Las desamortizaciones Españolas: Sus orígenes y sus consecuencias.

Para el que quiera leerse esta información aquí expuesta, los orígenes y consecuencias de las desamortizaciones eran las guerras, y entrar en la Economía del Parasitismo de la Deuda, de la Usura, en donde se consolidaba la deuda pública y en donde el Estado debía de tener “credibilidad”, toda la propiedad privada posible, especialmente la del clero, se hacía pública, se reducía el poder espiritual de la Iglesia Católica, y se dejaba invadir por el “cambio de estructura de la propiedad de la tierra” además de “incrementar la productividad del sector primario”=dinero, y “consolidar el estado liberal” propio del Capitalismo, de la ley civil, no de la ley Natural como hasta hora había pasado en España. El cumplir una promesa solemne de dar una garantía positiva a la deuda nacional mediante la “amortización = al producto de ventas” abriendo fuente de ¿¿¿felicidad pública??? Además justifica que son los campesinos, pobres, los beneficiarios de dichas maniobras legales, cuando los que tienen más dinero no eran los campesinos, probablemente industriales, burgueses y nobles. Cambiando una tributación al Estado de nuevas tierras, prolongándose la esclavitud de la deuda.

Las Desamortizaciones

Toda desamortización es un intento de sanear la Hacienda (=Esclavitud de la deuda). Para que haya un Estado fuerte debe haber una Hacienda saneada, y para que haya una Hacienda saneada es necesario que los contribuyentes puedan pagar sus impuestos. Es el principio liberal de que la suma de las riquezas particulares es la riqueza de toda la nación.

Durante la Ilustración se tomaron varias medidas para intentar enriquecer la nación por medio del fomento del comercio y de la industria. Estas medidas fallan por no haber consumidores posibles: la inmensa mayoría de tales consumidores serían los campesinos que están sometidos a una economía de subsistencia. La tierra es, pues, el factor desencadenante. Los labradores no pueden contribuir a Hacienda por esta economía de subsistencia en la que viven a la que se añade una doble fiscalidad: la que les impone la Iglesia, por una parte, y la que les imponen los señores feudales o el Estado. Si le añadimos a esto los grandes gastos a los que deben hacer frente (herramientas y materiales cada equis tiempo y semillas y abonos de forma anual), entenderemos que no tiene ningún sentido pretender que sean consumidores de los bienes que esa industria posible pudiera ofrecerles.

Para que puedan entrar en la economía nacional, los labradores deben convertirse en empresarios; en consecuencia, el Estado debe, en primer lugar, quitar los obstáculos de todo tipo con que cuentan para ello y, en segundo lugar, convertirlos en propietarios de sus propias tierras.

En el siglo XVIII, un enorme porcentaje de las tierras de España era o bien improductivo (es decir, no cultivable) o bien de bajo rendimiento: pastos, cotos de caza, tierras abandonadas… En 1766 se abre un expediente para intentar obtener datos que permitan elaborar una Ley agraria. El resultado hacía evidente la necesidad de un cambio en la propiedad de las tierras que entonces se hallaban en poder de las llamadas “manos muertas”. Estas son tierras el poder de una serie de instituciones (señoríos, Iglesia, Ayuntamientos, el propio Estado) que no pueden vender las tierras por estar vinculadas a ellas. Estas tierras ni son cultivadas ni pagan impuestos de ningún tipo, por lo que no generan riqueza alguna. La solución era evidente: era necesario que el Estado se apropiara de estas tierras y las pusiera a la venta libre a través de la subasta al mejor postor.

Existen varias desamortizaciones:

  1. En 1768 se produce la llamada Reforma de Olavide, dotada sobre todo de un sentido social, por la que el Estado vende tierras de su propiedad (parte de ellas obtenida tras la confiscación de los bienes de los jesuitas ­que habían sido expulsados de España) a:
  2. Labradores ricos que pudieran poner en explotación esas tierras sin necesidad de subvenciones.
    2. Propietarios que deberían arrendar obligatoriamente las tierras a braceros.
    3. Campesinos relativamente pobres que pudieran explotar un pequeño terreno por sí mismos.

Estas ventas se hacían con la condición de que la posesión de las tierras nunca pudiera volver a manos muertas. De esta ley sólo se cumplieron los puntos 1 y 2 dado que era necesario conceder préstamos y subvenciones para que el punto 3 pudiera salir también adelante.

  1. Antes de la Guerra de la Independencia tiene lugar la desamortización de Godoy (bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, cofradías).
  2. Entre 1808 y 1823 se aplican las desamortizaciones decretadas, por un lado por José Bonaparte y por otro, por las Cortes de Cádiz (bienes de la Inquisición y reducción a un tercio del número de monasterios y conventos).
  3. En la desamortización de Mendizábal 1834 -1854 se procede a la venta del patrimonio del clero regular (monjes, frailes) y de parte del secular, lo que implicó la desaparición de monasterios y conventos y que el Estado se comprometiera a proteger al clero por medio de subvenciones y pago de salarios.
  4. La Ley General de 1 de mayo de 1855 o Ley Pascual Madoz es la más importante, dado que es la de mayor duración y completa la enajenación de los bienes del clero tanto regular como secular.

El conjunto de todas estas desamortizaciones tuvo como resultado la venta de una extensión de tierras equivalente al 25% del territorio español y el saneamiento parcial de la economía en momentos puntuales en que las guerras o las crisis económicas hacían más necesaria la disposición de dinero por parte del Estado. Sus beneficiarios fueron sobre todo los miembros de la burguesía tanto urbana como rural, y en mucha menor medida los campesinos, por lo que se puede decir que no tuvo efectos determinantes en el aspecto social.

Desamortización de Godoy:
En España, la primera desamortización fue realizada por Godoy entre 1800 y 1808, e incluía también bienes no explotados de particulares. José I realizó también una pequeña desamortización que no implicó la supresión de la propiedad, sino la confiscación de sus rentas para el avituallamiento y gastos de guerra de las tropas francesas, de forma que se devolvieron en 1814; durante el Trienio liberal (18201823) se hicieron otras desamortizaciones tan poco ambiciosas como esta e igualmente deshechas tras la caída del régimen liberal.
Desamortización de Mendizábal:

La desamortización del ministro Mendizábal, a pesar de no conseguir modificar la estructura de la propiedad en la tierra, ni incrementar la productividad del sector primario, permitió consolidar el estado liberal en la España del XIX.

Desamortización de Mendizábal

“Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan sólo cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las ventas, es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria de la circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo de orden y de la libertad [..,] El Decreto sobre la venta de esos bienes adquiridos ya para la Nación así como en su resultado material ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es menester que en su tendencia se encadene, se funda con la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones.
 
Real Decreto declarando la venta de los bienes del clero. Mendizábal, 19 de Febrero de 1836. 
CLASIFICACIÓN: Nos encontramos ante un fragmento del Decreto de Desamortización de los Bienes del Clero, más conocido como la Desamortización de Mendizábal, es una fuente primaria de tipo legislativo. Es de carácter público y su destinatario es la nación española. La intención del autor es la de justificar la necesidad de realizar una desamortización de los bienes del clero.
Comentario de Historia. La desamortización de Mendizábal.
Chiste gráfico sobre la desamortización de Mendizábal

ANÁLISIS: La idea principal es la de justificar la desamortización de los bienes del clero. En su justificación subyacen varias ideas secundarias que conviene que sean tratadas. Una de las ideas es la necesidad de vender las tierras del clero para poder hacer frente al pago de la deuda pública. El Estado se ha endeudado recientemente con la Guerra Carlista con la emisión de letras, bonos y obligaciones que amenazan con la bancarrota del Estado. Otra idea a destacar es la necesidad de poner a la venta las tierras que se encontraban vinculadas y amortizadas por la Iglesia en el conocido como “régimen de manos muertas” que impedía su venta, la salida a venta de estas tierras sería clave para una redistribución de la tierra y un cambio en la estructura de la propiedad agraria, además estas tierras tributarían en adelante al Estado. Por otro lado, al pasar a manos de campesinos, las explotarían incrementando así el Producto Interior Bruto del país, y se espera que también la productividad agraria. Además, los nuevos propietarios consolidarían en el trono a la futura Isabel II y crearían una masa de población afín al liberalismo y contraria al Carlismo.

COMENTARIO: Para hablar del contexto histórico de este texto tenemos que remontarnos a 1833, con la muerte de Fernando VII, su hija, la futura Isabel II se convierte en heredera al trono, sin embargo, se encuentra con la oposición del bando carlista, un grupo que no admite la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica y proclama como heredero legítimo al trono a Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII. María Cristina, la madre de Isabel, es proclamada regente debido a la minoría de edad de la Reina, ante la oposición carlista no encuentra otra salida que la alianza con los liberales, hasta entonces denostados y represaliados en la llamada Década Ominosa. Esta alianza supone el fin del Antiguo Régimen en España, a partir de 1834, el régimen liberal comenzará a dictar leyes que terminen con el Antiguo Régimen y consoliden el liberalismo en España, de las más importantes de este periodo será la Constitución de 1837 y la conocida como Desamortización de Mendizábal. 
A pesar de los buenos propósitos de esta ley, sus resultados fueron bastante mediocres, por ejemplo, no se consiguió recaudar con la venta de estos bienes mucho dinero, puesto que se aceptaron vales de deuda, los conocidos como “Vales Reales” endosables y que habían sido emitidos por Carlos IV, así que las arcas del Estado siguieron siendo exiguas.
También se pretendía un incremento de la producción así como de la productividad. Y aunque es cierto que se consiguió aumentar el volumen de producción debido al aumento de tierra cultivable, en lo que se refiere a productividad, los rendimientos bajaron notablemente, ya que las tierras que se explotaron no eran tan ricas ni fértiles y no eran capaces de dar grandes cosechas por lo que disminuyó la productividad por hectárea.
Tampoco se consiguió cambiar la estructura de la propiedad de la tierra, ni redistribuir la riqueza, ya que la venta se realizó en pública subasta y no existió ningún tipo de limitación, así que las nuevas tierras fueron a parar a la alta burguesía y a la nobleza latifundista. Así fue una oportunidad perdida para llevar a cabo una auténtica reforma agraria.
Podemos decir que la desamortización de Mendizábal fracasa en sus objetivos sociales, sin embargo, es cierto que consigue aumentar la producción agraria nacional, que conllevará un aumento demográfico, y conseguirá en cierto modo paliar la deuda pública contraída con la guerra. También conseguirá introducir la agricultura en el sistema capitalista liberal, que se basa en la liberta de propiedad, explotación y comercio.
2.Las desamortizaciones.
1. La propiedad de la tierra: de la propiedad feudal del Antiguo Régimen a la propiedad capitalista del régimen liberal. Ya los diputados de las Cortes de Cádiz, entre 1811 y 1813, iniciaron la labor de convertir en libre la propiedad inmueble del Antiguo Régimen: las fincas rústicas y urbanas, y es obligado decir “iniciaron” porque, con los vaivenes políticos de las décadas siguientes, el proceso no finalizaría hasta 1841.
La primera tarea fue desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes
eclesiásticos y municipales. Ambas acciones pretendían lo mismo: sacar al mercado libre, para que fueran objeto de compra y venta, bienes que el Antiguo Régimen había dejado al margen del mismo. La palabra desvinculación se aplicaba a los bienes de los seglares, y la de desamortización, a los bienes de los eclesiásticos. Se trataba, por tanto, de proporcionar las condiciones necesarias para que aumentara el número de propietarios particulares y, con la aplicación de su trabajo a dichos bienes, creciera
su felicidad personal y, con ella, la riqueza nacional.
La desvinculación supuso, a su vez, una doble decisión. La primera fue la abolición de
los señoríos, lo que significaba, por un lado, acabar con una serie de relaciones de dominio que los señores habían tenido, debido a privilegios concedidos por los
reyes, sobre los habitantes de unos determinados territorios y, por otro, convertir en propieda de particular y libre aquellas tierras. El proceso iniciado en Cádiz fue largo, a causa de las múltiples quejas y problemas surgidos, y concluyó en 1837. Y eso que, en contraste con la desamortización, esta medida no aportaba un cambio de propietario, sino la transformación de los señores antiguos en propietarios liberales, con una titularidad plena y libre sobre dichos bienes.
La segunda medida fue la supresión de los mayorazgos. En Cádiz sólo se había insinuado, y la primera ley que la recogía se es cribió en 1820, durante el trienio liberal. De nuevo, las resistencias de la nobleza retrasarían su culminación hasta 1841. El mayorazgo
había sido la fórmula por la que las casas nobiliarias en los siglos anteriores habían podido mantener una gran parte de sus propiedades; el primogénito de la casa recibía por herencia un bloque de bienes del que no era propietario, sino usufructuario, y que
podía aumentar con compras, pero nunca vender, manteniendo el deber de transmitirlo a su heredero. La abolición suponía que estos bienes eran declarados libres y que, por tanto, podían ser vendidos por sus titulares.
La desamortización, primero de los bienes eclesiásticos y luego de los pueblos, fue
la medida práctica de mayor trascendencia tomada por los gobiernos liberales, y se desarrolló durante todo el siglo XIX, entrando incluso en el XX.
El hecho de desamortizar tales bienes suponía dos momentos bien diferenciados:
primero, la incautación por parte del Estado de esos bienes, por lo que dejaban de ser de
“manos muertas”; es decir, dejaban de estar fuera del mercado, para convertirse en “bienes las desamortizaciones. nacionales”; y segundo, la puesta en venta, mediante pública subasta, de los mismos. El producto de lo obtenido lo aplicaría el Estado a sus necesidades.
2. El proceso desamortizador.
La desamortización, aunque considerada liberal progresista por antonomasia, ya había
empezado a ser aplicada en el siglo XVIII. Se ha calculado que desde que se pusieron en venta los primeros bienes de los jesuitas -expulsados de España por Carlos III en 1767- hasta 1924, fecha en que el estatuto municipal de Calvo Sotelo derogó definitivamente las leyes sobre desamortización de los bienes de los pueblos, pasaron a manos de propietarios particulares 19900000 hectáreas que habían sido de propiedad colectiva, o sea, el 39 por 100 de la superficie del Estado.
Este dilatado proceso de ventas no fue continuo, sino resultado de varias  desamortizaciones: la de Godoy, ministro de Carlos IV (1798); la de las Cortes de Cádiz (1811-1813); la del trienio liberal (1820-1823); la de Mendizábal (1836-1851), y la de Pascual Madoz (1855-1924).
3. La desamortización de Mendizábal.
De estas desamortizaciones, es obligado destacar las dos últimas, y de forma especial la
de Mendizábal, porque la puesta en práctica de su decreto trajo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma y removió y dividió la opinión pública de tal forma, que ha quedado en la historia contemporánea como “la desamortización” por antonomasia. Cuando en 1835, llamado por sus amigos políticos y hombres de negocios progresistas, llegó desde Londres para presidir el Gobierno, lo que le preocupaba era garantizar la continuidad en el trono de Isabel II, esto era, la del nuevo Estado liberal. Para ello era condición necesaria ganar la guerra carlista, que en ese momento resultaba incierta; pero este objetivo no podría realizarse sin dinero o sin crédito. A su vez, para poder fortalecer la credibilidad del Estado ante futuras peticiones de crédito a instituciones extranjeras, era preciso eliminar, o por lo menos disminuir, la deuda pública hasta entonces contraída o, dicho de otro modo, pagar a los acreedores. Ante la mala situación de Hacienda, calificada por entonces de “espantosa”, Mendizábal juzgó que había que recurrir a nuevas “fuentes” de financiación, y estas no eran otras que los bienes eclesiásticos. El decreto desamortizador, publicado en 1836, en medio de la guerra civil con los carlistas, puso en venta todos los bienes del clero regular -frailes y monjas-. De esta forma quedaron en manos del Estado y se subastaron no solamente tierras, sino casas, monasterios y conventos con todos sus enseres -incluidas las obras de arte y los libros-. Al año siguiente, 1837, otra ley amplió la acción, al sacar a la venta los bienes del clero secular -los de las catedrales e iglesias en general-, aunque la ejecución de esta última se llevó a cabo unos años más tarde, en 1841, durante la regencia de Espartero.
Con la desamortización de Mendizábal se pretendían lograr varios objetivos a la vez:
ganar la guerra carlista; eliminar la deuda pública, al ofrecer a los compradores de bienes la posibilidad de que los pagaran con títulos emitidos por el Estado; atraerse a las filas liberales a los principales beneficiarios de la desamortización, que componían la incipiente burguesía con dinero; poder solicitar nuevos préstamos, al gozar ahora Hacienda de credibilidad, y cambiar la estructura de la propiedad eclesiástica, que de
ser amortizada y colectiva pasaría a ser libre e individual. Pero había más: la Iglesia sería reformada y transformada en una institución del Nuevo Régimen, comprometiéndose el Estado a mantener a los clérigos y a subvencionar el
correspondiente culto.
2Las desamortizaciones.
4. La desamortización “general”de Madoz.
El 1 de mayo de 1855, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, también progresista y
amigo de Mendizábal, sacó a la luz su Ley de Desamortización General. Se llamaba “general”porque se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los de los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior y los de los pueblos -se llamaban bienes de propios aquellos que proporcionaban, por estar arrendados, una renta al Concejo, en tanto que los comunes no proporcionaban renta y eran utilizados por los vecinos del lugar-. La desamortización de bienes de propios y comunes se prolongó hasta 1924 El procedimiento utilizado para las ventas fue una copia del de Mendizábal; sin embargo, había dos diferencias claras. Una se refería al destino del dinero obtenido: sin las anteriores angustias de Hacienda, fue dedicado a la industrialización del país o, mejor y de modo más concreto, a la expansión del ferrocarril. La otra diferencia estaba en la propiedad de dicho dinero: el Estado no era el
propietario, sino los ayuntamientos. Aquel percibiría el im-porte de las ventas en nombre de estos y lo transformaría en lo que hoy podrían ser bonos del Estado, lo cual significaba que este se convertía en “custodio” de los fondos de los ayuntamientos,  utilizándolos para el bien de todos. En este proceso, la burguesía con dinero fue de nuevo la gran beneficiaria, aunque la participación de los pequeños propietarios de los pueblos fue mucho más elevada que en el anterior de Mendizábal.
5. Resultados de la desamortización.
Habría que concluir señalando que,en conjunto, el proceso de desamortizaciones no sirvió para que las tierras se repartieran entre los menos favorecidos, por que no se intentó hacer ninguna reforma agraria, sino conseguir dinero para los planes del Estado, aunque a medio y largo plazo sí contribuyó a que aumentara el volumen general del
producto agrícola, al trabajar los nuevos propietarios tierras que hasta entonces no habían sido labradas. Según el profesor G.Tortella, esta operación gigantesca de compraventa de tierras afectó grandemente a la agricultura española. La extensión de lo vendido se estima en el 50 por 100 de la tierra cultivable y su valor entre el 25 y el 33 por
100 del valor total de la propiedad inmueble española. La desamortización trajo consigo una expansión de la superficie cultivada y una agricultura algo más productiva.
Pero en los cambios acaecidos en el campo español actuaron otros factores, tales como la abolición del diezmo, la supresión de la Mesta, la lenta pero innegable mejora de las condiciones de transporte y comunicación, o las políticas decididamente proteccionistas en favor del cultivo de cereales a partir de 1820. El aumento sostenido de la población pudo haber causado una presión en favor de la extensión y la intensificación del cultivo, tanto o más decisiva que los cambios en la estructura de la propiedad.
Otras consecuencias de trascendencia histórica fueron: en lo social, la aparición de un
proletariado agrícola, formado por más de dos millones de campesinos sin tierra, jornaleros sometidos a duras condiciones de vida y trabajo solamente estacional; y la conformación de una burguesía terrateniente que con la adquisición ventajosa de tierras y propiedades pretendía emular a la vieja aristocracia. En cuanto a la estructura de la propiedad, apenas varió la situación desequilibrada de predominio del latifundismo en el centro y el sur de la Península y el minifundio en extensas áreas del norte y noroeste. Por otra parte, la enajenación de propiedades municipales trajo consigo el empeoramiento de las condiciones de vida del pequeño campesinado, privado del uso y disfrute de los antiguos bienes del Concejo. Además, el impacto de la desamortización
en la pérdida y el expolio de una gran parte del patrimonio artístico y cultural español fue, asimismo, importante.

Las desamortizaciones del siglo XIX

LAS DESAMORTIZACIONES DEL S. XIX.

Las desamortizaciones en su conjunto podrían ser vistas como un proceso histórico que abarcó desde 1766 a 1924 y que consistió en la enajenación de propiedades amortizadas, es decir, que no circulaban por el mercado libre, a favor de ciudadanos individuales por parte del Estado y así, convertir esas propiedades en propiedades que podían circular en el mercado según el juego de la oferta y la demanda. Así pues, propiedades que no podían ser vendidas o compradas pasaban a formar parte de un conjunto de tierras que eran comprables y vendibles… dichas propiedades solían se parte del patrimonio de entidades civiles y eclesiásticas como fincas, archivos, bibliotecas, monasterios, etc…

Las desamortizaciones fueron uno de los factores que extendieron el sistema liberal en el campo de la economía extendiendo así la propiedad privada y el capitalismo. Pero las desamortizaciones tenían unos objetivos claros, por una parte asegurarse el apoyo de la burguesía beneficiada por ellas y disminuir el poder de los estratos sociales anti-liberales…, por otra, se quisó con el dinero conseguido por medio de las subastas o ventas de esas tierras, amortizar la Deuda Pública del Estado en esa época y paliar las necesidades de la Hacienda como era el caso de gastos por guerras, obras públicas, etc…

Antes de entrar a exponer las distintas desamortizaciones más importantes sólo del siglo XIX, habría que situarlas en un contexto histórico para comprender la magnitud social y política de ese proceso.

A finales del s. XVIII se estaba viviendo el nacimiento del liberalismo en Francia proveniente de EE.UU. y Gran Bretaña pero este liberalismo llegó más tarde a España a causa de las constantes trabas que ponían los monarcas absolutos que aún permanecían en el Trono para si extensión por Europa, pero fue a principios del s XIX cuando a través de la invasión Napoleónica de media Europa se hizo patente que el absolutismo tenía los días contados con todas las consecuencias que ello pudiera conllevar… como era el caso de la eliminación de la propiedad vinculada, las desamortizaciones por parte de los gobiernos liberales, y muchas más… Durante y después de Napoleón en España el liberalismo empezó a florecer en este país y ello conllevó más tarde a la crisis del Antiguo Régimen y a la implantación sucesiva de distintos gobiernos liberales.

Si bien es cierto que 1798 no forma parte del s. XIX, es importante mencionar la primera desamortización “considerable” inspirada por Jovellanos durante el reinado de Carlos IV y que se hizo a costa de la Iglesia y con al intención de paliar el estado de las Arcas Públicas. Las bases del absolutismo no fueron ni de lejos, alteradas ya que sólo pudieron comprar los ricos y ni la Nobleza ni la poca burguesía fueron molestadas por esa política desamortizadora; fue la Iglesia, fiel defensora del Antiguo Régimen, la que recibió el trato más “arisco” en el tema de las desamortizaciones y del paso al sistema liberal.

Con el sistema liberal floreciendo y planeando sobre las altas esferas de España, en plena obra legislativa de las Cortes de Cádiz emanadas de la soberanía nacional en contra de toda la base del Antiguo Régimen y de la Constitución de Bayona de 1808, el 13 de septiembre de 1813 a finales de la expulsión de las tropas francesas napoleónicas y ante la pronta liberación de Fernando VII “El Deseado”, éstas decretaron la incautación de los bienes y rentas de los traidores, la Inquisición, las órdenes militares y conventos suprimidos, lo cual marcó una intención de iniciar una desamortización que nunca llegó a producirse.

Avanzando hasta la Regencia de Mª Cristina encontraremos otra importante desamortización que llevó a cabo Mendizábal en plena etapa de liberalismo progresista de dicha Regencia. Mendizábal que había tomado parte en el Trienio Liberal se encontraba exiliado en Londres antes de formar gobierno para la Regente y cuando lo formó acometió dichas desamortizaciones en 1836 que se centraron en bienes eclesiásticos regulares en su mayoría para conseguir créditos del exterior y financiar el ejército “liberal”. Dicha reforma alimentó la guerra civil instigada por los Carlistas (muy absolutistas) ya que por una parte el dinero conseguido de la expropiación de bienes de la Iglesia se iba a destinar para financiar el déficit de Hacienda y, cono ya se ha dicho, al ejército liberal; por otro lado, la desamortización pareció un castigo a la Iglesia por su apoyo al Carlismo ya que el sistema liberal hacía peligrar la posición del clero en general y el absolutismo le aseguraba su posición privilegiada… Después de poner de manifiesto Mendizábal que iba a acometer esa desamortización, ésta quedó aplazada a causa de su destitución un año más tarde por parte de Mª Cristina que opinó que dicho gobierno caminaba por las sendas del “radicalismo liberal”(para la época). Las desamortizaciones de Mendizábal fueron continuadas por Espartero regente tras la caída de Mª Cristina a causa de se “moderantismo”, iniciando así una renovación urbana vendiendo muchos solares a promotoras que edificaron por todas las ciudades renovándolas y creciéndolas.

Ya en pleno reinado personal de Isabel II y durante el corto periodo de dos años del Bienio Progresista dirigido por Espartero (julio 1854-julio 1856), en el terreno económico se legisló una nueva desamortización en 1855 llamada la Desamortización de Madoz. Hay que destacar que fue la más grande importante de la época y que duró hasta finales de siglo. Esta vez, afectó a bienes municipales del clero, la instrucción pública, la Beneficencia y la Corona además del clero secular y por ello, alcanzó un valor de vena muy elevado. La nueva ley ofreció algunas novedades con respecto a las políticas desamortizadoras anteriores: además de armonizar la deuda, se destinó parte del producto de las ventas a equilibrar el presupuesto estatal y a subvencionar obras públicas, en especial el ferrocarril. Otra de las novedades fue la de aceptar sólo dinero en metálico como medio de pago, aunque con posterioridad se admitieron también títulos de la deuda.

Las consecuencias del proceso de las desamortizaciones durante el siglo pueden resumirse en las siguientes:

  • El liberalismo se granjeó la enemistad total de la Iglesia amenazada por dichas desamortizaciones desde 1810.
  • La población rural y que vivía de la agricultura (la casi totalidad de la sociedad española), también se vio afectada por la “privatización” de terrenos a los que estaban vinculados y en ese momento, quedaban a merced de los nuevos propietarios que podían fijar los precios del arrendamiento de tierras y sus condiciones además de introducir nuevas prácticas de explotación… muchas familias campesinas fueron incapaces de afrontar dichos gastos con las cosechas y quedaron desalojadas de las tierras que habían estado cultivando sus antepasados.
  • Estos perjuicios unidos a otros relacionados con el sistema liberal dieron lugar a una unión clerical-campesina-absolutista que se unieron a los Carlistas para luchar contra el liberalismo frente a la burguesía… la división social estaba servida.

http://html.rincondelvago.com/las-desamortizaciones-del-siglo-xix.html

 

LEY DE 1 DE MAYO DE 1855 DECLARANDO EN ESTADO DE VENTA TODOS LOS PREDIOS
RÚSTICOS Y URBANOS, CENSOS Y FOROS PERTENECIENTES AL ESTADO, AL CLERO Y
CUALESQUIERA OTROS PERTENECIENTES A MANOS MUERTAS

Título primero. Bienes declarados en Estado de renta, y condiciones generales de
su enajenación Artículo 1.- Se declaran en estado de venta, con arreglo a las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estén sujetos, todos los predios rústicos y urbanos; censos y foros pertenecientes:
1. Al Estado;
2. Al clero;
3. A las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de
Jerusalén;
4. A cofradías, obras pías y santuarios;
5. Al secuestro del ex-Infante D. Carlos.
6. A los propios y comunes de los pueblos;
7. A la beneficencia;
8. A la instrucción pública;
9. Y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender
por leyes anteriores.
Artículo 2.- Exceptúanse de lo dispuesto en el Artículo anterior:
1. Los edificios y fincas destinados, o que el Gobierno destinare al servicio público;
2. Los edificios que ocupan hoy los establecimientos de beneficencia e instrucción;
3. El palacio o morada de dada uno: de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos; y las rectorías o casas destinadas para habitación de los curas párrocos, con los huertos o jardines, a ellas anejos;
4. Las huertas y jardines pertenecientes al instituto de las Escuelas pías;
5. Los bienes de capellanías eclesiásticas destinadas a la instrucción pública, durante la
vida de sus actuales poseedores;
6. Los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno;
7. Las minas de Almaden;
8. Las salinas;
9. Los terrenos que son hoy aprovechamiento común, previa declaración de serlo, hecha por el Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y la Diputación provincial, oirá previamente al
Tribunal ContenciosoAdministrativo, o al cuerpo que hiciere sus veces, antes de dictar
str resolución;
10. Y, por último, cualquier edificio o finca cuya venta no crea oportuna el Gobierno por
razones graves.
Artículo 3.- Se procederá a la enajenación de todos y cada uno de los bienes mandados
vender por esta ley, sacando a pública licitación las fincas o sus suertes a medida que lo reclamen los compradores, y no habiendo reclamación, según lo disponga el Gobierno; verificándose las ventas con la mayor división posible de las fincas, siempre que no perjudique a su valor.
Artículo 4.- Cuando cl valor en tasación de la finca o suerte que se venda no exceda del
10.00 rs. vn., su licitación tendrá lugar en dos subastas simultáneas, a saber:
1. Una en la cabeza del Partido Judicial donde la finca radique;
2. Y otra en la capital de su respectiva provincia.
Artículo 5.- Cuando el valor en tasación de finca o suerte que se venda exceda de
10.000 rs. vn. además de las dos subastas que previene el Artículo anterior, tendrá lugar
otra tercera también simultánea con aquéllas, en la capital de la Monarquía.
Artículo 6.- Los compradores de las fincas o suertes quedan obligados al pago en
metálico de la suma en que se les adjudiquen en la forma siguiente:
1. Al contado, el 10 por 100;
2. En cada uno de los dos años primeros años siguientes, el 8 por 100;
3. En cada uno de los dos años subsiguientes, el 7 por 100;
4. Y en cada uno de los diez años inmediatos, el 6 por 100. De forma que el pago se complete, en quince plazos y catorce años. Los compradores podrán anticipar el pago
de uno o más plazos, en cuyo caso se les abonará el interés máximo de 5 por 100 al
año, correspondiente a cada anticipo. Título Segundo. Redención y renta de los censos
Artículo 7.- Para redimir los censos declarados en venia por la presente ley, se concede a los censatarios el plazo de seis meses, a contar desde su Publicación, bajo las bases siguientes:
1. Los censos cuyos réditos no excedan de 60 rs. anuos se redimirán al contado, capitalizándolos al 10 por 100; 
2. Los censos cuyos réditos excedan de 60 rs. anuos se redimirán al contado,
capitalizándolos al 8 por 100, y en el término de nueve años y diez plazos iguales, capitalizándose al 5;
3. Los censos cuyos réditos se pagan en especie se regularán por el precio medio que haya tenido la misma especie en el mercado durante el último decenio;
4. Los censos, foros, treudos, prestaciones y tributos de cualquier género, cuyo canon o
interés exceda del 5 por 100, se redimirán en la forma prescrita al tipo reconocido en la
imposición o fundación, y sino estuviese reconocido, al consignado en las bases 1.ª y 2.ª.
Artículo 8.- Concluido el término señalado para la redención, se procederá a la venta
de los censos en pública subasta bajó las mismos tipos y condiciones establecidas en
el Artículo anterior.
Artículo 9.- El Gobierno asegurará a cada establecimiento de beneficiar las rentas que
disfruta en la actualidad, compensando la pérdida que pueda sufrir en la reducción o
venta de los censos con el aumento que se obtenga en la de los bienes inmuebles.
Cuando no posea el establecimiento de beneficencia bienes inmuebles, o no se
obtengan aumentos en la enajenación de éstos, el Gobierno cubrirá el déficit con los
fondos del Tesoro público.
Artículo 10.- El pago del laudemio en los enfiteusis será a cargo de los compradores.
Artículo 11.- Se perdonan los atrasos que adeuden los censatarios, ya procedan de que
no se hayan reclamado en los últimos cinco años, ya de ser los censos desconocidos o
dudosos, o ya de cualquiera otra causa, con tal de que se confiesen deudores de los
capitales o sus réditos.
Título tercero. Inversión de los fondos procedentes de la venta de los bienes del
Estado, del clero y 20 por 100 de propios 
Artículo 12.- Los fondos que se recauden a consecuencia de las ventas realizadas en
virtud de la presente ley, exceptuando el 80 por 100 procedente de los bienes de
propios, beneficiencia e instrucción pública, se destinan a los objetos siguientes:
1. A que el Gobierno, cubra por medio de una operación de crédito el déficit del presupuesto del Estado, si lo hubiere en el año corriente;
2. El 50 por 100 de lo restante, y el total ingreso en los años sucesivos, a la amortización de la Deuda pública consolidada sin preferencia alguna, y a la amortización mensual de la Deuda amortizable de primera y segunda clase, con arreglo a la ley del 1 de agosto de 1851; y,
3. El 50 por 100 restante a obras públicas de interés y utilidad general, sin que pueda dársele: otro destino bajo ningún concepto, exceptuándose 30.000.000 de reales que se
adjudican para el pago de las consignaciones que hasta la fecha tenga hechas el Gobierno de S. M. con destino a la reedificación y reparación de las iglesias de España.
Artículo 13.- El 50 por 100 del producto de las ventas de los bienes comprendidos en el
Artículo anterior, destinado, a la amortización de la Deuda pública, se depositará en las respectivas Tesorerías en arca de tres llaves, bajo la inmediata responsabilidad de los claveros, y a disposición exclusivamente de la Junta directiva de la Deuda pública.
Artículo 14.- La Junta directiva de la Deuda pública dispondrá quo mensualmente ingresen en su propia tesorería, los fondos de que trata el Artículo anterior, y no consentirá que, en ningún caso, ni bajo pretexto alguno, sea la que fuere, la Autoridad que lo intente, se distraigan los mismos fondos del sagrado objeto a que exclusivamente están destinados.
Título cuarto. Inversión de los fondos procedentes de los bienes de propios, beneficencia e instrucción pública
Artículo 15.- El Gobierno invertirá el 80 por 100 del producto de la venta de los bienes de propios a medida que se realicen, y siempre que no se les dé otro destino, con arreglo al Artículo 19, en comprar títulos de la Deuda consolidada, al 3 por 100, que se convertirán inmediatamente en inscripciones intransferibles de la misma a favor de los respectivos pueblos.
Artículo 16.- Los cupones de las inscripciones intransferibles serán admitidos a los pueblos, como metálico, en paso de contribuciones a la fecha de sus respectivos vencimientos.
Artículo 17.- Para que no queden en descubierto las obligaciones, a que hoy
atienden los pueblos con los productos de sus propios, el Estado les asegura, desde el
momento que se realice la venta de cada finca o suerte, la misma renta liquida que
por ella perciben en la actualidad.
Artículo 18.- Luego que el Estado haya percibido, por cuenta del 80 por 100 de los
bienes de propios de cada pueblo, una suma equivalente a los adelantos que en renta y
capital hubiere hecho, y previa la correspondiente liquidación, se invertirá el saldo, si lo hubiere, en nuevas inscripciones intransferibles a favor de los pueblos respectivos.
Artículo 19.- Cuando los pueblos quieran emplear, con arreglo a las leyes, y en obras
públicas de utilidad local o provincial; o en análogos, el 80 por 100 del capital procedente de la venta de sus propios, o una parte de la misma suma, se pondrá a su disposición la que reclamen, previos los trámites siguientes:
1. Que lo solicite fundadamente el Ayuntamiento;
2. Que lo acuerde, previo expediente, la Diputación Provincial;
3. Que recaiga la aprobación motivada del Gobierno.
Artículo 20.- El producto íntegro de la venta de los bienes de beneficencia y de
instrucción pública, si las corporaciones competentes no hubieren solicitado y
obtenido otra inversión, se destinará a comprar títulos de la Deuda consolidada al
3 por 100 para convertirlos en inscripciones intransferibles a favor de los referidos
establecimientos, a los cuales se asegura desde luego la renta líquida que hoy les
produzcan sus fincas.
Los cupones serán admitidos a su vencimiento, como metálico, en pago de contribuciones.
Artículo 21.- Realizado que sea el total importe de la venta de los bienes de beneficencia y de instrucción pública, se verificará una liquidación, cuyo saldo, después de reintegrarse el Erario de lo que como renta hubiere anticipado, se invertirá
también en la compra de títulos del 3 por 100, que han de convertirse en inscripciones
intransferibles a favor de los respectivos establecimientos.
Artículo 22.- A medida que se enajenen los bienes del clero, se emitirán a su favor
inscripciones intransferibles de la Deuda consolidada al 3 por 100 por un capital
equivalente al producto de las ventas, en razón del precio que obtengan en el mercado los títulos de aquella clase de Deuda el día de las respectivas entregas.
Artículo 23.- La renta de las inscripciones intransferibles de que trata el artículo anterior se destina a cubrir el presupuesto del culto y clero que la ley señale.
Título quinto. Disposiciones generales
Artículo 24.- Se declaran exentas del derecho de hipotecas las ventas y reventas
de los bienes enajenados en virtud de la presente ley durante los cinco años
siguientes al día de su adjudicación.
Artículo 25.- No podrán en lo sucesivo poseer predios rústicos ni urbanos, censos ni
foros las manos muertas enumeradas en el Artículo 4 de la presente ley, salvo en los
casos de excepción explícita y terminantemente consignados en su Artículo 2.
Artículo 26.- Los bienes donados y legados, o que se donen y leguen en lo sucesivo a manos muertas, y que estás pudieren aceptar, con arreglo a las leyes; serán puestos en venta o redención, según dispone la presente, tan luego como sean
declarados propios de cualquiera de lascorporaciones comprendidas en el Artículo 1.
Artículo 27.- El producto de la venta de los bienes de que trata el Artículo anterior
se invertirá según su procedencia y en la forma prescrita.
Artículo 28.- Un año después de publicada esta ley caducarán los arrendamientos
pendientes, sin perjuicio de las indemnizaciones a que puedan tener derecho: las partes contratantes.
Artículo 29.- Se declaran derogarlas, sin fuerza y valor, todas las leyes, decretos,
Reales órdenes anteriores sobre amortización o desamortización que en cualquiera forma contradigan el tenor de la presente ley.
Artículo 30.- Se autoriza al Ministro de Hacienda para que, oído el Tribunal 
Contencioso-Administrativo, y con acuerdo del Consejo de Ministros, fije las reglas de tasación y capitalización, y disponga los reglamentos y demás que sea conducente a la investigación de los bienes vendibles, y a facilitar la ejecución y cumplimiento de la presente ley

http://www.unizar.es/berlatre/documentos/leymadoz.pdf

http://app.dipalme.org/prensa/pdf.raw?collection=&query=id:0000111394&title=Bolet%C3%ADn+del+Gobierno+Pol%C3%ADtico+Superior+%28Almer%C3%ADa%29%2C+14-12-1822%2C+p.+2.&lang=es&search=

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//3750/3909/html/11_las_desamortizaciones.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Desamortizaci%C3%B3n_espa%C3%B1ola

http://apunteshistoriasegundobachillerato.blogspot.com.es/2011/01/v-behaviorurldefaultvml-o.html

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