Conferencia de derecho privado de la Haya (HCCH). Sociedades, Derecho Civil y Comercial.

07: Convenio de 1 de junio de 1956 sobre el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de Sociedades, Asociaciones y Fundaciones Extranjeras

Aún no en vigor


[Traducción preparada por los Profesores Borrás y González Campos – “Recopilación de los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (1951-2007), coordinación y estudio preliminar de Alegría Borrás y Julio D. González Campos, 2ª edición, Madrid (Editorial Marcial Pons), 2008″ – y revisada en colaboración con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.]

Convenio[1]sobre el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de Sociedades, Asociaciones y Fundaciones Extranjeras

(hecho el 1 de junio de 1956)

 

Los Estados signatarios del presente Convenio;

Deseando establecer normas comunes relativas al reconocimiento de la personalidad jurídica de sociedades, asociaciones y fundaciones extranjeras;

Han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y han acordado las disposiciones siguientes:

 

Artículo 1

La personalidad jurídica, adquirida por una sociedad, una asociación o una fundación en virtud de la ley del Estado contratante en que se hayan cumplido las formalidades de registro o de publicidad y en el que se encuentre la sede estatutaria, será reconocida de pleno derecho en los demás Estados contratantes, siempre que implique, además de la capacidad jurídica, al menos la capacidad de poseer bienes y de otorgar contratos y otros actos jurídicos.

La personalidad jurídica, adquirida sin formalidades de registro o de publicidad, será reconocida de pleno derecho en las mismas condiciones, si la sociedad, la asociación o la fundación se han constituido según la ley que la rija.

Artículo 2

Sin embargo, la personalidad adquirida con arreglo a lo que dispone el artículo 1 podrá no reconocerse en otro Estado contratante cuya ley tome en consideración la sede real, si dicho Estado considera que dicha sede se encuentra en su territorio.

La personalidad podrá no reconocerse en otro Estado contratante cuya ley tome en consideración la sede real, si se considera que la sede real se encuentra en un Estado cuya ley la toma igualmente en consideración.

Se considerará que la asociación, la sociedad o la fundación tienen su sede real en el lugar en que radica su administración central.

No se aplicarán las disposiciones de los párrafos 1 y 2 si la sociedad, la asociación o la fundación trasladan, en un plazo razonable, su sede real a un Estado que conceda la personalidad sin tomar en consideración dicha sede.

Artículo 3

Se reconocerá la continuidad de la personalidad en todos los Estados contratantes, en el caso de traslado de la sede estatutaria de un Estado contratante a otro, si dicha continuidad se reconoce en los dos Estados interesados.

No se aplicarán las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 si, en un plazo razonable, la sociedad, la asociación o la fundación trasladan su sede estatutaria al Estado de la sede real.

Artículo 4

La fusión entre sociedades, asociaciones o fundaciones que hayan adquirido la personalidad en el mismo Estado contratante, ocurrida en dicho Estado, será reconocida en los demás Estados contratantes.

La fusión de una sociedad, de una asociación o de una fundación que haya adquirido la personalidad en uno de los Estados contratantes, con una sociedad, una asociación o una fundación que haya adquirido la personalidad en otro Estado contratante, será reconocida en los demás Estados contratantes, si es reconocida por los Estados interesados.

Artículo 5

El reconocimiento de la personalidad jurídica implicará la capacidad que le confiera la ley en virtud de la cual se adquirió dicha personalidad.

Sin embargo, podrán denegarse los derechos que la ley del Estado que reconozca no conceda a las sociedades, asociaciones y fundaciones del tipo correspondiente.

El Estado que reconozca podrá asimismo determinar el ámbito de la capacidad de poseer bienes en su territorio.

La personalidad implicará, en cualquier caso, la capacidad de actuar en juicio, bien en calidad de demandante, bien en calidad de demandado, de conformidad con las leyes del territorio.

Artículo 6

Las sociedades, asociaciones y fundaciones, a las que la ley que las rige no conceda personalidad, tendrán, en el territorio de los demás Estados contratantes, la situación jurídica que les reconozca dicha ley, especialmente en lo que respecta a la capacidad de actuar en juicio y a las relaciones con los acreedores.

No podrán pretender un trato jurídico más favorable en los demás Estados contratantes, aunque reúnan todas las condiciones que garanticen en dichos Estados el beneficio de la personalidad.

Sin embargo, podrán denegarse los derechos que la ley de dichos Estados no conceda a las sociedades, asociaciones y fundaciones del tipo correspondiente.

Estos Estados podrán asimismo regular el ámbito de la capacidad de poseer bienes en sus territorios.

Artículo 7

La admisión en el establecimiento, funcionamiento y, en general, en el ejercicio permanente de la actividad social en el territorio del Estado que reconozca, se regirá por la ley de dicho Estado.

Artículo 8

La aplicación de las disposiciones del presente Convenio en todo Estado contratante podrá excluirse por razones de orden público.

Artículo 9

Todo Estado contratante, al firmar o ratificar el presente Convenio o al adherirse al mismo, podrá reservarse la facultad de limitar el ámbito de su aplicación, tal como resulta del artículo primero.

El Estado que haga uso de la facultad prevista en el apartado anterior, no podrá pretender que los otros Estados contratantes apliquen el presente Convenio a las materias que haya excluido dicho Estado.

Artículo 10

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados representados en la Séptima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Será ratificado y los instrumentos de ratificación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Se levantará acta de todos los depósitos de instrumentos de ratificación y se enviará por vía diplomática copia auténtica a cada uno de los Estados signatarios.

Artículo 11

El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del quinto instrumento de ratificación previsto en el párrafo segundo del artículo 10.

El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique posteriormente, a los sesenta días del depósito de su instrumento de ratificación.

Artículo 12

El presente Convenio se aplicará de pleno derecho a los territorios metropolitanos de los Estados contratantes.

Si un Estado contratante deseara su entrada en vigor en todos los territorios que represente en el plano internacional o en uno o varios de ellos, notificará su intención mediante un acta que se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. Este enviará, por vía diplomática, una copia auténtica a cada uno de los Estados contratantes. El Convenio entrará en vigor, para dichos territorios a los sesenta días del depósito del documento de notificación anteriormente mencionado.

Se entiende que la notificación prevista por el apartado segundo del presente artículo únicamente producirá efecto después de la entrada en vigor del presente Convenio en virtud del apartado primero del artículo 11.

Artículo 13

Cualquier Estado no representado en la Séptima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado podrá adherirse al presente Convenio.

Los instrumentos de adhesión se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Dicho Ministerio enviará por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados contratantes.

La adhesión únicamente tendrá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados que no formulen objeción alguna en los seis meses siguientes a la fecha de dicha comunicación.

Queda entendido que el depósito del acta del instrumento de adhesión únicamente podrá producirse después de la entrada en vigor del presente Convenio en virtud del apartado primero del artículo 11.

Artículo 14

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha indicada en el párrafo primero del artículo 11. Dicho plazo comenzará a transcurrir desde dicha fecha, incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido posteriormente.

Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años.

La denuncia deberá notificase al menos seis meses antes del vencimiento del plazo de cinco años al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, que la pondrá en conocimiento de todos los demás Estados contratantes.

La denuncia podrá limitarse a los territorios o a determinados de los territorios mencionados en una notificación efectuada en virtud del párrafo segundo del artículo 12.

La denuncia sólo tendrá efecto respecto al Estado que la haya notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes.

 

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente Convenio.

Hecho en La Haya, el primero de junio de 1956, en un ejemplar único, que deberá depositarse en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del que se remitirá por vía diplomática copia auténtica a cada uno de los Estados representados en la Séptima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=36

14: Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial

Entrada en vigor: 10-II-1969


Convenio[1] sobre la Notificación o Traslado en  el   Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial

(hecho el 15 de noviembre de 1965)

Los Estados signatarios del presente Convenio,

Deseando crear los medios necesarios para que los documentos judiciales y extrajudiciales que deben ser objeto de notificación o traslado en el extranjero sean conocidos por sus destinatarios en tiempo oportuno,

Interesados en mejorar a tal fin la asistencia judicial, simplificando y acelerando el procedimiento,

Han resuelto concluir un Convenio a tales efectos y han acordado las disposiciones siguientes:

Artículo 1

El presente Convenio se aplica, en materia civil o comercial, a todos los casos en que un documento judicial o extrajudicial deba ser remitido al extranjero para su notificación o traslado.

El Convenio no se aplicará cuando la dirección del destinatario del documento sea desconocida.

CAPITULO I – DOCUMENTOS JUDICIALES

Artículo 2

Cada Estado contratante designará una Autoridad Central que asuma, conforme a los artículos 3 a 6, la función de recibir las peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado contratante y darles curso ulterior.

Cada Estado organizará la Autoridad Central de conformidad a su propia ley.

Artículo 3

La autoridad o el funcionario ministerial o judicial competente según las leyes del Estado de origen dirigirá a la Autoridad Central del Estado requerido una petición conforme al formulario modelo anexo al presente Convenio, sin que sea necesaria la legalización de los documentos ni otra formalidad análoga.

La petición deberá acompañarse del documento judicial o de su copia, todo en doble ejemplar.

Artículo 4

Si la Autoridad Central estima que las disposiciones del Convenio no han sido respetadas, informará inmediatamente al requirente precisando sus objeciones contra la petición.

Artículo 5

La Autoridad Central del Estado requerido procederá u ordenará proceder a la notificación o traslado del documento:

a)   ya según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos otorgados en este país y que se destinen a personas que se encuentren en su territorio,

b)   ya según la forma particular solicitada por el requirente, siempre que no resulte incompatible con la ley del Estado requerido.

Salvo en el caso previsto en el párrafo primero, letra b), el documento podrá entregarse siempre al destinatario que lo acepte voluntariamente.

Si el documento debe ser objeto de notificación o traslado conforme al párrafo primero, la Autoridad Central podrá solicitar que el documento sea redactado o traducido a la lengua o a una de las lenguas oficiales de su país.

La parte de la solicitud que, conforme al formulario modelo anexo al presente Convenio, contiene los elementos esenciales del documento se remitirá al destinatario.

Artículo 6

La Autoridad Central de Estado requerido o cualquier autoridad que se haya designado a este fin expedirá un certificado conforme al formulario modelo anexo al presente Convenio.

El certificado describirá el cumplimiento de la petición; indicará la forma, el lugar y la fecha del cumplimiento así como la persona a la que el documento haya sido entregado. En su caso, precisará el hecho que haya impedido el cumplimiento.

El requirente podrá solicitar que el certificado que no haya sido expedido por la Autoridad Central o por una autoridad judicial sea visada[2] por una de estas autoridades.

El certificado se dirigirá directamente al requirente.

Artículo 7

Las menciones impresas en el formulario modelo anexo al presente Convenio estarán obligatoriamente redactadas en lengua francesa o en lengua inglesa. Podrán redactarse además en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del Estado de origen.

Los espacios en blanco correspondientes a tales menciones se cumplimentarán en la lengua del Estado requerido, en lengua francesa o en lengua inglesa.

Artículo 8

Cada Estado contratante tiene la facultad de realizar directamente, por medio de sus agentes diplomáticos o consulares, sin medida de compulsión alguna, las notificaciones o traslados de documentos judiciales a las personas que se encuentren en el extranjero.

Todo Estado podrá declarar que se opone a la utilización de esta facultad dentro de su territorio, salvo que el documento deba ser notificado o trasladado a un nacional del Estado de origen.

Artículo 9

Cada Estado contratante tiene además la facultad de utilizar la vía consular para remitir, a los fines de notificación o traslado, los documentos judiciales a las autoridades de otro Estado contratante que éste haya designado.

Si así lo exigen circunstancias excepcionales, cada Estado contratante tiene la facultad de utilizar, a los mismos fines, la vía diplomática.

Artículo 10

Salvo que el Estado de destino declare oponerse a ello, el presente Convenio no impide:

a)   la facultad de remitir directamente por vía postal, los documentos judiciales a las personas que se encuentren en el extranjero,

b)   la facultad, respecto de funcionarios judiciales, ministeriales u otras personas competentes del Estado de origen, de proceder a las notificaciones o traslados de documentos judiciales directamente a través de funcionarios ministeriales o judiciales u otras personas competentes del Estado de destino,

c)   la facultad, respecto de cualquier persona interesada en un procedimiento judicial, de proceder a las notificaciones o traslados de documentos judiciales directamente a través de funcionarios judiciales, ministeriales u otras personas competentes del Estado de destino.

Artículo 11

El presente Convenio no se opone a que los Estados contratantes acuerden admitir, a los fines de notificación o traslado de documentos judiciales, otras vías de transmisión distintas a las previstas en los artículos precedentes y, en particular, la comunicación directa entre sus autoridades respectivas.

Artículo 12

Las notificaciones o traslados de documentos judiciales provenientes de un Estado contratante no podrán dar lugar al pago o reembolso de las tasas o gastos por los servicios del Estado requerido.

El requirente está obligado a pagar o reembolsar los gastos ocasionados por:

a)   la intervención de un funcionario judicial o ministerial o de una persona competente según la ley del Estado de destino,

b)   la utilización de una forma particular.

Artículo 13

El cumplimiento de una petición de notificación o traslado conforme a las disposiciones del presente Convenio podrá ser rehusado únicamente si el Estado requerido juzga que este cumplimiento es de tal naturaleza que implica un atentado a su soberanía o a su seguridad.

El cumplimiento no podrá rehusarse por el solo motivo de que el Estado requerido reivindique competencia judicial exclusiva para el procedimiento en cuestión o de que su Derecho interno no admita la acción a que se refiera la petición.

En caso de denegación, la Autoridad Central informará inmediatamente al requirente e indicará los motivos.

Artículo 14

Las dificultades que surgieren con ocasión de la transmisión, a los fines de notificación o traslado de documentos judiciales, serán resueltas por vía diplomática.

Artículo 15

Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente haya sido remitido al extranjero a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones del presente Convenio, y el demandado no compareciere, el juez aguardará para proveer el tiempo que sea preciso hasta que se establezca que:

a)   el documento ha sido notificado o se ha dado traslado del mismo según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos otorgados en este país y que están destinados a las personas que se encuentran en su territorio, o bien

b)   que el documento ha sido efectivamente entregado al demandado o en su residencia según otros procedimientos previstos por el presente Convenio, y que, en cualquiera de estos casos, sea notificación o traslado, sea entrega, la misma ha tenido lugar en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse.

Cada Estado contratante tiene la facultad de declarar que sus jueces, no obstante las disposiciones del párrafo primero, podrán proveer a pesar de no haberse recibido comunicación alguna acreditativa, bien de la notificación o traslado, bien de la entrega, si se dan los siguientes requisitos:

a)   el documento ha sido transmitido según alguno de los modos previstos por el presente Convenio,

b)   ha transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el juez apreciará en cada caso particular y que será, al menos, de seis meses,

c)   no obstante las diligencias oportunas ante las autoridades competentes del Estado requerido, no ha podido obtener certificado alguno.

El presente artículo no impide que, en caso de urgencia, el juez ordene cualesquiera medidas provisionales o cautelares.

Artículo 16

Cuando un escrito de demanda o un documento equivalente debió remitirse al extranjero a efectos de notificación o traslado, según las disposiciones del presente Convenio, y se ha dictado resolución contra el demandado que no haya comparecido, el juez tendrá la facultad de eximir a dicho demandado de la preclusión resultante de la expiración de los plazos del recurso, si se reúnen las condiciones siguientes:

a)   el demandado, sin mediar culpa de su parte, no tuvo conocimiento en tiempo oportuno de dicho documento para defenderse o de la decisión para interponer recurso,

b)   las alegaciones del demandado aparecen provistas, en principio, de algún fundamento.

La demanda tendente a la exención de la preclusión sólo será admisible si se formula dentro de un plazo razonable a partir del momento en que el demandado tuvo conocimiento de la decisión.

Cada Estado contratante tendrá la facultad de declarar que tal demanda no será admisible si se formula después de la expiración de un plazo de tiempo que habrá de precisar en su declaración, siempre que dicho plazo no sea inferior a un año a computar desde la fecha de la decisión.

El presente artículo no se aplicará a las decisiones relativas al estado o condición de las personas.

CAPITULO II – DOCUMENTOS EXTRAJUDICIALES

Artículo 17

Los documentos extrajudiciales que emanen de autoridades o funcionarios ministeriales de un Estado contratante podrán ser remitidos a efectos de notificación o traslado en otro Estado contratante según las modalidades y condiciones previstas por el presente Convenio.

CAPITULO III – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 18

Cada Estado contratante podrá designar, además de la Autoridad Central, otras autoridades, determinando el alcance de sus competencias.

Sin embargo, el requirente tendrá siempre derecho a dirigirse directamente a la Autoridad Central.

Los Estados federales tendrán la facultad de designar varias Autoridades Centrales.

Artículo 19

El presente Convenio no se opone a que la ley interna de un Estado contratante permita otras formas de transmisión no previstas en los artículos precedentes, a efectos de notificación o traslado dentro de su territorio de documentos procedentes del extranjero.

Artículo 20

El presente Convenio no se opone a la adopción de acuerdos entre los Estados contratantes para derogar:

a)   el artículo 3, párrafo segundo, en lo relativo a la exigencia de doble ejemplar para los documentos remitidos,

b)   el artículo 5, párrafo tercero, y el artículo 7, en lo relativo a la utilización de los idiomas,

c)   el artículo 5, párrafo cuarto,

d)   el artículo 12, párrafo segundo.

Artículo 21

Cada Estado contratante notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, bien el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, bien ulteriormente:

a)   la designación de las autoridades previstas en los artículos 2 y 18,

b)   la designación de la autoridad competente para expedir el certificado previsto en el artículo 6,

c)   la designación de la autoridad competente para recibir los documentos remitidos por vía consular conforme al artículo 9.

En su caso y en las mismas condiciones, notificará:

a)   su oposición al uso de las vías de transmisión previstas en los artículos 8 y 10,

b)   las declaraciones previstas en los artículos 15, párrafo segundo, y 16, párrafo tercero,

c)   cualquier modificación de las designaciones, oposición y declaraciones antes mencionadas.

Artículo 22

El presente Convenio reemplazará, en las relaciones entre los Estados que lo hayan ratificado, los artículos 1 a 7 de los Convenios relativos al procedimiento civil, respectivamente firmados en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1 de marzo de 1954, en la medida en que dichos Estados sean Partes en uno u otro de estos Convenios.

Artículo 23

El presente Convenio no impide la aplicación del artículo 23 del Convenio relativo al procedimiento civil firmado en La Haya el 17 de julio de 1905 ni del artículo 24 del firmado en La Haya el 1 de marzo de 1954.

Sin embargo, estos artículos no serán aplicables más que si se hace uso de sistemas de comunicación idénticos a los previstos por dichos Convenios.

Artículo 24

Los acuerdos adicionales a dichos Convenios de 1905 y 1954, concluidos por los Estados contratantes se considerarán como igualmente aplicables al presente Convenio, salvo que los Estados interesados convengan otra cosa.

Artículo 25

Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 22 y 24, el presente Convenio no deroga los Convenios en que los Estados contratantes sean o puedan llegar a ser partes y que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio.

Artículo 26

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados representados en la Décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Será ratificado y los instrumentos de ratificación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Artículo 27

El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del tercer instrumento de ratificación previsto por el artículo 26, párrafo segundo.

El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique posteriormente, a los sesenta días del depósito de su instrumento de ratificación.

Artículo 28

Todo Estado no representado en la Décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado podrá adherirse al presente Convenio después de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, párrafo primero. El instrumento de adhesión será depositado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

El Convenio entrará en vigor para tal Estado sólo si no hay oposición por parte de algún Estado que hubiera ratificado el Convenio antes de dicho depósito, notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos en el plazo de seis meses a partir de la fecha en la que dicho Ministerio hubiera notificado esa adhesión.

Si no hubiera oposición, el Convenio entrará en vigor para el Estado adherente el primer día del mes que siga a la expiración del último de los plazos mencionados en el párrafo precedente.

Artículo 29

Todo Estado, en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, podrá declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los territorios que represente en el plano internacional o a uno o varios de esos territorios. Esta declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.

Posteriormente, toda extensión de esa naturaleza será notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

El Convenio entrará en vigor para los territorios mencionados en dicha extensión a los sesenta días de la notificación mencionada en el párrafo precedente.

Artículo 30

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor conforme a las disposiciones del párrafo primero del artículo 27, incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido a él posteriormente.

Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años.

Toda denuncia deberá notificarse al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, al menos seis meses antes del vencimiento del plazo de cinco años.

Podrá limitarse a algunos de los territorios a los que se aplique el Convenio.

La denuncia surtirá efecto sólo respecto del Estado que la haya notificado. El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes.

Artículo 31

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados a que hace referencia el artículo 26 y a los Estados que se hubieran adherido conforme a lo dispuesto en el artículo 28:

a)   las firmas y ratificaciones previstas en el artículo 26;

b)   la fecha en que el presente Convenio entrará en vigor conforme a las disposiciones del artículo 27, párrafo primero;

c)   las adhesiones previstas en el artículo 28 y la fecha en que surtirán efecto;

d)   las extensiones previstas en el artículo 29 y la fecha en que surtirán efecto;

e)   las designaciones, oposiciones y declaraciones mencionadas en el artículo 21;

f)    las denuncias previstas en el artículo 30, párrafo tercero.

 

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.

Hecho en La Haya el 15 de noviembre de 1965, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que deberá depositarse en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del que se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados representados en la Décima sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

 

N.B. El 25 de octubre de 1980, la Decimocuarta Sesión adoptó una Recomendación sobre la información adjunta a los documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial remitidos al extranjero (Actes et documents de la Quatorzième session (1980), tome I, Matières diverses, pp. I-67; ídem, Tome IV, Entraide judiciaire, p. 339; Manual Práctico sobre el Funcionamiento del Convenio de La Haya de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial).


 

[1] Se utiliza el término “Convenio” como sinónimo de “Convención”.

[2] Se utiliza “visada” como sinónimo de “refrendada” o “validada”.

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/specialised-sections/service

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=17

16: Convenio de 1 de febrero de 1971 sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial

Entrada en vigor: 20-VIII-1979


[Traducción preparada por los Profesores Borrás y González Campos – “Recopilación de los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (1951-2007), coordinación y estudio preliminar de Alegría Borrás y Julio D. González Campos, 2ª edición, Madrid (Editorial Marcial Pons), 2008″ – y revisada en colaboración con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.]

Convenio[1]sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias  Extranjeras en Materia Civil y Comercial

(hecho el 1 de febrero de 1971)
(entrado en vigor el 20 de agosto de 1979)

Los Estados signatarios del presente Convenio,

Deseando establecer normas comunes relativas al reconocimiento y ejecución mutua de las decisiones judiciales dictadas en sus respectivos países,

Han resuelto concluir un Convenio a tal efecto y han acordado las disposiciones siguientes:

CAPITULO I – AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO

Artículo 1

El presente Convenio se aplicará a las decisiones dictadas en materia civil o comercial por los tribunales de los Estados contratantes.

No se aplicará a las decisiones cuyo objeto principal sea  decidir:

1. en materia de estado o de capacidad de las personas o en materia de Derecho de familia, incluidos los derechos y obligaciones personales y patrimoniales entre padres e hijos y entre cónyuges;

2. sobre la existencia o la constitución de personas jurídicas o sobre los poderes de sus órganos;

3. en materia de obligaciones alimenticias, en la medida en que no estén incluidas en el número 1 de este artículo;

4. en materia sucesoria;

5. en materia de quiebra, convenio de quiebra o procedimientos análogos, incluidas las decisiones que pudieran resultar y que se refirieran a la validez de los actos del deudor;

6. en materia de seguridad social;

7. en materia de daños en el ámbito nuclear.

El Convenio no se aplicará a las decisiones que tengan por objeto el pago de cualquier tipo de impuestos, tasas o multas.

Artículo 2

El Convenio se aplicará a toda decisión, cualquiera que sea la denominación dada en el Estado de origen tanto al procedimiento como a la misma decisión, tal como sentencia, providencia o mandato de ejecución.

Sin embargo, no se aplicará a las decisiones que establezcan medidas provisionales o de conservación ni a las dictadas por los tribunales administrativos.

Artículo 3

El Convenio se aplicará con independencia de la nacionalidad de las partes.

CAPITULO II – CONDICIONES DE RECONOCIMIENTO Y EJECUCION

Artículo 4

La decisión dictada en uno de los Estados contratantes deberá ser reconocida y declarada ejecutiva en otro Estado contratante conforme a las disposiciones del presente Convenio:

1. si la decisión ha sido dictada por un tribunal considerado competente en el sentido del Convenio, y

2. si no puede ser objeto de un recurso ordinario en el Estado de origen.

Para ser declarada ejecutiva en el Estado requerido, la decisión deberá además ser susceptible de ejecución en el Estado de origen.

Artículo 5

El reconocimiento o la ejecución de la decisión puede, no obstante, ser rehusado en uno de los casos siguientes:

1. el reconocimiento o la ejecución de la decisión es manifiestamente incompatible con el orden público del Estado requerido [3];

2. la decisión es consecuencia de un fraude cometido en el procedimiento;

3. un litigio entre las mismas partes, basado en los mismos hechos y con el mismo objeto:

a) está pendiente ante un tribunal del Estado requerido, al que se acudió en primer lugar, o

b) ha dado lugar a una decisión dictada en el Estado requerido, o

c) ha dado lugar a una decisión dictada en otro Estado y que reúne las condiciones necesarias para su reconocimiento y ejecución en el Estado requerido.

Artículo 6

Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 5, una decisión dictada en rebeldía no será reconocida y declarada ejecutiva a menos que la demanda haya sido notificada a la parte no compareciente, según el Derecho del Estado de origen y si, teniendo en cuenta las circunstancias, esta parte ha dispuesto de un plazo suficiente para proceder a su defensa.

Artículo 7

El reconocimiento o la ejecución no podrá denegarse por la sola razón de que el tribunal del Estado de origen haya aplicado una ley distinta de la que habría sido aplicable según las normas de Derecho internacional privado del Estado requerido.

Sin embargo, el reconocimiento o la ejecución podrá denegarse cuando el tribunal del Estado de origen, para dictar su decisión, haya debido resolver una cuestión relativa ya al estado o capacidad de una parte, ya a sus derechos en las demás materias excluidas del Convenio por el artículo 1º, segundo párrafo, números 1 a 4, y hubiera llegado a un resultado diferente de aquel que se habría alcanzado aplicando a esta cuestión las normas de Derecho internacional privado del Estado requerido.

Artículo 8

A reserva de lo que sea necesario para la aplicación de los artículos precedentes, la autoridad del Estado requerido no procederá a ningún examen del fondo de la decisión dictada en el Estado de origen.

Artículo 9

En las cuestiones relativas a la competencia del tribunal del Estado de origen, la autoridad requerida estará vinculada por las constataciones de hecho sobre las que este tribunal haya fundado su competencia, a menos que se trate de una decisión dictada en rebeldía.

Artículo10

A los fines del Convenio, se considerará que el tribunal del Estado de origen es competente:

1. cuando el demandado tenía en el Estado de origen, en el momento de la presentación de la demanda, su residencia habitual o, si se trata de un demandado que no es una persona física, su sede, su lugar de constitución o su principal establecimiento;

2. cuando el demandado tenía en el Estado de origen, en el momento de la presentación de la demanda, un establecimiento comercial, industrial o de otro tipo, o una sucursal, y fue citado por cuestiones relativas a su actividad;

3. cuando la acción tuviera por objeto una diferencia relativa a un inmueble situado en el Estado de origen;

4. cuando el hecho dañoso en que se funda la acción y que ha provocado un perjuicio de orden corporal o material, ha ocurrido en el Estado de origen y el autor del hecho dañoso estaba presente en aquel territorio cuando ocurrieron los hechos;

5. cuando, mediante un acuerdo escrito o por un convenio oral confirmado por escrito en un plazo razonable, las partes se hubieran sometido a la competencia del tribunal del Estado de origen para conocer de las diferencias nacidas o futuras con ocasión de una relación jurídica determinada, a menos que el Derecho del Estado requerido se oponga por razón de la materia;

6. cuando el demandado ha respondido al fondo del asunto sin declinar la competencia del tribunal de origen o hacer reservas sobre este punto; sin embargo, esta competencia no será reconocida si el demandado ha procedido en cuanto al fondo para oponerse a un embargo o para obtener el levantamiento del embargo, o si el Derecho del Estado requerido se opone a esta competencia por razón de la materia;

7. cuando la persona contra la cual se solicita el reconocimiento o la ejecución era demandante en el proceso ante el tribunal del Estado de origen que la ha denegado, a menos que el Derecho del Estado requerido se oponga a esta competencia por razón de la materia.

Artículo 11

El Tribunal del Estado de origen que haya decidido sobre una demanda reconvencional se considerará competente en el sentido del Convenio:

1. cuando hubiera sido competente según el artículo 10, números 1 a 6, para conocer de esta demanda a título principal; o

2. cuando era competente según el artículo 10 para conocer de la demanda principal y la demanda reconvencional deriva del mismo contrato o del mismo hecho.

Artículo 12

La competencia del tribunal del Estado de origen puede no ser reconocida por la autoridad requerida en los casos siguientes:

1. cuando el Derecho del Estado requerido atribuye a las jurisdicciones de este Estado una competencia exclusiva, en razón de la materia o de un acuerdo entre las partes, para conocer de la acción que dio lugar a la decisión extranjera;

2. cuando el Derecho del Estado requerido admite, por razón de la materia, la competencia exclusiva de otra jurisdicción o la autoridad requerida se considera obligada a reconocer esta competencia exclusiva en razón de un acuerdo entre las partes;

3. cuando la autoridad requerida se considera obligada a reconocer un acuerdo por el cual se atribuyó una competencia exclusiva a árbitros.

CAPITULO III – PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO Y DE EJECUCION

Artículo 13

La parte que pretenda el reconocimiento o que pida la ejecución debe aportar:

1. una copia completa y auténtica de la decisión;

2. si se trata de una decisión en rebeldía, el original o una copia auténtica de los documentos que puedan probar que la demanda ha sido regularmente notificada a la parte no compareciente;

3. todo documento que pueda probar que la decisión responde a las condiciones previstas por el artículo 4, párrafo primero, número 2 y, en su caso, por el artículo 4, párrafo segundo;

4. salvo dispensa de la autoridad requerida, la traducción de los documentos antes mencionados autenticada por un agente diplomático o consular o por un traductor jurado o por cualquier otra persona autorizada a este efecto en uno de los dos Estados.

Si el contenido de la decisión no permite a la autoridad requerida verificar que se cumplen las condiciones del Convenio, esta autoridad puede exigir cualesquiera otros documentos útiles.

No podrá exigirse legalización ni formalidad análoga alguna.

Artículo 14

El procedimiento encaminado a obtener el reconocimiento o la ejecución de la decisión se regirá por el Derecho del Estado requerido, en la medida en que el presente Convenio no disponga otra cosa.

Si la decisión resolviera sobre varios puntos de la demanda que sean disociables, el reconocimiento o la ejecución podrán decidirse por separado.

Artículo 15

El reconocimiento o la ejecución de una condena en costas no pueden acordarse en virtud del presente Convenio más que si éste es aplicable al fondo de la decisión.

El Convenio se aplicará a las decisiones relativas a los gastos y costas, incluso si no proceden de un tribunal, a condición de que deriven de una decisión susceptible de ser reconocida o ejecutada en virtud del presente Convenio y que hayan estado sujetas a recurso judicial.

Artículo 16

La condena en costas pronunciada con ocasión del otorgamiento o denegación del reconocimiento o de la ejecución de una decisión no puede dar lugar a la aplicación del presente Convenio salvo si el solicitante del reconocimiento o la ejecución se ha apoyado en sus disposiciones.

Artículo 17

No podrá imponerse caución ni depósito alguno, bajo cualquier denominación, para garantizar el pago de las costas y gastos, por razón de la nacionalidad o del domicilio del solicitante, si éste tiene su residencia habitual o, cuando no se trate de una persona física, si tiene un establecimiento en un Estado que haya concluido con el Estado requerido un acuerdo complementario de acuerdo con el artículo 21.

Artículo 18

La parte que disfrutara de asistencia judicial gratuita en el Estado de origen gozará de ella en todo procedimiento encaminado al reconocimiento o la ejecución de la decisión en el Estado requerido, en las condiciones previstas por el Derecho de este Estado.

Artículo 19

Las transacciones realizadas ante un tribunal en el curso de un procedimiento que sean ejecutivas en el Estado de origen, serán declaradas ejecutivas en el Estado requerido en las mismas condiciones que las decisiones a que se refiere el presente Convenio, en tanto que estas condiciones les sean aplicables.

CAPITULO IV – LITISPENDENCIA

Artículo 20

Cuando dos Estados estén vinculados por un acuerdo complementario de acuerdo con el artículo 21, la autoridad judicial de uno de estos Estados tiene la facultad, cuando se incoa una acción ante ella, de no conocer o sobreseerla si otra acción entre las mismas partes, fundada en los mismos hechos y teniendo el mismo objeto, está pendiente ante un tribunal de otro Estado, y a condición de que esta acción pueda dar lugar a una decisión que las autoridades del primer Estado estarían obligadas a reconocer en virtud del Convenio.

No obstante, las autoridades de cada uno de estos Estados pueden adoptar medidas provisionales o de conservación, cualquiera que sea la jurisdicción que conozca del fondo del litigio.

CAPITULO V – ACUERDO COMPLEMENTARIO

Artículo 21

Las decisiones dictadas en un Estado contratante no serán reconocidas o declaradas ejecutivas en otro Estado contratante, conforme a las disposiciones de los artículos precedentes, a menos que  estos dos Estados, después de haber llegado a ser partes en el Convenio, hubieran concluido un acuerdo complementario a tal efecto.

Artículo 22

El presente Convenio no se aplicará a las decisiones dictadas antes de la entrada en vigor del acuerdo complementario previsto en el artículo 21, salvo si este acuerdo dispone otra cosa.

El acuerdo complementario continuará siendo aplicable a las decisiones respecto de las cuales se hubiera iniciado un procedimiento de reconocimiento o de ejecución antes de que produjera efectos la denuncia de dicho acuerdo.

Artículo 23

Los Estados contratantes tienen la facultad, en los acuerdos que concluyan en aplicación del artículo 21, de ponerse de acuerdo en:

1. precisar el sentido de los términos “en materia civil o comercial””, determinar los tribunales a cuyas decisiones se aplica el Convenio, determinar el sentido de los términos “seguridad social” y definir las palabras “residencia habitual”;

2. precisar el sentido del término “Derecho” en los Estados que tienen varios sistemas jurídicos;

3. incluir en el campo de aplicación del Convenio la materia de los daños en el ámbito nuclear;

4. aplicar el Convenio a las decisiones que establezcan medidas provisionales o de conservación;

5. no aplicar el Convenio a las decisiones dictadas durante un procedimiento penal;

6. precisar los casos en los que una decisión ya no puede ser objeto de un recurso ordinario;

7. reconocer y ejecutar las decisiones ejecutivas en el otro Estado, incluso si pueden aún ser objeto de un recurso ordinario y, en este caso, precisar las condiciones de una eventual suspensión del reconocimiento o la ejecución;

8. no aplicar el artículo 6 si la decisión dictada en rebeldía ha sido notificada a la parte no compareciente y si ésta ha tenido la posibilidad de presentar en tiempo útil un recurso contra esta decisión;

8 bis. considerar que la autoridad requerida no está vinculada por las comprobaciones de hecho sobre las que el tribunal del Estado de origen ha basado su competencia;

9. considerar competentes, en el sentido del artículo 10, a los tribunales del Estado en el que el demandado tiene su domicilio;

10. considerar que el tribunal de origen es competente en el sentido del Convenio en los casos en que su competencia esté prevista por otro Convenio en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido, cuando dicho Convenio no contenga reglas particulares sobre el reconocimiento o la ejecución de las decisiones;

11. considerar que el tribunal del Estado de origen es competente, en el sentido del Convenio, ya sea porque su competencia se admita por el Derecho del Estado requerido relativo al reconocimiento o la ejecución de las decisiones extranjeras, ya sea porque se base en otros criterios que los enumerados en el artículo 10;

12. precisar, para la aplicación del artículo 12, los criterios de competencia que son exclusivos en razón de la materia;

13. excluir la aplicación del artículo 12, número 1, en el caso en que la competencia exclusiva resulte de un acuerdo entre las partes, así como la del artículo 12, número 3;

14. regular el procedimiento para obtener el reconocimiento o la ejecución;

15. regular la ejecución de otras decisiones distintas a las que condenen al pago de una suma de dinero;

16. fijar un plazo, a partir de la sentencia, a cuya expiración ya no pueda solicitarse la ejecución;

17. regular las modalidades del pago de los intereses a partir de la sentencia;

18. adaptar a las exigencias de su Derecho la lista de documentos a presentar en virtud del artículo 13, pero con el único fin de permitir a la autoridad requerida verificar que se han cumplido las condiciones del Convenio;

19. someter los documentos previstos en el artículo 13 a legalización o formalidad análoga;

20. derogar tanto las disposiciones del artículo 17 como las del artículo 18;

21. hacer obligatorias las disposiciones del artículo 20, párrafo primero;

22. extender a los actos auténticos las disposiciones del Convenio y determinar el sentido de las palabras “actos auténticos”.

CAPITULO VI – DISPOSICIONES FINALES

Artículo 24

El presente Convenio no deroga otros Convenios relativos al reconocimiento y ejecución de decisiones de los que los Estados contratantes ya sean partes, en tanto que éstos no hayan concluido el acuerdo complementario previsto en el artículo 21.

A menos que se haya acordado otra cosa, las disposiciones de un acuerdo complementario concluido en aplicación del artículo 21 prevalecen sobre las de cualquier otro Convenio en vigor entre las partes relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones.

Artículo 25

Tanto si han celebrado o no el acuerdo complementario previsto en el artículo 21, los Estados contratantes no concluirán entre sí otros Convenios sobre reconocimiento y ejecución de decisiones a las que sea aplicable el presente Convenio, salvo si lo juzgan necesario, especialmente en razón de sus relaciones económicas o de las particularidades de sus Derechos.

Artículo26

No obstante las disposiciones de los artículos 24 y 25, el presente Convenio y los acuerdos complementarios previstos por el artículo 21 no derogan los Convenios de los que los Estados contratantes son o puedan ser partes y que, en materias particulares, regulen el reconocimiento y la ejecución de  decisiones.

Artículo 27

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados representados en la Décima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como a la de Chipre, Islandia y Malta.

Será ratificado y los instrumentos de ratificación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Artículo 28

El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del segundo instrumento de ratificación.

El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique con posterioridad, a los sesenta días del depósito de su instrumento de ratificación.

Artículo 29

Cualquier Estado no comprendido en el párrafo primero del artículo 27 podrá adherirse al presente Convenio después de su entrada en vigor conforme al artículo 28, párrafo primero.  El instrumento de adhesión se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

El Convenio sólo entrará en vigor para tal Estado en ausencia de oposición por parte de un Estado que haya ratificado el Convenio antes de dicho depósito, notificada al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, en un plazo de seis meses a partir de la fecha en la que este Ministerio le haya notificado esta adhesión.

En ausencia de oposición, el Convenio entrará en vigor para el Estado que se adhiere el primer día del mes siguiente a la expiración del último de los plazos mencionados en el párrafo precedente.

Artículo 30

Cualquier Estado, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, podrá declarar que el presente Convenio se extenderá a todos los territorios que represente en el plano internacional o a uno o varios de ellos.  Esta declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.

Posteriormente, cualquier extensión de esta naturaleza se notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

El Convenio entrará en vigor, para los territorios a que se refiera la extensión, a los sesenta días de la notificación mencionada en el párrafo precedente.

Las partes de un acuerdo complementario concluido en aplicación del artículo 21 determinarán su ámbito de aplicación territorial.

Artículo 31

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor, conforme al artículo 28, párrafo primero, incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido posteriormente.

Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años.

La denuncia deberá notificarse al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos al menos seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años.

La denuncia podrá limitarse a ciertos territorios a los que se aplica el Convenio.

La denuncia sólo tendrá efecto respecto al Estado que la haya notificado.  El Convenio permanecerá en vigor para los otros Estados contratantes.

Artículo 32

Todo acuerdo complementario concluido en aplicación del artículo 21 tendrá efecto en la fecha que fije; una copia auténtica, acompañada en su caso de una traducción al francés o al inglés, se remitirá al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Cualquier Estado contratante puede, sin denunciar el Convenio, denunciar un acuerdo complementario, ya sea según las disposiciones previstas para la denuncia por ese acuerdo, ya sea si el acuerdo no contiene ninguna disposición al respecto, mediante un preaviso de seis meses notificado al otro Estado.  Todo Estado que haya denunciado un acuerdo complementario informará de ello al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

No obstante la denuncia del Convenio, éste continuará produciendo sus efectos entre el Estado que lo haya denunciado y todo Estado con el cual hubiera concluido un acuerdo complementario en aplicación del artículo 21, salvo disposición contraria en el acuerdo.

Artículo 33

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados a que se refiere el artículo 27, así como a los Estados que se hayan adherido conforme a las disposiciones del artículo 29:

a) las firmas y ratificaciones a que se refiere el artículo 27;

b) la fecha en la que el presente Convenio entrará en vigor conforme a las disposiciones del artículo 28, párrafo primero;

c) las adhesiones previstas en el artículo 29 y la fecha en que producirán efecto;

d) las extensiones previstas en el artículo 30 y la fecha en que producirán efecto;

e) la traducción o el texto en francés o en inglés de los acuerdos complementarios concluidos en virtud del artículo 21;

f) las denuncias previstas en los artículos 31, párrafo tercera, y 32, párrafo segundo.

 

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.

Hecho en La Haya, el 1º de febrero de 1971, en francés y en inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que se depositará en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del que se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados representados en la Décima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como a Chipre, Islandia y Malta.

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=78

17: Protocolo de 1 de febrero de 1971 Adicional al Convenio de La Haya sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial

Entrada en vigor: 20-VIII-1979


[Traducción preparada por los Profesores Borrás y González Campos – “Recopilación de los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (1951-2007), coordinación y estudio preliminar de Alegría Borrás y Julio D. González Campos, 2ª edición, Madrid (Editorial Marcial Pons), 2008″ – y revisada en colaboración con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.]

Protocolo Adicional al Convenio[1]de La Haya sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial

(hecho el 1 de febrero de 1971)
(entrado en vigor el 20 de agosto de 1979)

 

Los Estados signatarios del presente Protocolo,

Conscientes del hecho de que ciertos criterios de competencia que no figuran en los artículos 10 y 11 del Convenio de La Haya sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial, sólo podrían permitir excepcionalmente el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en el plano internacional,

Convencidos de que los principios sobre los que se funda el presente Protocolo prevalecerán tanto en los acuerdos complementarios que se concluyan en aplicación del artículo 21 de dicho Convenio como en otros Convenios que puedan concluirse,

Han resuelto concluir un Protocolo a este efecto y han acordado las disposiciones siguientes:

1. El presente Protocolo se aplicará a todas las decisiones extranjeras, cualquiera que sea el Estado de origen, dictadas en las materias a las que se aplique el Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial, contra una persona que tenga su domicilio o su residencia habitual en un Estado contratante.

2. El reconocimiento y la ejecución en un Estado contratante de una decisión incluida en el número 1 debe ser rechazada a petición de la persona contra la que el reconocimiento o la ejecución se solicita, cuando la decisión no ha podido fundarse más que sobre uno o varios de los criterios de competencia mencionados en el número 4.

Sin embargo, el reconocimiento y la ejecución pueden no ser rechazados cuando la competencia del tribunal del Estado de origen haya podido, en este caso, fundarse igualmente sobre otro criterio de competencia que, entre el Estado de origen y el Estado requerido, autorice el reconocimiento y la ejecución.

3. Por Estados contratantes, en el sentido de los números 1 y 2, se entienden los Estados que son Parte del Convenio y que están vinculados entre ellos por un acuerdo complementario previsto en el artículo 21 de dicho Convenio.

4. Los criterios de competencia a que se refiere el párrafo primero del número 2 son los siguientes:

a) la existencia de bienes del demandado o el embargo de bienes por el demandante, en el territorio del Estado de origen, excepto:

– si la demanda se refiere a la propiedad o la posesión de dichos bienes o se refiere a otro litigio que les afecte,

– si el litigio concierne a un crédito garantizado en dicho territorio por una garantía real;

b) la nacionalidad del demandante;

c) el domicilio o la residencia, habitual u ordinaria, del demandante en el Estado de origen, salvo si esta competencia se admite en ciertas relaciones contractuales en razón al carácter particular de la materia;

d) el hecho de que el demandado haya realizado negocios en el Estado de origen, sin que el litigio se refiera a dichos negocios;

e) la notificación personal hecha en el Estado de origen durante una estancia temporal del demandado en el mismo;

f) la designación unilateral del tribunal por el demandante, particularmente en una factura.

5. Se considerará que una persona jurídica tiene su domicilio o su residencia habitual donde se encuentre su sede, el lugar de constitución o su establecimiento principal.

6. El presente Protocolo no afectará a los Convenios que, en materias particulares, hayan previsto o puedan prever criterios de competencia mencionados en el número 4.

7. El presente Protocolo se aplicará a reserva de las disposiciones de los Convenios en vigor en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.

8. En los acuerdos complementarios que se concluyan en aplicación del artículo 21 del Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial, los Estados parte no considerarán como competentes los tribunales cuya competencia esté fundada en uno o varios de los criterios enumerados en el número 4, salvo si se trata de evitar una denegación de justicia.

9. El presente Protocolo está abierto a la firma de todo Estado signatario del Convenio de La Haya sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil y Comercial.

Puede ser firmado y ratificado por cualquier Estado parte en el Convenio y los instrumentos de ratificación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, quien efectuará todas las notificaciones necesarias.

Entrará en vigor a los sesenta días del depósito del segundo instrumento de ratificación.

Para todo Estado que lo ratifique posteriormente, entrará en vigor a los sesenta días del depósito de su instrumento de ratificación.

La denuncia del Convenio entraña la denuncia del Protocolo.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Protocolo.

Hecho en La Haya, el 1º de febrero de 1971, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que deberá depositarse en los archivos del Gobierno de los Países Bajos y del que se remitirá por vía diplomática copia auténtica a cada uno de los Estados representados en la Décima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como a Chipre, Islandia y Malta.

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=79

20: Convenio de 18 de marzo de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial

Entrada en vigor: 7-X-1972


[Traducción preparada por los Profesores Borrás y González Campos – “Recopilación de los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (1951-2007), coordinación y estudio preliminar de Alegría Borrás y Julio D. González Campos, 2ª edición, Madrid (Editorial Marcial Pons), 2008″ – y revisada en colaboración con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.]

Convenio[1]sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial

(hecho el 18 de marzo de 1970)
(entrado en vigor el 7 de octubre de 1972)

Los Estados signatarios del presente Convenio,

Deseando facilitar la remisión y ejecución de cartas rogatorias [2] y promover la concordancia entre los diferentes métodos que los mismos utilizan a estos efectos,

Deseando acrecentar la eficacia de la cooperación judicial mutua en materia civil o mercantil,

Han resuelto concluir un Convenio a tales efectos y han acordado las disposiciones siguientes:

CAPITULO I – CARTAS ROGATORIAS

Artículo 1

En materia civil o comercial, la autoridad judicial de un Estado contratante podrá, en conformidad a las disposiciones de su legislación, solicitar de la autoridad competente de otro Estado, por carta rogatoria, la obtención de pruebas, así como la realización de otras actuaciones judiciales.

No se empleará una carta rogatoria para obtener pruebas que no estén destinadas a utilizarse en un procedimiento ya incoado o futuro.

La expresión “otras actuaciones judiciales” no comprenderá ni la notificación de documentos judiciales ni las medidas de conservación o de ejecución.

Artículo 2

Cada Estado contratante designará una Autoridad Central que estará encargada de recibir las cartas rogatorias expedidas por una autoridad judicial de otro Estado contratante y de remitirlas a la autoridad competente para su ejecución.  La Autoridad Central estará organizada según las modalidades preceptuadas por el Estado requerido.

Las cartas rogatorias se remitirán a la Autoridad Central del Estado requerido sin intervención de otra autoridad de dicho Estado.

Artículo 3

En la carta rogatoria, constarán los datos siguientes:

a)  la autoridad requirente y, a ser posible, la autoridad requerida;

b)  identidad y dirección de las partes y, en su caso, de sus representantes;

c)  la naturaleza y objeto de la demanda, así como una exposición sumaria de los hechos;

d) las pruebas que hayan de obtenerse o cualesquiera actuaciones judiciales que hayan de realizarse.

Cuando proceda, en la carta rogatoria se consignará también:

e)  los nombres y dirección de las personas que hayan de ser oídas;

f)  las preguntas que hayan de formularse a las personas a quienes se deba tomar declaración o los hechos acerca de los cuales se les deba oír;

g)  los documentos u otros objetos que hayan de examinarse;

h) la solicitud de que la declaración se presta bajo juramento o por afirmación solemne sin juramento y, cuando proceda, la indicación de la fórmula que haya de utilizarse;

i)  las formas especiales cuya aplicación se solicite conforme a lo dispuesto en el artículo 9.

Asimismo, en la carta rogatoria se mencionará, si hubiere lugar a ello, la información necesaria para la aplicación del artículo 11.

No se podrá exigir legalización alguna ni otra formalidad análoga.

Artículo 4

La carta rogatoria deberá estar redactada en la lengua de la autoridad requerida o ir acompañada de una traducción a dicha lengua.

Sin embargo, cada Estado contratante deberá aceptar la carta rogatoria redactada en francés o en inglés, o que vaya acompañada de una traducción a una de estas lenguas, salvo que hubiere formulado la reserva autorizada en el artículo 33.

Todo Estado contratante que tenga varias lenguas oficiales y no pudiere, por razones de Derecho interno, aceptar las cartas rogatorias en una de estas lenguas para la totalidad de su territorio, especificará, mediante una declaración, la lengua en que la carta rogatoria deba estar redactada o traducida para su ejecución en las partes especificadas de su territorio.  En caso de incumplimiento sin motivo justificado de la obligación derivada de esta declaración, los gastos de traducción a la lengua exigida serán sufragados por el Estado requirente.

Todo Estado contratante mediante una declaración, podrá especificar la lengua o lenguas en las que, aparte de las previstas en los párrafos precedentes, puede enviarse la carta rogatoria a su Autoridad Central.

La conformidad de toda traducción que acompañe a una carta rogatoria, deberá estar certificada por un funcionario diplomático o consular, o por un traductor jurado [3], o por cualquier otra persona autorizada a tal efecto en uno de los dos Estados.

Artículo 5

Si la Autoridad central estimare que no se han cumplido las disposiciones del presente Convenio, informará inmediatamente de ello a la autoridad del Estado requirente que le haya remitido la carta rogatoria y precisará sus objeciones al respecto.

Artículo 6

Si la autoridad requerida no tuviere competencia para su ejecución, la carta rogatoria se remitirá, de oficio y sin demora, a la autoridad judicial competente del mismo Estado según las normas establecidas por la legislación de éste.

Artículo 7

Si la autoridad requirente lo pidiere, se le informará de la fecha y lugar en que se procederá a la actuación solicitada, a fin de que las partes interesadas y, en su caso, sus representantes puedan asistir a la misma.  Esta información se remitirá directamente a dichas partes o a sus representantes, cuando la autoridad requirente así lo pidiere.

Artículo 8

Todo Estado contratante podrá declarar que a la ejecución de una carta rogatoria podrán asistir miembros del personal judicial de  la autoridad requirente de otro Estado contratante.  Esta medida podrá estar sujeta a la previa autorización de la autoridad designada por el Estado declarante.

Artículo 9

La autoridad judicial que proceda a la ejecución de una carta rogatoria, aplicará en cuanto a la forma las leyes de su propio país.

Sin embargo, se accederá a la solicitud de la autoridad requirente de que se aplique un procedimiento especial, excepto si este procedimiento es incompatible con la ley del Estado requerido o es imposible su aplicación debido a la práctica judicial del Estado requerido o por sus dificultades prácticas.

 

La carta rogatoria se ejecutará con carácter de urgencia.

Artículo 10

Al ejecutar la carta rogatoria, la autoridad requerida aplicará los medios de compulsión apropiados previstos por su ley interna en los casos y en la misma medida en que estaría obligada a aplicar para ejecutar un exhorto de las autoridades de su propio Estado o una petición formulada a este efecto por una parte interesada.

Artículo 11

La carta rogatoria no se ejecutará cuando la persona designada en la misma alegare una exención o una prohibición de prestar declaración que haya establecido:

a)  la ley del Estado requerido; o

b)  la ley del Estado requirente, si se especifican en la carta rogatoria o, en su caso, si así lo confirmare la autoridad requirente a instancias de la autoridad requerida.

Además, todo Estado contratante podrá declarar que reconoce las exenciones y prohibiciones establecidas por la ley de otros Estados distintos del Estado requirente y del Estado requerido, en la medida en que se especifiquen en tal declaración.

Artículo 12

La ejecución de la carta rogatoria sólo podrá denegarse en la medida en que:

a) en el Estado requerido la ejecución no correspondiere a las atribuciones del Poder judicial; o

b) el Estado requerido estimare que podría causar perjuicio a su soberanía o seguridad.

No se podrá denegar la ejecución por el solo motivo de que la ley del Estado requerido reivindique una competencia judicial exclusiva en el asunto de que se trate, o no admita vías jurídicas que respondan  al objeto de la demanda presentada ante la autoridad requirente.

Artículo 13

La autoridad requerida remitirá a la autoridad requirente, por la misma vía que esta última haya utilizado, los documentos en que se haga constar la ejecución de la carta rogatoria.

Cuando la carta rogatoria no fuere ejecutada en su totalidad o en parte, se informará inmediatamente de ello por la misma vía a la autoridad requirente y se le comunicarán las razones por las que no ha sido ejecutada.

Artículo 14

La ejecución de la carta rogatoria no dará lugar al reembolso de tasas o gastos de cualquier clase.

Sin embargo, el Estado requerido tiene derecho a exigir del Estado requirente el reembolso de los honorarios pagados a peritos e intérpretes y el de los gastos que ocasione la aplicación de un procedimiento especial solicitado por el Estado requirente, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 9.

La autoridad requerida cuya legislación estableciere que son las partes las que deben aportar las pruebas y no pudiere ejecutar por sí misma la carta rogatoria, podrá encargar de ello a una persona habilitada al efecto, una vez obtenido el consentimiento de la autoridad requirente. Al solicitar este consentimiento, la autoridad requerida indicará el importe aproximado de los gastos que resultarían de dicha intervención. El consentimiento implicará, para la autoridad requirente, la obligación de reembolsar dichos gastos. Si no se presta este consentimiento, la autoridad requirente no tendrá que sufragarlos.

CAPITULO II – OBTENCION DE PRUEBAS POR FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS O CONSULARES Y POR COMISARIOS

Artículo 15

En materia civil o comercial, un funcionario diplomático o consular de un Estado contratante podrá, en el territorio de otro Estado contratante y dentro de una circunscripción en donde ejerza sus funciones, proceder, sin compulsión, a la obtención de pruebas de nacionales de un Estado que dicho funcionario represente y que se refieran a un procedimiento incoado ante un Tribunal de dicho Estado.

Todo Estado contratante podrá declarar que esta obtención de pruebas por un funcionario diplomático o consular, sólo podrá efectuarse mediante autorización, a petición de dicho funcionario o en su nombre, por la autoridad competente que el Estado declarante designe.

Artículo 16

Un funcionario diplomático o consular de un Estado contratante podrá también, en el territorio de otro Estado contratante y dentro de la circunscripción en que ejerza sus funciones, proceder, sin compulsión, a la obtención de pruebas de nacionales del Estado de residencia, o de un tercer Estado, y que se refieran a un procedimiento incoado ante un Tribunal del Estado que dicho funcionario represente:

a)  si una autoridad competente designada por el Estado de residencia hubiere dado su autorización, en general o para un caso particular; y

b)  si cumple las condiciones que la autoridad competente hubiere fijado en la autorización.

Todo Estado contratante podrá declarar que la obtención de pruebas previstas en el presente artículo podrá realizarse sin previa autorización.

Artículo 17

En materia civil o comercial toda persona designada en debida forma como comisario podrá, en el territorio de un Estado contratante, proceder, sin compulsión, a la obtención de pruebas que se refieran a un procedimiento incoado ante un Tribunal de otro Estado contratante:

a)  si una autoridad competente designada por el Estado donde hayan de obtenerse las pruebas, hubiera dado su autorización, en general, o para cada caso particular; y

b) si dicha persona cumple las condiciones que la autoridad competente hubiere fijado en la autorización.

Todo Estado contratante podrá declarar que la obtención de pruebas en la forma prevista en el presente artículo podrá realizarse sin autorización previa.

Artículo 18

Todo Estado contratante podrá declarar que un funcionario diplomático o consular o un comisario, autorizados para la obtención de pruebas de conformidad a los artículos 15, 16 y 17, estará facultado para solicitar de la autoridad competente designada por dicho Estado la asistencia necesaria para obtener las pruebas mediante compulsión. La declaración podrá incluir las condiciones que el Estado declarante estime conveniente imponer.

Cuando la autoridad competente accediere a la solicitud, aplicará las medidas de compulsión adecuadas y previstas por su ley interna.

Artículo 19

La autoridad competente, al dar la autorización prevista en los artículos 15, 16 y 17 o al acceder a la solicitud prevista en el artículo 18, podrá fijar las condiciones que estime convenientes, en especial la hora, la fecha y el lugar de la práctica de la prueba.  Asimismo, podrá pedir que se le notifique, con antelación razonable, la hora, la fecha y el lugar mencionados; en este caso, un representante de la expresada autoridad podrá estar presente en la obtención de las pruebas.

Artículo 20

Las personas a quienes concierna la obtención de pruebas prevista en el presente Capítulo, podrán recabar la asistencia de su abogado.

Artículo 21

Cuando un funcionario diplomático o consular o un comisario estuvieren autorizados a proceder a la obtención de pruebas conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17:

a) podrán proceder a la obtención de pruebas de toda clase, siempre que ello no sea incompatible con la ley del Estado donde se realice o contrario a la autorización concedida, en virtud de dichos artículos, y recibir, en las mismas condiciones, una declaración bajo juramento o una declaración solemne sin juramento;

b)  salvo que la persona a la que concierna la obtención de pruebas fuere nacional del Estado donde se hubiere incoado el procedimiento, toda citación para comparecer o aportar pruebas estará redactada en la lengua del lugar donde haya de obtenerse la prueba, o irá acompañada de una traducción a dicha lengua;

c)  la citación indicará que la persona podrá estar asistida por un abogado y, en todo Estado que no hubiere formulado la declaración prevista en el artículo 18, que dicha persona no estará obligada a comparecer ni a aportar pruebas;

d)  la obtención de pruebas podrá efectuarse según las modalidades previstas por la ley del tribunal ante el que se hubiere incoado el procedimiento, siempre que esas modalidades no estuvieren prohibidas por la ley del Estado donde haya de practicarse la prueba;

e)  la persona requerida para la obtención de pruebas podrá alegar las exenciones y prohibiciones previstas en el artículo 11.

Artículo 22

El hecho de que no haya podido efectuarse la obtención de pruebas conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, por haberse negado una persona a participar en dicho acto, no impedirá que posteriormente se expida carta rogatoria para esa obtención de pruebas de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo primero.

CAPITULO III – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 23

Todo Estado contratante podrá declarar en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, que no ejecutará las cartas rogatorias que tengan por objeto el procedimiento conocido en los países de Common Law con el nombre de “pre-trial discovery of documents“.

Artículo 24

Todo Estado contratante podrá designar, además de la Autoridad Central, otras autoridades cuyas competencias habrá de determinar.  No obstante, las cartas rogatorias podrán remitirse en todo caso a la Autoridad Central.

Los Estados federales estarán facultados para designar varias Autoridades Centrales.

Artículo 25

Todo Estado contratante en donde estuvieren vigentes varios sistemas de Derecho, podrán designar a las autoridades de uno de dichos sistemas, las cuales tendrán competencia exclusiva para la ejecución de cartas rogatorias en aplicación del presente Convenio.

Artículo 26

Todo Estado contratante, si estuviere obligado a ello por razones de Derecho constitucional, podrá pedir al Estado requirente el reembolso de los gastos de ejecución de la carta rogatoria relativos a la notificación o citación de comparecencia, las indemnizaciones que hayan de pagarse a la persona que preste declaración y los gastos del acta de la práctica de la prueba.

Cuando un Estado hubiere formulado una solicitud conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente, cualquier otro Estado contratante podrá pedir a dicho Estado el reembolso de gastos similares.

Artículo 27

Las disposiciones del presente Convenio no impedirán que un Estado contratante:

a) declare que se podrán remitir cartas rogatorias a sus autoridades judiciales por vías distintas de las previstas en el artículo 2;

b) permita, de conformidad con su legislación o costumbres internas, ejecutar en condiciones menos restrictivas los actos a que este Convenio se aplique;

c) permita, de conformidad con su legislación o costumbre internas, métodos de obtención de prueba distintos de los previstos por el presente Convenio.

Artículo 28

El presente Convenio no impedirá un acuerdo entre dos o más Estados contratantes para derogar:

a) el artículo 2 en lo relativo a la vía de remisión de las cartas rogatorias;

b) el artículo 4, en lo relativo a las lenguas que podrán utilizarse;

c) el artículo 8, en lo relativo a la presencia de personal judicial en la ejecución de las cartas rogatorias;

d) el artículo 11, en lo relativo a las exenciones y prohibiciones de prestar declaración;

e) el artículo 13, en lo relativo a la remisión de los documentos en los que se haga constar la ejecución;

f) el artículo 14, en lo relativo al pago de los gastos;

g) las disposiciones del Capítulo II.

Artículo 29

El presente Convenio sustituirá, en las relaciones entre Estados que lo hubieren ratificado, a los artículos 8 a 16 de los Convenios sobre procedimiento civil, suscritos en La Haya el 17 de julio de 1905 y el 1 de marzo de 1954, respectivamente, en la medida en que dichos Estados fueren Parte en uno u otro de estos Convenios.

Artículo 30

El presente Convenio no afectará a la aplicación del artículo 23 del Convenio de 1905, ni a la del artículo 24 del Convenio de 1954.

Artículo 31

Los acuerdos adicionales a los Convenios de 1905 y 1954, concluidos por los Estados contratantes, se reputarán igualmente aplicables al presente Convenio, a no ser que los Estados interesados acordaren lo contrario.

Artículo 32

Sin perjuicio de la aplicación de los artículos 29 y 31, el presente Convenio no derogará los Convenios en que los Estados contratantes fueren Partes, actualmente o en el futuro, y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente Convenio.

Artículo 33

Todo Estado, en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, podrá excluir, en su totalidad o en parte, la aplicación de las disposiciones del párrafo segundo del artículo 4 y del Capítulo II.  No se admitirá ninguna otra reserva.

Todo Estado contratante podrá retirar en cualquier momento la reserva que hubiere formulado.  El efecto de la reserva cesará a los sesenta días de la notificación del retiro .

Cuando algún Estado hubiere formulado alguna reserva, cualquier otro Estado afectado por ésta podrá aplicar la misma norma, con respecto al primer Estado.

Artículo 34

Todo Estado podrá, en cualquier momento, retirar o modificar una declaración.

Artículo 35

Cada Estado contratante dará a conocer al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión, o con posterioridad, la designación de autoridades a que se hace referencia en los artículos 2, 8, 24 y 25.

Todo Estado contratante notificará cuando proceda y en las mismas condiciones:

a) la designación de las autoridades a las cuales los agentes diplomáticos o consulares deberán dirigirse en virtud del artículo 16, así como de las autoridades que puedan conceder la autorización o asistencia previstas en los artículos 15, 16 y 18;

b )la designación de las autoridades que puedan conceder al comisario la autorización prevista en el artículo 17 o la asistencia prevista en el artículo 18;

c) las declaraciones previstas en los artículos 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 y 27;

d) todo retiro o modificación de las designaciones y declaraciones antes mencionadas;

e) todo retiro de reservas.

Artículo 36

Las dificultades que pudieran surgir entre los Estados contratantes, con ocasión de la aplicación del presente Convenio, se resolverán por vía diplomática.

Artículo 37

El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados representados en la Undécima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Será ratificado y los instrumentos de ratificación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Artículo 38

El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta días del depósito del tercer instrumento de ratificación a que se hace referencia en el párrafo segundo del artículo 37.

El Convenio entrará en vigor, para cada Estado signatario que lo ratifique posteriormente, a los sesenta días del depósito de su instrumento de ratificación.

Artículo 39

Todo Estado no representado en la Undécima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que fuere Miembro de la Conferencia o de las Naciones Unidas o de un organismo especializado de las Naciones Unidas o que fuere parte en el Estatuto de la Corte  Internacional de Justicia, podrá adherirse al presente Convenio después de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 38.

El instrumento de adhesión se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

El Convenio entrará en vigor, para el Estado que se adhiere, a los sesenta días del depósito de su instrumento de adhesión.

La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que hubieren declarado aceptar dicha adhesión.  Esta declaración se depositará en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, el cual enviará, por vía diplomática, una copia auténtica a cada uno de los Estados contratantes.

El Convenio entrará en vigor, entre el Estado adherente y el Estado que hubiere declarado aceptar la adhesión, a los sesenta días del depósito de la declaración de aceptación.

Artículo 40

Todo Estado, en el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, podrá declarar que el presente Convenio se extenderá al conjunto de los territorios que dicho Estado represente en el plano internacional, o a uno o varios de esos territorios.  Esta declaración surtirá efecto en el momento de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.

Con posterioridad, toda extensión de esta naturaleza se notificará al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.

Para los territorios mencionados en la extensión, el Convenio entrará en vigor a los sesenta días de la notificación mencionada en el párrafo precedente.

Artículo 41

El presente Convenio tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 38, incluso para los Estados que lo hayan ratificado o se hayan adherido al mismo posteriormente.

Salvo denuncia, el Convenio se renovará tácitamente cada cinco años.

La denuncia deberá notificarse al Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, al menos seis meses antes del vencimiento del plazo de cinco años.

La denuncia se podrá limitar a ciertos territorios a los que se aplique el Convenio.

La denuncia solamente surtirá efecto con respecto al Estado que la haya notificado.  El Convenio permanecerá en vigor para los demás Estados contratantes.

Artículo 42

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados mencionados en el artículo 37, así como a los Estados que se hubieren adherido conforme a lo dispuesto en el artículo 39:

a) las firmas y ratificaciones a que hace referencia el artículo 37;

b) la fecha en que el presente Convenio entre en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo 38, párrafo primero;

c) las adhesiones a que hace referencia el artículo 39 y las fechas en que surtan efecto;

d) las extensiones a que hace referencia el artículo 40 y las fechas en que surtan efecto;

e) las designaciones, reservas y declaraciones mencionadas en los artículos 33 y 35;

f) las denuncias a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 41.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.

Hecho en La Haya, a 18 de marzo de 1970, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un ejemplar único, que deberá depositarse en los archivos del Gobierno de los Países Bajos, y del que se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados representados en la Undécima Sesión de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/specialised-sections/evidence

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s