cuando la Sentencia se dictare en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo

3)     cuando la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido

4)     si la resolución fuere inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tuviere el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido.

6.- ¿Qué documentación hay que presentar?

Junto con la demanda de exequatur se deberán aportar los siguientes documentos:

a)     Copia auténtica de la Sentencia legalizada o con la apostilla de La Haya.

b)    Certificado del testimonio de que la Sentencia es firme.

c)     Certificado de que la Sentencia ha sido notificada al demandado o en su caso de que ha sido dictada en rebeldía.

d)    Traducción jurada de la Sentencia si está en un idioma diferente al español.

e)     Fotocopia del DNI/NIE.

f)     Poder general para pleitos.

g)    Si se trata de un procedimiento de exequatur por Sentencia de divorcio, certificado literal de matrimonio, certificado literal de nacimiento de hijos si los hubiera, y convenio regulador si el divorcio ha sido de mutuo acuerdo.

7.- Casos más frecuentes

Por último una vez analizados los requisitos necesarios, la documentación o el procedimiento necesario para llevar a cabo el exequatur analizaremos los casos más frecuentes de procedimientos del mismo.

En primer lugar, el caso más frecuente, en materia matrimonial, son las solicitudes de reconocimiento de Sentencias de divorcio de un matrimonio celebrado en el extranjero, cuando al menos uno de los cónyuges es de nacionalidad española, puesto que para anotar en el Registro Civil español el nuevo estado civil del cónyuge español es necesario presentar el exequatur de la sentencia de divorcio extranjera ante el mismo.

En segundo lugar, también es necesario llevar a cabo el procedimiento de exequatur cuando se quiera obligar a una persona residente en España a pagar una pensión de alimentos reconocida en una Sentencia dictada en un país extranjero.

Por último, otro caso también frecuente, es cuando se trata de sentencias ejecutorias en las que se condena al pago de una suma de dinero y el ejecutado tiene su residencia o sede permanente en territorio español.

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/supranacional/d_ue/el-procedimiento-del-exequatur-en-espana

La reforma del procedimiento de exequátur civil y mercantil

El pasado 30 de julio, el BOE publicó la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil que, entre otras medidas, deroga el vetusto procedimiento de exequátur regulado en los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

José María Viñals Camallonga,
Partner & Head of International Operations
LUPICINIO INTERNATIONAL LAW FIRM

 

De acuerdo con el legislador, el proceso judicial de exequátur ha sido una de las áreas más necesitadas de reforma en la legislación interna española. Recordemos que la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derogó la anterior Ley de 1881, pero mantuvo en vigor, entre otros, los artículos 951 a 958 sobre eficacia en España de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales extranjeros. Artículos que se mantendrán vigentes hasta la entrada en vigor de esta nueva Ley 29/2015, hecho que tendrá lugar el próximo 20 de agosto. El legislador reconoce con esta ley que el tradicional procedimiento de exequátur no se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y con este objetivo, el proceso se adapta a una sociedad española en donde las relaciones exteriores “han dejado de ser un fenómeno minoritario y excepcional”.

Novedades de la reforma

Respecto a las novedades, el exequátur sigue manteniéndose como un procedimiento especial cuyo objeto es declarar el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, autorizar su ejecución en España. Es importante precisar que la presente reforma se aplicará a resoluciones originarias de países con los que no se mantiene ningún vínculo, pues en aquellos otros casos rige, o bien el tratado bilateral de ejecución de sentencias, o, bien en el ámbito de la Unión Europea, el Reglamento (UE) 1215/2012, de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y normas concordantes. Ya la propia ley reconoce que la Ley 29/2015 es “subsidiaria” de normas internacionales e internas especiales.

Así, el nuevo procedimiento de exequátur viene recogido en el Título V de la Ley 29/2015 -artículos 41 a 61-. Se especifica que son susceptibles de reconocimiento y ejecución en España tanto las resoluciones judiciales extranjeras definitivas recaídas en un procedimiento contencioso como las adoptadas en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Una de las novedades reside en que la ley reconoce explícitamente la prohibición de revisión del fondo de la resolución extranjera -artículo 48-, pero sin embargo, sí permite que esta pueda ser modificada por los tribunales españoles, y pone como ejemplo las prestaciones de alimentos, las decisiones sobre la guarda y custodia de menores y las medidas de protección de menores e incapaces, siempre que, naturalmente y con carácter previo, se reconozca en España dicha resolución extranjera. En cualquier caso, la aplicación de esta medida no impedirá instar una nueva demanda en un proceso declarativo ante los jueces y tribunales españoles planteándosele a las partes optar, bien por la modificación, bien por proceder a la apertura de un nuevo procedimiento.

También se tasan las causas de denegación del exequátur, que son seis: (i) cuando la sentencia fuera contraria al orden público, término no precisado por el cuerpo de la ley; (ii) cuando la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes, lo que a juicio del legislador podría subsumirse en el anterior concepto de ‘orden público’, si bien se presta a señalar que el concepto está diseñado para proteger los derechos de defensa del demandado juzgado en rebeldía -en este sentido, la Ley expresamente señala que existe dicha infracción cuando el demandado no hubiera recibido cédula de emplazamiento con tiempo suficiente para defenderse-. También son causas de denegación de exequátur (iii) cuando la resolución extranjera se hubiera pronunciado sobre una materia sobre la que fueran competentes exclusivamente los tribunales españoles; (iv) cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España o (v) en el extranjero y fuera ejecutable en España; y (vi) cuando existiera un litigio pendiente en España entre las mismas partes y con el mismo objeto iniciado con anterioridad al proceso en el extranjero.

La Ley también reconoce el derecho de exequátur en acciones colectivas -artículo 47- y se regula, en palabras del legislador, por la frecuencia con la que este tipo de demandas se vienen presentando ante los Tribunales españoles.

Procedimiento

Ya respecto al proceso, éste se simplifica y moderniza notablemente, permitiendo acumular en un mismo escrito tanto la demanda de exequátur como la solicitud de ejecución -este escrito deberá ajustarse a los principios de objeto y contenido de demanda de los artículos 399 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)-, si bien esta última no se tramitará hasta que se haya dictado resolución decretando el exequátur. Se permite también la solicitud, igualmente en aquel primer escrito, de adopción de medidas cautelares, que se sujetarán a lo previsto en los artículos 721 a 747 LEC.

Los documentos que deberán acompañar la demanda son esencialmente los mismos que los requeridos la antigua Ley de 1881: (i) original o copia auténtica, legalizada o apostillada, de la resolución extranjera; (ii) documento acreditativo de la firmeza, pudiendo constar la misma en la propia resolución, lo que supone una garantía legal a la hasta ahora facultad potestativa de los Juzgados de solicitar en documento independiente dicha firmeza, so pena de no admitir a trámite el exequátur; y por último, (iii) las traducciones, que atendiendo al artículo 144.2 LEC, podrá ser “privadas” -es decir, no juradas-, sin perjuicio de que la contraparte pueda impugnarlas por tenerlas como no fieles.

Una vez admitido el escrito de demanda, se dará traslado de la misma a la otra parte, quien podrá oponerse en el plazo de treinta días sobre la base de tres fundamentos numerus clausus: (i) impugnar la autenticidad de la resolución, (ii) corregir el emplazamiento al demandado, o (iii) corregir la firmeza y/o fuerza ejecutiva de la resolución. En cualquier caso, el Ministerio Fiscal se personará siempre en procesos de exequátur y hará las manifestaciones que considere oportunas.

Contra el auto de exequátur se podrá interponer recurso de apelación -artículos 455 a 465 LEC- y será elevado a la Audiencia Provincial competente. Contra esta resolución en segunda instancia, cabrá recurso extraordinario por infracción procesal -artículo 468 a 476 LEC- y casación -artículos 477 a 489 LEC-.

Por ultimo, la ley expresamente contempla la posibilidad de que en los procedimientos de exequátur, cualquiera de las partes pueda solicitar asistencia jurídica gratuita.

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/la-reforma-del-procedimiento-de-exequatur-civil-y-mercantil

http://www.tuabogadodefensor.com/exequatur-de-divorcio/

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjMzNLtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAms4nGDUAAAA=WKE

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8564

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l20-2011.html

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l20-2011.t8.html#a87

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l20-2011.t10.html#a97

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l20-2011.t10.html#t10

 

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