Nulidad Procesal.

I. INTRODUCCIÓN

La nulidad de los actos procesales se regula en la Ley Orgánica del Poder Judicial, concretamente en el capítulo III del Título III del Libro III (artículos 238 a 243) denominado “De la nulidad de los actos judiciales”, y en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, concretamente en el Capítulo IX del Título V del Libro I denominado “De la nulidad de las actuaciones judiciales” (artículos 225 a 231), expresión ésta mayor calado histórico y la más frecuentemente empleada en el argot judicial. La regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 prácticamente ha incorporado la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 con muy leves retoques, normativa que desde 1985 ha sido objeto de importantes reformas al socaire de la evolución de la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en la materia.

Por otro lado, hay que tener presente que si bien la Ley 1/2000 entró en vigor el día 7 de enero de 2001, los preceptos relativos a la nulidad de actuaciones no entraron en vigor hasta el 15 enero 2004 de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final 17ª, ya que fue necesario esperar a que se modificara y actualizara la regulación de la nulidad de actuaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que tuvo lugar por Ley Orgánica de 19/2003 de 23 diciembre. No obstante, como ya se ha señalado, no ha sido ésta, ni mucho menos, la única reforma de la que ha sido objeto la regulación de la nulidad de las actuaciones judiciales; en efecto, la redacción original del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial no permitía que el órgano judicial pudiera decretar la nulidad de las actuaciones una vez dictada sentencia definitiva lo que daba lugar a situaciones tremendamente injustas en las que el procedimiento había sido tramitado de espaladas al demandado -generalmente consecuencia de una defectuosa citación o emplazamiento- sin que el Juzgado nada pudiera hacer una vez dictada sentencia si éste comparecía una vez transcurridos los plazos para impugnar la sentencia dictada en rebeldía bien a través del recurso de apelación, bien del recurso extraordinario de casación, mediante la audiencia al rebelde o el juicio de revisión, esto es, cuando ya no cabía recurso ordinario o extraordinario alguno.

La sentencia del Tribunal Constitucional núm. 110/1988 de 8 de junio intentó mitigar tal situación, con loable intención, pero mediante una interpretación desmesuradamente amplia del precepto que incluso ha sido tildada por algún autor de heterodoxa y descabellada (Moreno Catena) ya que consideraba que la expresión sentencia definitiva debía entenderse como sentencia definitivamente ejecutada lo que permitía al Juez decretar la nulidad de actuaciones, incluida la sentencia, siempre que la misma no hubiera sido ejecutada.

Esta solución no satisfizo a nadie, dado su escaso sustento en el texto de la norma, por lo que el Tribunal Constitucional se autoplanteó cuestión de constitucionalidad sobre el citado artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que resolvió en la célebre sentencia nº 185/1990 de 15 de noviembre, que declaró la constitucionalidad del citado precepto y el límite temporal que el mismo establece para que el Juez puede decretar la nulidad, y que no es otro que la sentencia definitiva, aunque recomendó al poder legislativo que se regulara adecuadamente la materia introduciendo la posibilidad de que el propio Juez que hubiera dictado la sentencia definitiva o firme pudiera anularla en determinados casos muy excepcionales para que el recurso de amparo mantuviera su carácter de instrumento de subsanación de los procedimientos judiciales de carácter meramente subsidiario. A este fin respondió la reforma operada por la Ley Orgánica 5/1997, que introdujo el incidente excepcional de nulidad de actuaciones en el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Posteriormente la Ley Orgánica 13/1999 introdujo algunos retoques en el citado precepto con el fin de perfeccionar la regulación de dicho incidente. Cuatro años más tarde, la Ley Orgánica 19/2003 adaptó la regulación de la nulidad de los actos procesales a la normativa introducida por la Ley de Enjuiciamiento Civil cumpliendo con ello la previsión contenida en la Disposición Final 17ª a la que ya se ha hecho referencia, permitiendo con ello que entrara en vigor la regulación de la Ley 1/2000 sobre dicho instituto, que había quedado en suspenso en tanto se modificara la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Finalmente, la Ley Orgánica 6/2007 de 24 de mayo, por la que se modificó la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, también modificó el artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en el que se regula desde la reforma operada por Ley Orgánica 19/2003 el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones) otorgando a los tribunales ordinarios más facultades para revisar las violaciones de derechos fundamentales a través de una nueva regulación de la nulidad de los actos procesales con el fin de que la tutela y defensa de los derechos fundamentales por parte del Tribunal Constitucional fuera realmente subsidiaria de una adecuada protección prestada por los órganos de la jurisdicción ordinaria; la reforma ha consistido básicamente en posibilitar que la nulidad de actuaciones pueda fundamentarse no solo en situaciones de indefensión, sino en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos en el artículo 53.2 de la Constitución.

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjYzMztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAGYjMLjUAAAA=WKE

https://www.iberley.es/temas/solicitud-nulidad-actuaciones-proceso-civil-54901

https://www.monografias.com/trabajos13/trabnuli/trabnuli.shtml

http://www.codigo-civil.net/nulidad/lodel/document.php?id=796

https://practico-penal.es/vid/nulidad-proceso-penal-391380410

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNDCwMzQ7Wy1KLizPw8WyMDQ3MDQyMzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqACpmGY41AAAAWKE

http://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-nulidad-de-actuaciones-en-el-proceso-penal/

 

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