Hipotecas, deshaucios y ejecuciones hipotecarias injustas I.

Esta es una serie de artículos referidos al fraude Hipotecario. No necesariamente tienen un orden lógico desde 0, pero si un orden lo más lógico posible por partes.

EJECUTADOS EN INDEFENSIÓN (Parte I): Corría el año 2009

Por Jesús Díaz Formoso

AUSAJ

Corría el año 2007 cuando un pequeño grupo de personas, que habían sufrido graves perjuicios por causa de reiteradas y flagrantes vulneraciones de sus Derechos Humanos cometidas por diferentes órganos judiciales, en su opinión, claramente constitutivas de Delito, y que tras acudir a las vías Judicial y Administrativa Sancionadora, habían comprobado la imposibilidad de obtener justicia en este tipo de asuntos, y conscientes de que la impunidad que a estas viles categorías de delincuentes se otorgaba, tanto por los tribunales competentes para el enjuiciamiento de estos Aforados, como por el mismo Consejo General del Poder Judicial, significaba el fin del Estado de Derecho que nuestra Constitución proclama e instaura, olvidándose de sus propios problemas (pues de otra forma no existiría solidaridad ni interés general, sino egoísmo e interés propio), decidieron constituir la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), que formalizarían al año siguiente -2008- con la solicitud de Inscripción en el registro de Asociaciones, que sería otorgada meses después (2009), por razón de las dificultades planteadas desde la Administración respecto de la calificación como Asociación de Usuarios –Ley General de Consumidores y Usuarios-, finalmente superadas.

Ya desde el primer momento, AUSAJ centró su actividad en el problema de los procedimientos ejecutivos que llevan aparejado el lanzamiento, principalmente, procedimientos de Ejecución Hipotecaria y arrendaticios, en los que las posibilidades defensivas de los Demandados resultan radicalmente limitadas por la propia Ley, lo que vulnera el Derecho Fundamental enunciado por el Artículo 24, 1º de la Constitución (“Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”); así como el artículo 53, 1º de la propia Constitución (“Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del presente Título-el artículo 24 entre ellos- vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a”).

Comenzamos, así, a trabajar sobre el Derecho de Resistencia a la Opresión; Derecho que fue incluido de forma expresa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que en su Segundo Parágrafo establece: “La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión”. Derecho que también podemos encontrar en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, que en su párrafo más famoso declara: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad”. Alcanzando la conclusión de que el Derecho de Resistencia a la Opresión encuentra también expresión en la vigente Constitución Española de 1978; así su Artículo 10, 1º declara: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

En el mes de agosto de 2009 (antes de la “eclosión” mediática e institucional de la PAH), publiqué un comentario al respecto en la página web “filosofíadigital.com”, que –transformado en artículo, por consejo de mi estimado compañero -y sin embargo amigo-, José Luís Mazón – tuvo gran difusión en otros medios digitales, dado que la crisis inmobiliaria comenzaba a ser percibida en su verdadera dimensión por sectores cada vez más amplios de la población.

Reproducimos a continuación dicho Comentario (comentario nº 23, de 13 de agosto, que se puede descargar, junto al Post y el resto de comentarios publicados, más abajo); no se han hecho correcciones, al objeto de conservar su literalidad, por lo que nos disculpamos por las faltas ortográficas y gramaticales que pudieran existir, no sin antes recordar el texto del artículo 24, 1º de la Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

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EJECUTADOS EN INDEFENSIÓN (Parte I: Corría el año 2009)

COMENTARIO:

J.D.F.: Estimado Jesús Nava, en efecto, tengo, al respecto, algunas anotaciones que he de recopilar y organizar -requiere algún tiempo, no demasiado-, acerca de cuestiones de naturaleza jurídica en las que intuyo gran potencialidad adhesiva, y que me gustará transmitirte, con la seguridad del beneficio de tu crítica. Te adelanto un borrador de su posible Esquema:

1.- No existe conflicto de Derechos Fundamentales cuando se enfrentan judicialmente Persona/s Jurídica/s y Persona/s Física/s. En estos casos, la razón solo puede corresponder al Ser Humano.

Las Personas Jurídicas, son “personalidades ficticias” (F. Ferrara – “Tratatto …”), que el Derecho trata como Personas con el fin de posibilitar su actuación en el tráfico mercantil. Pero los Derechos Fundamentales solo son propios de las Personas Humanas.

Una Persona Jurídica no es otra cosa que su Estatuto. Esto es, unos trozos de papel que cumplen ciertas formalidades. Puedo insultarlos sin vulnerar ningún Derecho al Honor. Puedo romperlos sin comprometer el Derecho a la Integridad Física. Puedo quemarlos sin que el Derecho a la Vida que proclaman las Constituciones sufra en modo alguno.

De la misma manera, tampoco tienen Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva (sólo lo tienen, como los demás Derechos con rango Fundamental, las Personas Físicas, Humanas) Las Corporaciones podrán tener Derecho a ser parte en los procesos judiciales que les afecten, pero nunca tal derecho podrá alcanzar el rango de Fundamental.

Ni siquiera trascienden a ellas los Derechos Fundamentales que ostentan las Personas Físicas que constituyen el capital de las Corporaciones: No arriesgan Derechos Fundamentales en ellas, sino solo dinero.

Podríamos incluso diferenciar estas Corporaciones Privadas de otras de Derecho Público (Vgr. Ayuntamientos, Diputaciones, …), en las que sus integrantes son personas físicas. En estos casos, al final, inexcusablemente sus integrantes, personas físicas, serán personalmente responsables de los actos de dichas Corporaciones Públicas (en última instancia, las obligaciones económicas se solventarán por sus miembros, que se habrán de ver desposeídos de su dinero, coactivamente, por mecanismos tributarios – impuestos principalmente). Esa responsabilidad final de los miembros de la Corporación Pública, no se produce en los integrantes de las Personas Jurídicas.

En efecto, para los integrantes de las Corporaciones Privadas, lo único que trasciende de su esfera física a la esfera jurídica de la Persona Ficticia, es su voluntad de Limitar su Responsabilidad. Y la alternativa del riesgo o ganancia constituye, precisamente, la propia naturaleza de la actividad mercantil a que se programan tales organizaciones. No hay siquiera posibilidad de transmisión de Derecho Fundamental alguno.

Otra consideración supondría que, frente a la efectividad de los Derechos Fundamentales de los Seres Humanos, haya de prevalecer el interés especulativo de una mera “persona de papel”, carente de cualquier desarrollo moral (que existe y actúa con un único fin: la maximización de su beneficio económico).

Con la noción de la inexistencia, en tales casos, de mera posibilidad de conflicto entre Derechos Fundamentales (pues solo son reconocidos constitucionalmente a las Personas Físicas -Humanas, por lo que no despliegan sus efectos sobre las Personas Jurídicas – “ficticias”), abordaremos algunas cuestiones derivadas, comenzando por el Juicio Ejecutivo.

2.- El Juicio Ejecutivo. LA FAMILIA EJECUTADA.

Se trata de una serie de procedimientos judiciales que constituyen la vía por la que las Corporaciones expropian a los individuos sus bienes, a la vez que vulneran sus Derechos Fundamentales, sin posibilidad alguna de defensa efectiva.

Este tipo de Procedimientos constituyen la mayor parte de la labor desarrollada en nuestros Juzgados y Tribunales, pese a lo cual en estos procesos, las Corporaciones están (NOTA – en agosto de 2009) exentas del pago de Tasas Judiciales. Es decir: Su estructura y funcionamiento lo pagamos todos.

Su tramitación procesal reviste un esquema común, que podemos ejemplificar como sigue: Un Banco acude al Juez con unos “papelitos”, le asegura que se trata de unos “papelitos” muy importantes, y solicita del Juez que arruine por completo la vida de una familia (incluso expulsándola violentamente de su hogar) si no paga la cantidad que el Banco escribió en esos “papelitos”. Y el Juez lo hace.

Advertimos ya que, el contenido de esos “papelitos” nunca podrá ser discutido por los ciudadanos en el seno del Juicio Ejecutivo (produciéndose ulteriores efectos dañinos, injustificables, tales como que se deban de pagar todos los intereses, cualquiera que hubiere sido el tiempo de vida del supuesto contrato, plasmado en dichos “Papelitos”; etc…).

Sin previo aviso, notificación o trámite alguno, de repente esa familia recibe la comunicación de que todos sus bienes han sido ya embargados. No que lo pueden llegar a ser. QUE YA ESTAN EMBARGADOS. El cabeza de familia, lógicamente, acude raudo al Juzgado a defenderse. Entonces le comunican ¡¡QUE NI SIQUIERA PUEDE RECURRIR LA DECISIÓN DE EMBARGO!!

Tiene, sin embargo, una posibilidad: Oponerse a la Ejecución. Para ello, necesita valerse de Abogado y Procurador. El plazo es solo de diez días, y ya comenzó a correr.

Como quiera que todos los bienes de la familia han sido embargados (y como tiene bienes -los embargados, de los que no puede disponer-, no tiene Derecho a Justicia Gratuita), la contratación de Abogado y Procurador no resulta sencilla: Ambos, usualmente, quieren cobrar. Y mucho.

Llegado a este punto, la familia haría bien en acudir a soluciones “extrajudiciales” (tales como pedir un buen dinero negro al ejecutante, recordándole que el embargo del piso solo incluye el hueco entre los pisos adyacentes, pero no las puertas, azulejos, sanitarios, cables, tuberías, …), en lugar de intentar obtener Justicia.

Y es que, en esta situación, no es posible -legalmente- defenderse. Solo perder y tener que pagar -además de a su Abogado y Procurador- a los del Ejecutante (a los que ya debía pagar su intervención anterior al trámite de Oposición – un pastón a cambio de unos minutos de rellenar un formulario y llevarlo al Juez).

Lo curioso es que el Artículo 24, 1º de nuestra Constitución establece el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva de los ciudadanos “SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDA PRODUCIRSE INDEFENSIÓN”.

Como sabemos, en este momento, la familia “Ejecutada”, ha visto embargados todos sus bienes sin que hubiera podido, en modo alguno, defenderse (de hecho, se enteró cuando ya se había trabado el embargo, que, no olvidemos, constituye una decisión judicial irrecurrible).

Si, en lugar de seguir el anterior consejo (que, por cierto, nunca suelen dar los Abogados), la Familia “Ejecutada” decide Oponerse a la Ejecución, tras proveer de fondos a su Procurador y pagar a su Abogado, su completa ruina es un hecho futuro y cierto, inevitable, salvo que pueda acreditar DOCUMENTALMENTE, bien que ya había pagado TODA LA DEUDA QUE SE LE RECLAMA (no la deuda, en su caso, real, sino la que se le reclame), bien que el Banco se la había perdonado, y otras dos o tres cosas igualmente extraordinarias, sino imposibles (artículo 557 – Ley de Enjuiciamiento Civil).

Ni siquiera puede defenderse alegando sobre el supuesto Contrato (que el Banco aportó en el momento inicial, junto al resto de Papelitos elaborados por el propio Banco) objeto de la Ejecución. Se produce lo que se ha llamado “abstracción de la causa de pedir”. Os explicaría lo que significa, si significara realmente algo.

TODA OTRA ALEGACIÓN DEFENSIVA LE ES IMPEDIDA por medio de la aplicación de una Ley clara, indiscutible y aberrantemente Inconstitucional (cuya Constitucionalidad, sorprendentemente, ha sido siempre declarada por todos y cada uno de los jueces y magistrados que hay y ha habido en este país – Es el Pensamiento único, al parecer, símbolo de la Independencia Judicial).

Entonces, la Familia, desesperada, trata por todos los medios de hablar con el Juez. Adelantamos que difícilmente lo conseguirán. Y si lo logran, el Juez les explicará que, aunque no han podido defenderse, no han estado en Indefensión.

Los razonamientos son de lo más pintoresco: Desde la afirmación del carácter COYUNTURAL (relativo) de los Derechos Fundamentales ¡¡¡¡???¿¿¿!!! – (véase Sentencia –Pleno- del Tribunal Constitucional nº 14/1992); hasta la más común de que es posible defenderse … EN OTRO JUICIO QUE NI SIQUIERA EXISTE (se llama Juicio Ordinario, y es carísimo, además de muy arriesgado – quiero decir que, si a la Familia Ejecutada, tras su Ejecución, le queda algún patrimonio -cosa ciertamente improbable, pues el valor de los bienes que le han robado se considera menor a la mitad de su valor de mercado-, es preferible que lo invierta en algún tipo de fondo estructurado garantizado de alta remuneración y máxima calificación, pues así, solo perderá ese patrimonio. De otro modo, tras el Juicio Declarativo, acabará debiendo todavía más al Banco).

Considero el primer punto como el ambiente, el caldo de cultivo, que propicia y alienta la comisión de terribles crímenes de Estado, como los referidos en el punto 2.

En fin, se trata de cuestiones jurídicas, que con algo de tiempo, intentaré organizar y expresar de manera más completa y amena. Faltan muchas cosas, y sobran algunas otras, pero espero que te hayas hecho una idea de hacia dónde apuntan.

Pero esta es la forma en que nos roban nuestros hogares y medios de vida. Es injusta e injustificable, y únicamente prevalece debido a la desconexión y el desamparo en que quienes lo han padecido han quedado (y quedarán por muy largo tiempo, si no definitivamente).

En cuanto a quienes no han pasado aún por ello, no corren tiempos favorables al valor, sino al mantenimiento de falsas esperanzas de inmunidad personal (a mi no me pasará ..).

Pero en todo caso, integra en su seno cuestiones de tan alta importancia para la vida y la dignidad humana, que intuyo, insisto, que a partir de estas cuestiones es posible agrupar una fracción importante de la ciudadanía.

En el mejor de los casos, podría impulsar (o contribuir a ello) una generalizada REBELIÓN FISCAL, verdadera Revolución Pacífica, que ha dado lugar, a lo largo de la historia, a periodos de abrupta transición, en que las sociedades humanas recuperan el valor, la solidaridad, la empatía y esplendor intelectual. Aunque también es cierto que suelen volver a desprenderse de tales virtudes de manera sorprendentemente veloz e ingenua.

Saludos afectuosos. P.D. Deposito las ideas en el Aire, … que es de dónde las he obtenido.

http://puntocritico.com/2017/04/20/ejecutados-en-indefension-parte-i-por-jesus-diaz-formoso/

EJECUTADOS EN INDEFENSIÓN (Parte II): STC Pleno, nº 14/1992, de 10 de febrero. Por Jesús Díaz Formoso – republicado

“José Luís de los Mozos y de los Mozos es un prestigioso Catedrático de Derecho Civil. Con Carlos de la Vega Benayes, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, eran los dos únicos civilistas del Tribunal Constitucional.

Ambos, destacadísimos especialistas en la materia, del máximo nivel, sostuvieron tesis contrapuestas; lo que DEMUESTRA QUE ES POSIBLE SOSTENER TÉCNICAMENTE UNA TESIS CONTRARIA A LA AFIRMADA POR EL PLENO DEL TC EN SU SENTENCIA 14/92; ello al margen de otras consideraciones, como las expuestas en este artículo, que resultan de superior entidad, pues surgen de la literalidad clara y terminante del texto constitucional (artículo 24, 1º)”.

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El más que probable futuro Presidente Macron representa y defiende un programa que intensifica todo eso que ha mostrado serias averías y disfunciones en los últimos treinta años a lo largo de los cuales se fraguó e incubó el malheur de Francia y desembocó en la crisis financiera global de 2008, desencadenante a su vez del grave proceso desintegrador que se vive en la Unión Europea desde entonces” – Rafael Poch – http://blogs.lavanguardia.com/paris-poch/2017/04/24/macron-la-enganosa-victoria-tranquiliza-76737/

No sólo en Francia hacía 30 años que se sabía que estallaría la “madre de todas las crisis” – el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007-, como señala Poch. En España también se sabía. Por ello, el descomunal expolio inmobiliario se preparó 15 años antes, en 1992, con la Sentencia del Tribunal Constitucional que ahora analizamos, que impidió a los Jueces otra interpretación del Derecho Fundamental del artículo 24, 1º de la Constitución.

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EJECUTADOS EN INDEFENSIÓN (Parte II): STC Pleno, nº 14/1992, de 10 de febrero.

La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 14/1992, de 10 de febrero (BOE núm. 54, de 03 de marzo de 1992), o cuando el Tribunal Constitucional (TC) declaró Inconstitucional la misma Constitución.

Ante la avalancha de Cuestiones de Inconstitucionalidad formuladas al Tribunal Constitucional por múltiples órganos Judiciales, sobre el mismo precepto (Artículo 1.435 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil; que regulaba las Ejecuciones Hipotecarias), el Pleno del TC dicta la primera Sentencia, la 14/1992, a la que se remitirán todas las posteriormente dictadas sobre esta misma materia; la INDEFENSIÓN que ocasiona a los Demandados en procesos de Ejecución Hipotecaria la regulación legal en la materia, en vulneración del artículo 24, 1º de la Constitución, conforme al cual

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Es de la mayor importancia el tenor literal de este Artículo, “sin que, EN NINGÚN CASO PUEDA PRODUCIRSE INDEFENSIÓN”. Como veremos, tras esta Sentencia del TC, el artículo 24, 1º de la Constitución pasa a decir “aunque, en ocasiones, puede producirse indefensión”. El Tribunal Constitucional viene así, de hecho, a declarar la Inconstitucionalidad de la misma Constitución; sin el menor pudor.

El precepto cuestionado en el proceso constitucional analizado, que se contiene en el art. 1.435, párrafo cuarto, primera frase, según la redacción introducida por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.), establecía: “Si en los contratos mercantiles otorgados por Entidades de crédito, ahorro y financiación, en escritura pública o en póliza intervenida de conformidad con lo dispuesto en el número 6 del art. 1.429 de esta Ley se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución será la especificada en certificación expedida por la Entidad acreedora, aquélla se tendrá por líquida siempre que conste en documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo y que el saldo coincida con el que aparece en la cuenta abierta al deudor“.

La indefensión es un concepto jurídico indeterminado (supuesto de hecho que la ley define de manera abstracta o genérica que solo puede ser concretado en los actos de aplicación), referido a aquella situación procesal en la que la parte se ve limitada o despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso. Las consecuencias de la indefensión pueden suponer la imposibilidad de hacer valer un derecho o la alteración injustificada de la igualdad de medios entre las partes, otorgando a una de ellas ventajas procesales arbitrarias.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define la indefensión como:

  1. f. Falta de defensa, situación de las personas o cosas que están indefensas.
  2. f. Der. Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial.

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Con el antecedente de la referida STC –Pleno-, nº 14/1992, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, va a mantener la situación de Indefensión de los Demandados en los procedimientos de Ejecución Hipotecaria.

Ley de Enjuiciamiento Civil:

(Texto actualmente en vigor redactado por Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social)

Artículo 695. Oposición a la ejecución.

1.En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá la oposición del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas:

1.ª Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago o de cancelación de la garantía.

2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la que consten los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el ejecutante. No será necesario acompañar libreta cuando el procedimiento se refiera al saldo resultante del cierre de cuentas corrientes u operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgados por entidades de crédito, ahorro o financiación en los que se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución será la especificada en certificación expedida por la entidad acreedora, pero el ejecutado deberá expresar con la debida precisión los puntos en que discrepe de la liquidación efectuada por la entidad.

3.ª En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad al gravamen que motive el procedimiento, lo que habrá de acreditarse mediante la correspondiente certificación registral.

4.ª El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.

2. Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario judicial suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecencia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecución, debiendo mediar quince días desde la citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo día.

3. El auto que estime la oposición basada en las causas 1.ª y 3.ª del apartado 1 de este artículo mandará sobreseer la ejecución; el que estime la oposición basada en la causa 2.ª fijará la cantidad por la que haya de seguirse la ejecución. De estimarse la causa 4.ª, se acordará el sobreseimiento de la ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En otro caso, se continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva.

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4.º anterior, podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.

Artículo 697. Suspensión de la ejecución por prejudicialidad penal

Fuera de los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, los procedimientos a que se refiere este capítulo sólo se suspenderán por prejudicialidad penal, cuando se, conforme a lo dispuesto en el artículo 569 de esta Ley, la existencia de causa criminal sobre cualquier hecho de apariencia delictiva que determine la falsedad del título, la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución.

Y ello, pese a la absoluta y reduplicada prohibición de la Indefensión (artículo 24, 1º Constitución: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”), enunciada como DERECHO FUNDAMENTAL DEL MÁXIMO NIVEL, GARANTIZADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, mediante el Recurso de Amparo (Artículo 53, 2º – Constitución), así como por el artículo 53, 1º, también de la Constitución (“Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del presente Título-el artículo 24 entre ellos- vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a”).

En efecto, el art 517 (Títulos ejecutivos), apartado 2, número 5º, de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), incurre en una evidente INCONSTITUCIONALIDAD (que se pretende salvar recurriendo a la citada Sentencia –Pleno- 14/1992 del Tribunal Constitucional- del Tribunal que ignora el texto constitucional – cuya literalidad enmienda vergonzosamente), dispone:

Las pólizas de contratos mercantiles firmadas por las partes y por corredor de comercio colegiado que las intervenga, con tal que se acompañe certificación en la que dicho corredor acredite la conformidad de la póliza con los asientos de su libro registro y la fecha de éstos”.

Entre estos títulos ejecutivos destacan los que ahora nos ocupan: LAS HIPOTECAS. Conforme al Artículo 557, 1º de la misma LEC, titulado “Oposición a la ejecución fundada en títulos no judiciales ni arbitrales” (entre ellos, las escrituras de Hipoteca):

Cuando se despache ejecución por los títulos previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así como por otros documentos con fuerza ejecutiva a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del artículo 517, EL EJECUTADO SÓLO PODRÁ OPONERSE A ELLA, en el tiempo y en la forma prevista en el artículo anterior, SI SE FUNDA EN ALGUNA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES:

1.ª Pago, que pueda acreditar documentalmente.

2.ª Compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva.

3.ª Pluspetición o exceso en la computación a metálico de las deudas en especie.

4.ª Prescripción y caducidad.

5.ª Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste documentalmente.

6.ª Transacción, siempre que conste en documento público.

7.ª Que el título contenga cláusulas abusivas”.

Es decir, LOS DEUDORES HIPOTECARIOS NO SE PUEDEN DEFENDER EN JUICIO MÁS QUE POR MEDIO DE ESTA SERIE DE ALEGACIONES, ABSOLUTAMENTE IRRELEVANTES PARA LA GENERALIDAD DE LOS CASOS –salvo la, 7ª, introducida tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera), de 14 de marzo de 2013; asunto C-415/11 – Aziz vs Reino de España-, que tenía por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, mediante auto de 19 de julio de 2011. La referida STJUE e 14 de marzo de 2013, declara:

1) La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.

2) El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que:

– el concepto de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las partes, para determinar si –y, en su caso, en qué medida– el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos llevar a cabo un examen de la situación jurídica en la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas;

– para determinar si se causa el desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual.

El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el anexo al que remite esa disposición sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas”.

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El Derecho es la realidad jurídica. Debería ser la Constitución su fuente primera; sin embargo, es evidente que el Derecho “real” que padecemos tiene como Fuente la Arbitrariedad de la autoridad, cuya única autoridad, paradójicamente, proviene de su Potestas (Poder de coacción y de la aparente licitud de cualquier violencia que pueda emplear contra “nosotros”, los que sufrimos para que “ellos” gobiernen repartiendo dolor y millones de euros según asignación de un infame algoritmo corrupto excluido de cualquier publicidad diferente de la propaganda más abyecta).

Así lo expuso la Ilustrísima Señora doña Mercedes Alaya, conforme hemos expuesto en un Post anterior (http://puntocritico.com/2017/01/25/cuando-la-ley-se-convierte-en-delito-la-impunidad-de-los-intocables-y-las-estrategias-de-acceso-al-poder-politico/ ); esto es, la actividad legislativa Parlamentaria como medio para cometer Delitos de Corrupción:

“Desde 1889, el primer apartado del primer artículo de nuestro Código Civil, ha venido estableciendo, como punto de partida de cualquier análisis jurídico, que “Las fuentes del Ordenamiento Jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho”. Hasta ahora.

Y decimos “hasta ahora” porque, el día 28 de junio de 2013, ha sido dictada una resolución judicial que, en lugar de considerar a la Ley como fuente del Derecho, la conceptúa como acto presuntamente delictivo (Auto de 28 de junio de 2013, del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, Diligencias Previas nº 174/2011 – caso “ERE’s”).

La Ley, expresión de la voluntad popular, adoptada en el Parlamento por lospresuntos representantes de los ciudadanos, se encuentra bajo sospecha. Y no podría ser de otra forma, pues sospechosos son sus autores, vulgares “chorizos” travestidos de legisladores.

Manifiesta -con total corrección, así como con una singular dosis de valor- (Los imputados podrán encarcelar jueces con un impreso del estanco) la Ilustrísima Sra Magistrada-Juez, Doña Mercedes Alaya Rodríguez, en la meritada resolución de 28 de junio, fundamentándose en un “Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas”, que “es claro que la utilización vía modificación presupuestaria o a través de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, de las transferencias de financiación para el pago de tales ayudas sociolaborales, habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención. Al hilo de lo anterior, se considera por esta instructora que ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas”.

Es decir, para la Ilustrísima Sra Dª Mercedes Alaya, mientras sería el Gobierno -en este caso- del partido Socialista, quien ejecutaría los actos delictivos, sería el Parlamento -andaluz, en este caso-, quien habría dictado las leyes que posibilitarán tal comportamiento delictivo, previamente decidido, por tanto, desde instancias políticas.

Manifestaciones que la Audiencia Provincial sevillana, con motivo del Recurso de Apelación formulado en dichos autos ¡¡por el Ministerio Fiscal!! (VER La Fiscalía Anticorrupción gana el Premio Nacional de Guiñol), al que se adhirió la ¡¡Acusación Particular de la Junta de Andalucía!! (cómo pueden los imputados convertirse en acusadores de si mismos es cuestión que desborda el objeto del presente artículo), viene a aceptar en lo sustancial lo que, en sus propias palabras (Auto de la Sección Séptima, nº 77172013, de 25 de octubre de 2013), vendría a ser una “confabulación o maquinación colectiva, que alcanzaría, incluso, a la tramitación de las leyes de presupuestos en sede parlamentaria“, si bien establece la necesidad de una más contundente motivación (razonamiento), al señalar que “la ideación del sistema, incluida la reforma legal, para dar cobertura a un (plan de) desvío continuado de fondos, pareciendo convertir en delictivas, incluso, “las referidas modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la Comunidad Autónoma donde se mantendría durante muchos años la transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L…..El auto está basado en una construcción sugerente, que no explícita, de la ilicitud penal de la actuación no solo del gobierno autonómico sino, al parecer, también del propio parlamento andaluz, lo que refuerza -insistimos- las exigencias de una máxima precisión en la descripción de los supuestos hechos punibles, y, dada la excepcionalidad del caso, una -mínima siquiera- exposición, como en otros autos similares ha hecho, de los indicios derivados de lo instruido que, en su caso, la llevarían a colegir que el sistema legal fue ideado ex profeso para delinquir y/o mantener una actividad delictiva por la apelante -Junta de Andalucía-, entre otros”.

Nos encontramos, por tanto, ante la Resolución más importante de todos los tiempos: a partir de ella se puede sostener que desde las instancias políticas de los partidos mayoritarios se decide, desarrolla y ejecuta todo acto de corrupción política.

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Sí que resulta interesante saber cómo se formó el Pleno del Tribunal Constitucional que “alumbró” la STC 14/92 y las sucesivas sobre el mismo tema, desestimando multitud de Cuestiones de Inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de Primera Instancia y Audiencias Provinciales, dando por buenas las “Ejecuciones en Indefensión”.

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MARZO 1992

Tercera renovación del Tribunal Constitucional 1989

Presidente:

Francisco Tomás y Valiente

Nació en Valencia en 1932 casado y con cuatro hijos.

Licenciado por la Universidad de Valencia en 1955

En 1964 oposita para Catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de La Laguna en Tenerife y posteriormente se traslada, el mismo año a la Universidad de Salamanca.

En 1972 pasa a ser miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho indiano.

En 1980 se incorpora a la Universidad Autónoma de Madrid.

En 1985 es nombrado académico de la Real Academia de Historia

Elegido en 1980 Magistrado del Tribunal Constitucional por las Cortes Generales a propuesta del PSOE puesto que renueva en 1983.

El 3 de marzo de 1986 fue elegido presidente del Tribunal Constitucional y en 1989 fue renovado en dicho puesto. Cesó en 1992 como presidente del Tribunal Constitucional y retornó a la universidad madrileña como Catedrático de Historia del Derecho.

En 1991 fue elegido miembro de la Comisión de Arbitraje Internacional para la Conferencia de Paz de Yugoslavia hasta 1995, cuando fue nombrado miembro permanente del Consejo de Estado. Ese mismo año sería nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca.

Terminado su mandato, en 1992 regresa a la Universidad madrileña como Catedrático de Historia del Derecho.

Asesinado el 14 de febrero de 1996 por Jon Bienzobas Arretxe alias Karaka, miembro de ETA

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Vicepresidente:

Francisco Rubio Llorente

Nacido en Berlanga provincia de Badajoz el 25 de febrero de 1930. Casado y con tres hijos.

Estudió derecho en Sevilla y Madrid (1948-1953). En 1964 obtiene el título de Doctor con Premio Extraordinario.

Tiene los diplomas del Instituto de Estudios Políticos de Madrid, del Instituto de Sociología y Psicología Social de la Universidad de Colonia y el del Tercer Ciclo del Instituto de Estudios Políticos de París y el Doctorado por la Sorbona en 1958

En 1956 ingresó, mediante oposición, en el Cuerpo Técnico de la Administración Civil (hoy Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, con destino en el Ministerio de Educación y Ciencia y en 1968 en el de Letrado de las Cortes. Además dirigió el Centro de Estudios Constitucionales.

Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (1959-1967) y en las Facultades de Ciencias Políticas y de Derecho en la Universidad Complutense, de la que fue catedrático hasta su jubilación.

Entre 1994 y 2004 fue Director del Departamento de Estudios Europeos en el Instituto Universitario Ortega y Gasset (Madrid). Fue profesor invitado en las Universidades de Aix en Provence y Pau (Francia), Siena (Italia) y Friburgo (Suiza) y ha dictado cursos en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y en la Universidad de Harvard. Fue miembro del Consejo Científico del Annuaire International de Justice Constitutionnelle y entre 1986 y 1995, del Instituto EUROREGIONS, de la Universidad de Friburgo (Suiza). Fue miembro de la Academia Europea Cambridge, 1986) y miembro correspondiente de la Academia Argentina de Derecho Constitucional.

Desde septiembre de 1977 hasta abril de 1979 fue Secretario General del Congreso de los Diputados y en esa calidad asesor de la Ponencia que redactó el anteproyecto de Constitución. Entre abril de 1979 y febrero de 1980 fue director del Centro de Estudios Constitucionales y participó en la elaboración de las primeras leyes dictadas en desarrollo de la Constitución. Entre febrero de 1980 y abril de 1989 , a propuesta del Congreso de los Diputados, fue Magistrado del Tribunal Constitucional cuya Vicepresidencia ostentó desde esta última fecha hasta junio de 1992. De mayo de 2004 hasta abril de 2012 fue presidente del Consejo de Estado.

Muere en Madrid el 23 de enero de 2016.

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Magistrados:

Fernando García-Mon y González Regueral

Nacido en Gijón, Asturias, el 13 de noviembre de 1920

Designado por el Senado, en 1980 y a propuesta conjunta del PSOE y de UCD, vocal del Consejo General del Poder Judicial

Magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Senado entre 1986 y 1998.

Ocupó la presidencia interina del Tribunal Constitucional, como magistrado más antiguo, entre el 8 y el 14 de julio de 1992, en sustitución de Tomás y Valiente, hasta la designación para el puesto de Miguel Rodríguez Piñeiro.

Falleció en Madrid el 2 de enero de 2011

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Carlos de la Vega Benayas

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense

Doctor en Derecho por la misma universidad

Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del CGPJ (15 votos) desde febrero de 1986 hasta abril de 1995.

Desde 1969 formó parte del sector integrado en “Justicia Democrática”, que propugnaba una sociedad y un Estado Democrático y de Derecho con un Poder Judicial Independiente

Falleció el 15 de noviembre de 1997

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Eugenio Díaz Eimil

Nacido en Villalba, Lugo en 1924 consejero de Estado y magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional

Elegido Miembro del Tribunal Constitucional por el pleno del CGPJ (14 votos)

Experto en Derecho contencioso-administrativo. Magistrado desde 1960, ocupó diversos puestos en las audiencias territoriales de Las Palmas, La Coruña, Granada y Madrid y en la Audiencia Nacional y fue magistrado de la Sala Cuarta, de lo contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo y Presidente del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia.

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Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer

Nacido en Sevilla en febrero de 1935. Estudió en los Maristas y cursó Derecho en la Universidad Hispalense donde se licenció y doctoró en ambos casos con Premio Extraordinario.

Amplió sus estudios en las Universidades de Heidelberg, Kiel, Múnich y Roma. Obtuvo en 1961 la Cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad de Murcia. En 1962 pasa a desempeñar dicha cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, donde prosiguió su labor docente e investigadora. En 1995 obtuvo la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares, de la que se jubiló en el año 2005.

Maestro de la Escuela Andaluza de Derecho del Trabajo.

Secretario de la Facultad de Derecho de Universidad de Sevilla y Decano de dicha Facultad, Vice-Decano de la de Ciencias Económicas y Empresariales y Director del Colegio Universitario de la Rábida que dio origen a la Universidad de Huelva. Durante varios años fue Profesor Visitante de la Universidad de Roma, habiendo dictado clases magistrales en muchas otras de varios países.

Presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y, así mismo, primer Presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Posteriormente, en febrero de 1986, fue designado Magistrado del Tribunal Constitucional de España a propuesta del Gobierno.

Desde 1992 hasta 1995 desempeñó el cargo de Presidente del Tribunal Constitucional.

Tras su salida del Alto Tribunal, pasó a formar parte del Consejo de Estado como Consejero Electivo, para posteriormente ser designado Consejero Permanente de Estado y Presidente de su Sección Segunda (Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales), puesto que compagina con el de miembro de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), siendo el primer Jurista español en desempeñar dicha función.

Directivo y Presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social durante un largo período, ha ocupado la Presidencia del Club Siglo XXI (Madrid) y es Patrono de la Fundación Adecco para la Integración Laboral.

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Jesús Leguina Villa

Nacido en Bilbao en 1942

Magistrado del Tribunal Constitucional de 1986 a 1992 a propuesta del Congreso

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura al poseer el mejor expediente académico de su promoción, distinción que también obtuvo al doctorarse en Derecho por la Universidad de Bolonia.

Fue decano de la Facultad de Derecho de San Sebastián y vicerrector de la Universidad del País Vasco

Fue elegido magistrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el Congreso de los Diputados dentro del cupo que les correspondía y tras esto, magistrado del Tribunal Constitucional el 13 de febrero de 1986, cargo que desempeñó hasta el 8 de julio de 1992. Retomó la actividad docente en la Universidad de Alcalá de Henares, ocupando la cátedra de Derecho Administrativo

Falleció en Madrid el 14 de mayo de 2016

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Luis María López Guerra

Nacido en León en noviembre de 1947

Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Derecho por la misma Universidad. Es catedrático de derecho constitucional en la Universidad Carlos III y magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Ha sido vocal de la Junta Electoral Central, magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre 1996 y 2001. En las elecciones autonómicas de 2003 fue elegido diputado en las listas, como número tres de ésta, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para la Asamblea de Madrid.

Intervino en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que concedió una indemnización a Arnaldo Otegi por los «daños morales» que habría sufrido el proetarra tras haber sido condenado a un año de cárcel por injurias al Rey.

Después de las elecciones generales de 2004 fue nombrado Secretario de Estado de Justicia, siendo el número dos del Ministro Juan Fernando López Aguilar.

En 2007 fue elegido, a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Como miembro de éste fue uno de los 17 magistrados que participó en la sentencia que determinó que la denominada doctrina Parot del Tribunal Supremo de España, violaba la Convención de Derechos Humanos y la propia Constitución española en la aplicación de las condenas a presos, lo que llevó a la puesta en libertad de la miembro de la banda de terrorista ETA, Inés del Río, autora de 24 asesinados, así como de otros presos.

Fue nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional en febrero de 1986 a propuesta del Gobierno. En 1992 fue nombrado Vicepresidente del TC Cargo en el que permaneció hasta abril de 1995.

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José Luis de los Mozos y de los Mozos

Nacido en Valladolid en septiembre de 1924

Estudió en el Colegio de San José, de la Compañía de Jesús, a la que permaneció vinculado toda su vida.

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Una vez licenciado en Derecho, preparó su Tesis Doctoral en París, Roma y Hamburgo y en 1956 defendió la tesis sobre La conversión del Negocio Jurídico, obteniendo la máxima calificación.

Posteriormente, compatibilizó el ejercicio de la abogacía con su puesto de funcionario del Estado en el Instituto Nacional de la Vivienda.

En 1963, obtuvo la plaza de Profesor Adjunto de Derecho Civil. Años más tarde, en 1967 fue nombrado Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo, donde enseñó hasta 1970, año en que paso a ejercer su Cátedra en la Universidad de Salamanca hasta 1978, pasando después a la Universidad de Valladolid, donde permaneció enseñando hasta su jubilación en el año 1994. Durante su dilatada carrera docente ocupó importantes cargos académicos: Director de Departamento y de Escuela de Práctica Jurídica, director de Departamento de Derecho Civil; secretario General de la Universidad de Valladolid; vicerrector de Investigación de la Universidad de Salamanca y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. También fue profesor de Filosofía del Derecho y de Derecho Romano

Senador por Alianza Popular el 15 de julio de 1986 y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado.

En 1989 es nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Senado, cargo que ocupó hasta 1992.

Falleció el 30 de mayo de 2008.

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Álvaro Rodríguez Bereijo

Natural de Cedeira, A Coruña, donde nació en febrero de 1938

Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura al poseer el mejor expediente académico de su promoción. En 1966 se doctoró en la Universidad de Bolonia, obteniendo una beca del Real Colegio de España y la calificación de “Cum Laude”. Ocupó la cátedra de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid y fue nombrado catedrático emérito al abandonarla.

Miembro del Tribunal de Cuentas entre los años 1986 y 1989, y magistrado del Tribunal Constitucional (1989-1998) a propuesta del Senado, ostentando la presidencia de este órgano desde 1995. Entre 1999 y 2000 participó en la convención que elaboró la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por designación del Gobierno Español. También ha sido consejero de Estado (2000-2004).

Desde el año 2003 forma parte del Consejo Científico del Real Instituto Elcano.

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José Vicente Gimeno Sendra

El 15 de julio de 1977 recibió el premio extraordinario de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.

1979-1988 Ejerció como abogado de los Colegios de Valencia, Alicante y Madrid.

1982-1988 Asesor del Ministerio de Justicia.

1983-1988 Representante del Ministerio español de Justicia en diversos comités de expertos del Consejo de Europa.

1988-1998 Magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Senado.

2001 – Asesor del Ministerio de Justicia.

2001 Miembro de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación para la elaboración de un Anteproyecto de LECRIM (O.M. de 15 de octubre).

Presidente del Instituto Europeo de Ciencias Jurídicas Carlos V. En la actualidad es Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional

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José Gabaldón López

Nación el 23 en marzo de 1922 en El Ballestero (Albacete)

Juez desde 1946 fue posteriormente magistrado de lo contencioso.

Nombrado Magistrado del Tribunal Constitucional en julio de 1992 a propuesta del Senado

Nombrado Vicepresidente del TC en abril de 1995

Formó parte del TC hasta 1998

Perteneció y presidió la Asociación Profesional de la Magistratura.

Presidente del Foro de la Familia entre 1999 y 2007

Falleció el 30 de abril de 2016

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José Luís de los Mozos y de los Mozos es un prestigioso Catedrático de Derecho Civil. Con Carlos de la Vega Benayes, Magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, eran los dos únicos civilistas del Tribunal Constitucional.

Ambos, destacadísimos especialistas en la materia, del máximo nivel, sostuvieron tesis contrapuestas; lo que DEMUESTRA QUE ES POSIBLE SOSTENER TÉCNICAMENTE UNA TESIS CONTRARIA A LA AFIRMADA POR EL PLENO DEL TC EN SU SENTENCIA 14/92; ello al margen de otras consideraciones, como las expuestas en este artículo, que resultan de superior entidad, pues surgen de la literalidad clara y terminante del texto constitucional (artículo 24, 1º).

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http://puntocritico.com/2017/04/20/ejecutados-en-indefension-parte-i-por-jesus-diaz-formoso/

 

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