El poder soberano.

El poder soberano es el que tiene derecho a disponer de la vida de los súbditos. Es así en sus orígenes remotos y sigue siendo así en esencia en las formas más evolucionadas de la soberanía, que rige o venía rigiendo hasta ahora en los límites acotados de un territorio. Siempre se ha creído que la superación de las soberanías nacionales se produciría por su reabsorción desde nuevas instancias multilaterales. Este sería el caso si llegara a existir una jurisdicción penal internacional con capacidad y mandato para actuar en cualquier rincón del planeta. El derecho a disponer de la vida de los seres humanos quedaría confiado así a una suprema instancia del derecho.

Algo se ha avanzado en esta dirección, como muestra la notable actividad de la Corte Penal Internacional en la persecución de los criminales de las guerras balcánicas. Pero en paralelo ha avanzado otra ámbito de acción soberana universal, ajena al derecho, y que por ello mismo no puede merecer el nombre de jurisdicción, como es la ejecución sumaria sin detención previa, sin investigación probatoria ni juicio público y contradictorio por parte de las autoridades estadounidenses de aquellas personas a las que consideran que ponen en peligro vidas e intereses de su país.Para que tenga lugar tal tipo de operación no basta con la voluntad de realizarlas. Muchos Estados de todos los tamaños y potencia han realizado anteriormente ‘asesinatos selectivos’, Estados Unidos entre otros, mediante la actuación de agentes de sus servicios especiales en el extranjero. Lo que caracteriza y define las actuales transformaciones en este tipo de acciones es el uso de una tecnología sofisticada, como son los aviones teledirigidos, que permiten eliminar a extraordinaria distancia a cualquier víctima previamente seleccionada, sin necesidad de contacto ni siquiera visual con el objetivo.

La muerte en Yemen del dirigente de Al Qaeda Anuar el Aulaki es la acción más espectacular y publicitada de una actuación de amplio alcance en la que Estados Unidos está eliminando con gran paciencia y precisión a decenas si no centenares de militantes y dirigentes de grupos que tienen declarada la guerra a Washington en puntos muy distintos del planeta, Al Qaeda entre otros, y fundamentalmente en Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia.

Uno de los más graves problemas de estos avances tecnológicos en las formas de librar esta especie de guerra es el efecto de la emulación. Algún día Rusia o China van a intentarlo, y también Corea del Norte, Irán o Arabia Saudí, países todos ellos que suscitan escasa confianza. Hay un país, como Israel, que ya está en la vanguardia y del que se puede decir que ha marcado el camino a Washington, pues ha sido pionera en asesinatos selectivos y probablemente también en el uso de los drones.

No basta o es muy poco útil una visión meramente pragmática y utilitarista de estas acciones armadas. Quienes no quieran acogerse al garantismo judicial a la hora de criticar y emitir su valoración sobre estas ejecuciones extrajudiciales, y se sientan en cambio tentados a defender el uso legítimo por parte de Obama de unas armas con las que se desembaraza de enemigos evidentes de su país y de un peligro cierto para sus conciudadanos, deben pensar precisamente en la emulación que desencadenan estas actuaciones. Todos los países que se precien querrán tener acceso a esta tecnología, poseer su equipamiento en drones y luego ejecutar sumariamente a sus enemigos peligrosos en el extranjero, algo sumamente peligroso si además son países o poderes antidemocráticos e iliberales quienes pueden disponer de ellas.

Los drones configuran la idea tenebrosa de un poder soberano planetario, cuyo control y escrutinio queda fuera del alcance de quienes están sometidos o protegidos por su acción letal. Como máximo, pueden controlarlo unas instituciones nacionales o locales que necesariamente no se preocuparán de los intereses y los derechos del conjunto de los afectados, todos los seres humanos. Basta con imaginar la construcción de un catálogo de enemigos de la paz y de la humanidad, ejecutables por una orden presidencial desde Washington, para que nos demos cuenta del laberinto legal y moral en el que nos están metiendo o nos estamos metiendo.

 

Fuente:http://internacional.elpais.com/internacional/2011/10/04/del_alfiler_al_elefante/1317682800_131768.html

 

Diputado del PSOE por Valladolid. Miembro de la ponencia constitucionalHoy una contemplación seria de los problemas de organización de la sociedad exige un tratamiento conjunto y conectado del Poder y del Derecho. Sin posible error podemos decir que el fundamento último de un ordenamiento jurídico es el Poder y esta afirmación tiene unas consecuencias teóricas y prácticas de un alcance incalculable. También rompe con todo el idealismo iusnaturalista que pretendía fundar la validez del Derecho en el Derecho Natural.

 

A nivel de la teoría jurídica, de la Filosofía del Derecho y del Estado, ha habido que superar dos dificultades sucesivas y contradictorias. Por una parte, la ilusión iusnaturalista que pretendía la imposible empresa de encontrar unas normas ideales, justas y válidas para todos los tiempos

que fueran el modelo platónico que legitimase al Derecho Positivo. Por otra parte, el formalismo kelseniano que pretendía construir una teoría pura del Derecho al margen de las realidades sociológicas, entre ellas las del poder. La realidad se ha acabado imponiendo y el pensamiento

jurídico está hoy mayoritariamente de acuerdo en que la justicia posible, los valores que el Derecho positivo realiza son valores históricos, vinculados a un momento de las relaciones de producción, de la cultura de los hombres. También parece adquirido que ese Derecho positivo se fundamente en el poder político, en la fuerza que lo sostiene y que impulsa la incorporación al Derecho positivo de los valores que considera más adecuados. Así, historia, poder y Derecho son inseparables para entender a las sociedades actuales y la Filosofía del Derecho como teoría de la justicia, al tener en cuenta inexorablemente al poder tiene que ser en algún momento filosofía política.

A nivel de la teoría política, el progresivo deterioro del iusnaturalismo con el abandono a partir del siglo XIX de la creencia en un Derecho ideal justo e inmutable, producirá una progresiva atención al problema del poder para abordar un Derecho más justo. La vieja intuición de Pascal sobre la justicia que si no era fuerte obligaba a que la fuerza fuera más justa, se concretará en la historia del mundo moderno a partir del siglo XVI en la búsqueda de un poder limitado y con participación de los ciudadanos. Así se perfilará la concepción democrática del poder, iniciada con la aportación del pensamiento liberal y completada por el pensamiento socialista y que ha hecho más para la realización de un Derecho justo que todas las elucubraciones del iusnaturalismo juntas.

Un poder político democrático supone, al menos en teoría sin perjuicio de sus posibles desviaciones prácticas, una formación de la voluntad política con participación de los ciudadanos y a su vez fundamenta a un ordenamiento jurídico cuyos destinatarios son esos mismos ciudadanos, lo que, indudablemente, favorece su obediencia al Derecho, que es en algún sentido autoobediencia.

Pero las relaciones entre Derecho y poder y más en concreto la fundamentación y el apoyo que, en última instancia, realiza el poder sobre el Derecho positivo, que hace posible su validez, adquieren unas características específicas si se tiene en cuenta la identificación del poder con el Estado moderno, por la progresiva supresión de los poderes feudales, de la Iglesia y del imperio, en favor del Estado. El pluralismo de poderes de tiempos anteriores irá disminuyendo hasta llegarse a ese momento del monopolio del uso legítimo de la fuerza con que Weber caracterizó al Estado moderno.

El monopolio de todo poder político, por parte del Estado, hará, que todo ordenamiento jurídico se fundamente en última instancia en el Estado, o dicho de otra manera, que todo derecho sea estatal. Incluso el Derecho creado a nivel popular como la costumbre no es tal sin el visto bueno del Derecho Estatal, y por eso Bobbio llama a sus normas consuetudinarias normas recibidas. Por eso también el poder negocial, los contratos obligan y son ley entre las partes porque el Derecho Estatal así lo establece. Son las normas delegadas de que habla también Bobbio: El poder se concentra en el Estado y el Derecho es sólo el del Estado.

Pero no se trata aquí, con estas reflexiones, de una disquisición académica, sino de llevar estos argumentos teóricos a sus últimas consecuencias prácticas en temas que son hoy de acuciante actualidad y sobre los que no hay ideas claras. Más bien diría yo que hay mucha confusión, no siempre inocente.

Respecto al poder, lo anterior supone que no existe en el mundo moderno sino el del Estado y qué sería un gran error mantener tesis anacrónicas sobre una coexistencia de poderes, como por ejemplo se pudo desprender del discurso de monseñor Yanes en el Club Siglo XXI sobre la Constitución, o en la declaración de la Conferencia Episcopal Española. La Iglesia católica, y en general las confesiones religiosas, son comunidades que tienen derechos y que pueden desarrollar libremente sus actividades, pero no son poderes soberanos, no tienen hoy imperium ni protestas como pudieron tener en otros momentos de la historia. Emplear terminología como «son independientes en sus respectivas competencias» supone partir de la idea de que son dos poderes, lo cual no se corresponde con la realidad. La libertad religiosa, de cultos y de las comunidades o iglesias, no necesita de la tesis del poder de la Iglesia para su pleno desarrollo en la sociedad actual.

Respecto al Derecho, su condición estatal supone el monopolio de la capacidad creadora y en todo caso el monopolio de delegar competencias creadoras y de recibir normas creadas por otros grupos sociales. Y esto también tiene consecuencias muy próximas a las ya señaladas en relación con el poder. Ningún grupo social tiene capacidad originaria propia para crear normas jurídicas. Sólo la tiene el Estado. Desde este prisma aparece asimismo como anacrónico el tema del valor interno del Derecho Canónico, por ejemplo en el Derecho Español, en temas como el matrimonial, y por supuesto la idea de las materias mixtas.

El proceso de secularización ha acelerado esta pérdida de poder y de capacidad normativa creadora por parte de las iglesias y ha confirmado el monopolio estatal.

La garantía para la Iglesia, para las confesiones, como para cualquier ciudadano o grupo es la común democracia y libertad garantizada por igual para todos. Las instituciones democráticas, las libertades, y muy especialmente la libertad religiosa, llevada lo más lejos posible, es el camino para el desarrollo de las actividades religiosas de las personas y de las comunidades. No se trata de resucitar, o de mantener, porque en España nunca se perdieron, la tesis del poder soberano de la Iglesia o de su competencia creadora de normas. Con estas tesis, estarían, como dicen los franceses, trabajando para el rey de Prusia. La realidad va por otros derroteros y todo pensamiento tiene, para ser posible, que ajustarse a la realidad.

http://elpais.com/diario/1977/12/18/opinion/251247602_850215.html

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